Crisis climática
Una hoja de ruta verde y justa para salir de la crisis

Con todas las miradas puestas en la salida de la crisis provocada por el covid-19 y una economía en recesión cuyas consecuencias sociales están siendo temporal y relativamente mitigadas por una inversión estatal sin precedentes en forma de ERTE y ayudas, la gran pregunta es cómo se reactivará la economía: si volviendo a las andadas o con una transformación en clave social y medioambiental con la sombra de la emergencia climática de fondo.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, decenas de organizaciones sociales y ecologistas —integradas en las plataformas 2020 Rebelión por el Clima y Alianza por el Clima— han convocado para este viernes 5 de junio una jornada de protestas a nivel estatal con el fin de reivindicar una salida de la situación actual con medidas de transformación en materia de justicia climática, social y feminista que tengan en cuenta todas esas esferas sociales, medioambientales y de desigualdad para que esta transformación sea realmente justa”, apunta Cristina Saavedra, responsable de Justicia Climática de Amigos de la Tierra, una de las organizaciones integradas en las plataformas convocantes.

“Como organizaciones ecologistas y ambientalistas queremos lanzar una mirada clara hacia las circunstancias sociales que envuelven toda la emergencia climática y social en la que vivimos”, indica por su parte Javier Andaluz, responsable de Energía y Clima de Ecologistas en Acción, quien destaca las amenazas a las que se enfrenta la sociedad con la conjunción de las emergencias sanitaria y climática. En concreto, la privatización de la sanidad pública, el incremento de ERTE, la exclusión social o las brechas digitales, económicas y sociales, entre otras.

Presión y lobbies

A pesar de los mensajes en clave medioambiental que ha lanzado la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, el miedo de los agentes sociales es repetir el modelo anterior a la pandemia sin tener en cuenta sus costes medioambientales. “Hay lobbies muy fuertes presionando para que las políticas no sean como nosotras estamos exigiendo. Esa es, de hecho, la principal razón por las que salimos a las calles”, destaca Saavedra.

Medidas como la vuelta del turismo extranjero en julio anunciado por Ribera, la exención de controles medioambientales al sector de la construcción y de las infraestructuras, las ayudas al sector del automóvil o el probable rescate a Iberia sin contrapartidas medioambientales preocupan a los ecologistas. “El Gobierno debe ser valiente y no ceder a las presiones de estos lobbies y esta industria. Reclamamos una transformación de esa normalidad previa en la que ya había una crisis sistémica existente que ahora se ha incrementado con la crisis sanitaria”, apunta la responsable de Amigos de la Tierra.

Greenpeace ha presentado el informe Darle la vuelta al sistema, un documento que reúne un centenar de propuesta para propiciar “la transformación del actual sistema fallido bajo los parámetros de respeto al medio ambiente y a las personas”

“El sector del automóvil está pidiendo planes de renovación y financiación de vehículos y rescates directos, y las aerolíneas también piden rescates. Pero no son solo las empresas, también las comunidades autónomas: Madrid, Andalucía o Murcia están apostando por la desregulación de muchísimas cuestiones de carácter ambiental y siguen insistiendo en un lenguaje de volver a una normalidad anterior que sabemos que es profundamente errónea en lo económico, en lo social y en lo climático”, denuncia Andaluz.

Actuaciones previstas como la ampliación del aeropuerto de Palma son especialmente lesivas para los convocantes de la protestas. “Las medidas no pueden ser las mismas ni el turismo puede ser gestionado de la misma forma, con la vuelta a ese turismo tan depredador”, expone por su parte Saavedra. “Medidas concretas con respecto al transporte aéreo —responsable de entre el 5 y el 8% de las emisiones— no se están llevando a cabo, ni en relación a los combustibles —el impuesto al queroseno o al uso de la aviación no acaban de llegar— ni en relación a limitar extensiones de aeropuertos”.

Plan disperso y falta de ambición

Dos de las iniciativas estrella que el Gobierno está tramitando estos días no convencen a los ecologistas. El borrador de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, presentado en mayo por el Gobierno, está, para estos grupos, por debajo de la ambición climática que debería tener España para poder cumplir con sus compromisos internacionales el Acuerdo de París, con una reducción de emisiones en torno al 20% respecto a 1990.

“Están haciendo lo que deben de hacer en el sentido en que están sacando leyes climáticas”, señala Saavedra. “Llevábamos mucho tiempo esperando la Ley de Cambio Climático y agradecemos que sea precisamente en este momento porque puede blindar ciertos sectores de cara a las medidas que se vayan a tomar para la recuperación económica, pero no es lo suficientemente ambiciosa no ya para lo que decimos las organizaciones ecologistas, sino para lo que dice la ciencia”, continúa

La reducción del 23% de emisiones para 2030 en relación a 1990, recogida en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima —recientemente enviado a la Comisión Europea— tampoco es suficiente para las organizaciones ecologistas. “Nosotros reclamamos un 55% para llegar a lo que exige la ciencia y evitar ese aumento de la temperatura en 1,5ºC”, concreta la experta de Amigos de la Tierra.

“El Gobierno debe ser valiente y no ceder a las presiones de estos lobbies y esta industria”, expone Cristina Saavedra

“El Gobierno está haciendo declaraciones en las que señalan que necesitamos también una transición justa en lo ambiental y lo social, como ha dicho Teresa Ribera, pero la realidad es que las medidas no son suficientes y seguimos viendo que, en lo que vienen siendo los paquetes de inversiones del Estado, las medidas fiscales y otra serie de medidas muy importantes en la lucha climática siguen sin realizarse”, denuncia Andaluz. 

Para el responsable de Ecologistas en Acción se está hablando de paquetes de recuperación donde la transición ecológica no está en el centro y se está premiando a las grandes empresas que concentran el capital y no a las que plantean  alternativas, como por ejemplo las cooperativas energéticas. Además, denuncia que no existe un plan claro de cómo transformar la sociedad: “La actuación está siendo bastante dispersa, donde se responde ad hoc a problemas ad hoc sin una visión general y sin excluir de la financiación a las compañías que tienen una gran huella de carbono”.

Green new deal ampliado

Por su parte, Greenpeace ha presentado el informe Darle la vuelta al sistema, un documento que reúne un centenar de propuestas, dirigidas a todos los partidos políticos, para propiciar “la transformación del actual sistema fallido bajo los parámetros de respeto al medioambiente y a las personas”. La propuesta consiste en lo que la ONG ambientalista califica como “una variante del Green New Deal mucho más dinámica y transformadora”, una hoja de ruta que permitiría “cambios estructurales de calado que saquen al país más fortalecido y, sobre todo, más resiliente de cara a futuras crisis como la climática”.

El modelo que propone Greenpeace prevé un período de transición a corto y medio plazo para conseguir una sociedad centrada en la racionalidad ecológica, la igualdad social y el control democrático. 

La convocatoria programada para este viernes tendrá eco al menos en una quincena de localidades

Las medidas relativas al sector energético y del transporte y la movilidad estarían en el centro de la hoja de ruta, con iniciativas como dar incentivos para el empleo y la industria en el sector de las renovables; la mejora de la seguridad de los proyectos de inversión de energía limpia e incentivos para pymes, municipios o cooperativas; la creación de un programa nacional “Reparo primero” para priorizar la reparación y el mantenimiento de las infraestructuras viales; la completa electrificación del ferrocarril; o el aumento de puntos de recarga de vehículos eléctricos.

En materia de vivienda, proponen  la ampliación del Plan estatal de vivienda 2018-2021 con ayudas para la rehabilitación energética de los edificios; así como el establecimiento de un Fondo estatal de vivienda ecológica y equitativa o la creación de un Fondo de Resiliencia para la Justicia Climática para afrontar mejor los impactos del cambio climático.

Tener una agricultura 100% ecológica para el año 2050 o incentivar el empleo en el entorno rural ligado al mantenimiento de los servicios ambientales, así como “una profunda reforma fiscal en que redistribuya la riqueza y sea progresiva y el desarrollo de una fiscalidad verde que aplique el principio de ‘quien contamina paga’ e incentive los comportamientos más sostenibles”, son otras de las medidas contempladas en el plan presentado por Greenpeace.