Crisis climática
Ciudades acaloradas

Las olas de calor históricas se han convertido en la nueva normalidad de Europa. Si bien el calor, tal y como ocurre con las enfermedades y las catástrofes naturales, nos afecta a toda la población, el peso de sus consecuencias no se reparte equitativamente. Si nos fijamos en la situación a pie de calle, veremos que el gremio que más suda la gota gorda es el de los repartidores en bici. Salario insuficiente para su jornada, horas bajo un sol abrasador sin la protección apropiada y después regresan a sus casas, habitualmente pisos minúsculos en barrios de cemento desarbolados. No tienen aire acondicionado ni un jardín a la sombra donde poder refrescarse.

A medida que el continente va calentándose, las crecientes urbes europeas y su población envejecida se vuelven más vulnerables a los fenómenos meteorológicos extremos. Las temperaturas están aumentando en la región mediterránea mucho más deprisa que la media mundial. Según un estudio codirigido por el Instituto de Protección e Investigación Medioambiental (ISPRA), Madrid, Roma y Atenas son algunas de las ciudades más expuestas a las olas de calor. Sin embargo, aunque las olas de calor golpearán con más fuerza al sur, la vulnerabilidad ante la exposición al calor asociada al envejecimiento, las enfermedades y la urbanización es mayor en el norte de Europa, tal y como señala la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

la periodista Gaia Vince sostiene que en este siglo la demanda de sistemas de refrigeración se disparará y que el acceso a temperaturas moderadas se convertirá en un asunto clave de justicia social

A pesar de ello, la UE y sus Estados miembros han ignorado durante mucho tiempo la necesidad acuciante de adaptarse al cambio climático. Pero esta situación está cambiando poco a poco. Los Estados miembros de la UE han empezado a desarrollar estrategias de adaptación al clima a raíz de la aprobación de la Ley Europea del Clima en 2021. En este contexto, el año 2023 será decisivo, ya que está previsto que la Comisión Europea publique un informe de situación sobre las medidas de adaptación que se han adoptado. Sin embargo, el panorama dista mucho de ser el ideal. Por norma general, las políticas de adaptación que se aplican no contemplan un enfoque multinivel e intersectorial, algo que debería ser un requisito innegociable. La mayoría de los países siguen apostando por políticas blandas y los aspectos relacionados con la justicia social suelen pasarse por alto.

Hay determinados grupos de personas que son más vulnerables a las altas temperaturas que otros: infancia, mujeres embarazadas, personas mayores, con enfermedades previas, o en situación de aislamiento social. Las personas con bajos ingresos son especialmente vulnerables. Un estudio de la Escuela Nacional de Sanidad de España (ENS) sobre el impacto de las olas de calor en la mortalidad en Madrid reveló que en los barrios con rentas más bajas mueren más personas por causas relacionadas con el calor que en los barrios más ricos. El estudio muestra que el nivel de renta es una variable más determinante que la edad de la población. Cristina Linares codirigió la investigación y explicó al Green European Journal que “las personas con menos ingresos suelen vivir en el centro de las ciudades, con unas condiciones de vivienda inapropiadas, una exposición mayor a los agentes contaminantes atmosféricos y un acceso menor al aire acondicionado. Además, la proporción de estas personas que viven solas es mayor”.

En el libro Nomad Century, la periodista Gaia Vince sostiene que en este siglo la demanda de sistemas de refrigeración se disparará y que el acceso a temperaturas moderadas se convertirá en un asunto clave de justicia social. En medio de una ola de calor, esto puede convertirse en una cuestión de vida o muerte. Cada vez son más las ciudades que se suben al tren de la adaptación, pero el acceso a la refrigeración no suele distribuirse de forma equitativa. Es más, cuando las herramientas de adaptación no se aplican adecuadamente pueden incluso llegar a perjudicar aún más a los colectivos vulnerables.

Cómo huir del calor en casa

Cuando hablamos de refrigeración, el aire acondicionado es el gran melón que nadie parece querer abrir. En las ciudades del sur de Europa, durante los meses de verano la sociedad parece dividirse entre quienes tienen sistemas de aire acondicionado y quienes carecen de ellos. “Tus amigos viendo que instalaste un aire acondicionado”, reza un meme en el que aparece un hombre mirando, expectante, desde detrás de un árbol. En el verano de 2019, las ventas de equipos de aire acondicionado y ventiladores en Francia crecieron hasta un 300% en comparación con el año anterior a medida que los hogares franceses buscaban un refugio contra el calor.

Las ventas de aparatos de aire acondicionado están a punto de aumentar de forma espectacular a nivel mundial, pero los hogares con ingresos altos son los que lo tendrán más fácil para comprar e instalar los equipos. Los investigadores de la Universidad de California han descubierto que esta disparidad en el acceso agravará las desigualdades existentes en materia de salud, productividad y resultados de aprendizaje en el ámbito educativo.

Si bien estamos acostumbrados a entender las crisis energéticas como un problema propio del invierno, la demanda de refrigeración en verano aumentará (especialmente en Francia, Italia y España), dando lugar a unos picos de consumo que harán que los sistemas eléctricos sean vulnerables y empujara a los hogares con menos ingresos a la pobreza energética. Por consiguiente, la adaptación climática del sector energético también implica garantizar la estabilidad de las redes eléctricas durante las olas de calor.

Daniel Aldana aboga por un nuevo pacto verde para la vivienda que cuente con políticas igualitarias de inversión verde para hacer frente a las crisis climática y del coste de la vida simultáneamente

El aire acondicionado será una opción cada vez más habitual. Sin embargo, la AEMA advierte que la dependencia social e individual del aire acondicionado puede provocar un uso excesivo. Este podría impedir que las personas se adapten de forma natural al calor y que olviden prácticas tradicionales de ahorro energético, tales como recurrir a la ventilación natural por la noche y al uso de persianas durante las horas más calurosas.

La ventilación natural suele recibir elogios como alternativa: es eficaz, barata y respetuosa con el medio ambiente. Pero en algunos barrios la cosa no es tan sencilla. Mantener las ventanas abiertas puede resultar difícil debido a la contaminación, el ruido o incluso debido a cuestiones de seguridad durante la noche, factores que suelen ser más corrientes en los barrios con rentas bajas. La AEMA destaca que esto se podría contrarrestar con una planificación urbana integrada encaminada a disminuir la contaminación acústica mediante la reducción del número de coches y la adaptación de los edificios al ruido y al calor utilizando, por ejemplo, rejillas de ventilación con dispositivos de insonorización.

El hecho de que los barrios con ingresos más bajos sufran en mayor medida durante las olas de calor también es una cuestión de calidad de la vivienda. Daniel Aldana, director de Socio-Spatial Climate Collaborative de la Universidad de California, aboga por un nuevo pacto verde para la vivienda que cuente con políticas igualitarias de inversión verde para hacer frente a las crisis climática y del coste de la vida simultáneamente. Para ello habría que realizar “inversiones específicas en comunidades racializadas y obreras con el fin de descarbonizar y aumentar la resiliencia”, contribuyendo así a “mejorar el diseño de los edificios, aumentar la vegetación y reducir aún más la demanda de energía”.

La OMS introdujo la regla 3-30-300: todo el mundo debería poder ver al menos tres árboles desde su casa, todos los barrios deberían tener una superficie arbolada no inferior al 30% de su extensión y toda persona debería disponer de una zona verde a menos de 300 metros

Hasta hace bien poco, la lucha contra el cambio climático en la UE (incluso en el ámbito de la vivienda y la energía) se centraba casi exclusivamente en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, más que en ayudar a las ciudades a prepararse para los fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes e intensos. Las iniciativas en favor de la eficiencia energética suelen orientarse más a la gestión de la temporada invernal que a la estival. El apartado de los ‘edificios verdes’ del Pacto Europeo por el Clima de la Comisión Europea pretende duplicar los índices de rehabilitación de edificios de aquí al año 2030 y garantizar que esto se traduzca en una mayor eficiencia energética y de gestión de los recursos. Sin embargo, el artículo de la Comisión sobre la iniciativa se centra en reducir las emisiones y evitar que se pierda el calor, mencionando la refrigeración solo por encima.

Un nuevo pacto verde para la vivienda contemplaría la planificación de los edificios, incluyendo otras medidas como pintar los tejados y otras superficies con pintura blanca, tal y como se hace en Grecia por tradición, o con un revestimiento reflectante especial que actúe según el mismo principio.

El diseño urbano en clave social

Si nos alejamos de los edificios para echar un vistazo al entorno urbano en general, encontramos un claro consenso en que las soluciones basadas en la naturaleza (como los árboles y lagos artificiales, por ejemplo) son la fórmula perfecta para reducir el efecto isla de calor urbano, es decir, las temperaturas más elevadas de las zonas urbanas en comparación con sus inmediaciones. La vegetación también mejora el aire que respiramos y ofrece otros beneficios, tanto físicos como psicológicos. La OMS introdujo recientemente la regla 3-30-300, según la cual todo el mundo debería poder ver al menos tres árboles desde su casa, todos los barrios deberían tener una superficie arbolada no inferior al 30% de su extensión y toda persona debería disponer de una zona verde a menos de 300 metros de su domicilio.

Lograr este objetivo sigue siendo una meta lejana en la mayoría de las ciudades. Un informe de 2022 de la AEMA sobre el acceso a los espacios verdes y azules revela la existencia de una situación muy dispar en toda Europa. En general, las ciudades del norte y oeste tienen más espacios verdes que las del sur y el este. Dentro de las ciudades, el porcentaje de zonas verdes varía de un barrio a otro, encontrándose menos espacios y de menor calidad en las comunidades más pobres. Los parques urbanos de los barrios socioeconómicamente desfavorecidos de Helsinki, Berlín o Lisboa tienen menos vegetación y menos instalaciones que los de las zonas más ricas de dichas ciudades, lo que hace que resulten menos atractivos para sus habitantes.

Las políticas de adaptación al clima siempre han estado en segundo plano respecto a las políticas de mitigación

A pesar de que la transformación de las ciudades en zonas verdes y azules parezca una cuestión de sentido común, estas medidas puedan desencadenar una “gentrificación climática” en el marco de un mercado inmobiliario desequilibrado. El Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Autónoma de Barcelona publicó en el año 2022 un estudio que analizaba 28 ciudades europeas y norteamericanas a lo largo de seis años. En él se constató que las ciudades verdes corren el riesgo de acentuar la desigualdad y la injusticia: “[Aunque] la creación de espacios verdes o el desarrollo de infraestructuras adaptadas al clima mejoran el atractivo de una zona, [también provocan] un aumento del valor de la propiedad y del precio de la vivienda y el consiguiente traslado de la población residente formada por clases trabajadoras y comunidades y culturas racializadas”». Ejemplo de la dinámica de la gentrificación verde han sido ciudades como Copenhague, Nantes o Barcelona.

Aunque no sean infraestructuras azules naturales, las piscinas también pueden hacer las veces de refugios climáticos cuando ya ni la sombra resulta llevadera, especialmente para quienes no pueden permitirse encender el aire acondicionado, haciendo la cuestión de su accesibilidad un asunto de justicia social. Por esta razón, la Generalitat de Catalunya ha autorizado este año que las piscinas comunitarias se llenen a pesar de la sequía. La decisión obedece a razones de salud pública.

El mes de julio de 2022, las temperaturas en Madrid alcanzaron los 40 grados. Ese mismo mes la ciudad alcanzó el mayor número de usuarios de piscinas públicas de la historia. A pesar de ello, algunas piscinas permanecieron cerradas, la mayoría de ellas en barrios de bajos ingresos. En España hay una piscina pública por cada 59.000 habitantes, pero la oferta se reduce a la mitad en la capital. Sin embargo, si añadimos las piscinas privadas al cálculo, Madrid se convierte en el territorio con mayor número de piscinas del país. Pozuelo de Alarcón, un municipio de la Comunidad Autónoma de Madrid, es uno de los más ricos de España y ocupa el décimo lugar en número de piscinas per cápita a nivel nacional.

La adaptación al clima afecta al poder político e institucional a todos los niveles e incluye la transformación ecológica del estado del bienestar con el fin de mitigar los riesgos relacionados con el clima

La cuestión de quién tiene la posibilidad de refrescarse en la piscina lleva a otra: ¿a costa de quién? En épocas de sequía, las piscinas compiten con la industria, la agricultura y los hogares por unos recursos hídricos limitados. La España de las piscinas, el galardonado ensayo de Jorge Dioni, refleja esta realidad. El título hace alusión a las islas verdes y azules que se encuentran en los barrios acomodados de las ciudades españolas, donde reside gran parte de la clase media aspiracional. “Un mundo de chalés, urbanizaciones, hipotecas, alarmas, colegios concertados, varios coches por unidad familiar, centros comerciales, consumo online y seguros médicos privados. Un mundo que propicia el individualismo y la desconexión social”, apunta Dioni.

Otro dato interesante es que un estudio realizado en 53 regiones metropolitanas de EE UU determinó que los modelos de desarrollo urbano en expansión se resentían más ante los fenómenos de calor extremo que aquellos que se adaptan a unas formas de vida más compactas. Según un informe de la American Planning Association publicado en 2022, los modelos de desarrollo más densos también pueden potenciar el efecto isla de calor urbano, pero la vegetación, las superficies frías y otras estrategias de atenuación del calor a nivel de diseño urbano pueden mitigar esos incrementos. “Las ciudades de 15 minutos reducen la dependencia de los vehículos de combustión y, por ende, la contaminación. Además, constituyen una estrategia de cohesión social frente a la ciudad disgregada”, concluye Neila.

La comunidad de expertos insiste en la necesidad de implicar a los colectivos vulnerables en la planificación urbana para que las estrategias con las que las ciudades se adaptan al cambio climático protejan a todas sus comunidades. Ya hay algunos ejemplos al respecto: la Plataforma Europea de Adaptación al Clima ha reconocido la labor que realizó la ciudad de Barcelona para incorporar a las partes interesadas en la transformación ecológica de la ciudad. Además, algunas ciudades se han percatado de la necesidad de una asistencia especial en el contexto del aumento de las temperaturas. Por ejemplo, la región de Kassel, en Alemania, cuenta con un servicio gratuito denominado Línea directa parasol (Hitzetelefon Sonnenschirm), en el que un conjunto de voluntarios llama a las personas mayores registradas y les informan sobre los riesgos para la salud que entrañan las olas de calor, además de sugerirles distintas formas de mantenerse al fresco y reducir así los peligros.

Un estado del bienestar resistente al clima

Las políticas de adaptación al clima siempre han estado en segundo plano respecto a las políticas de mitigación. Hubo quienes creyeron durante mucho tiempo que la aceptación sin reservas de la necesidad de adaptación supondría aceptar la inevitabilidad del cambio climático. Sin embargo, aunque la política ha mantenido una postura pasiva, la población ha reaccionado, tal y como demuestra la caída de los precios de la vivienda en las zonas costeras de EE UU que son más vulnerables ante las inundaciones. Jake Bittle, autor de The Great Displacement: Climate Change and the Next American Migration, señala en la revista The Atlantic: “A medida que el valor de la vivienda descienda como consecuencia del riesgo climático, habrá propietarios e inversores ricos que se desharán de sus activos problemáticos y huirán, mientras que los propietarios de clase media tendrán que hacer frente a las catástrofes climáticas y a las hipotecas costosas”. La adaptación al clima es una realidad. Sin la intervención del Estado, la riqueza y los recursos personales acaban siendo los factores determinantes.

La alternativa es lo que Aldana Cohen denomina el ‘ecoapartheid’: una sociedad en la que los ricos se refrescan en piscinas mientras los pobres padecen un calor cada vez más sofocante

El estado del bienestar surgió en torno a la lógica de la justicia social. Antes del auge del neoliberalismo en los años setenta y ochenta, las democracias occidentales desarrollaron unos programas sociales de gran alcance para materializar el derecho a la vivienda. La vivienda era uno de los pilares del modelo social de posguerra. Si queremos recuperar esa visión para el siglo XXI, debemos reconocer también el protagonismo de los riesgos climáticos y medioambientales en la desigualdad y la injusticia social.

La adaptación al clima afecta al poder político e institucional a todos los niveles e incluye la transformación ecológica del estado del bienestar con el fin de mitigar los riesgos relacionados con el clima. Las ciudades y las regiones no pueden tomar medidas por sí solas. Necesitan el respaldo de los Estados nación y de entidades supranacionales como la UE para financiar y propiciar su resiliencia. Proteger nuestros hogares y ciudades contra el cambio climático requerirá un plan multinivel que abarque todos los sectores, desde la planificación urbana hasta la sanidad pública y la educación, y que garantice la participación de los colectivos más vulnerables. La alternativa es lo que Aldana Cohen denomina el ecoapartheid: una sociedad en la que los ricos se refrescan en piscinas mientras los pobres padecen un calor cada vez más sofocante.