Berta Cáceres
El asesinato de Berta Cáceres es “el resultado de una operación criminal organizada, planificada y ejecutada”

El 2 de marzo de hace 10 años, Berta Cáceres fue víctima de una emboscada en su propia casa y fue asesinada. Otro compañero de lucha, el mexicano Gustavo Castro Soto, le acompañaba esa noche y aunque resultó herido de gravedad salvó la vida, convirtiéndose así en el único testigo sobreviviente. Ha tenido que pasar todo este tiempo para que, a través de un largo y por momentos escurridizo proceso judicial, los autores materiales del crimen y David Castillo, uno de sus autores intelectuales, fueran imputados y condenados. Las investigaciones lograron señalar también a Daniel Atala Midence, hijo de uno de los dueños de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA), propietaria y promotora del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, como otro autor intelectual del asesinato de la defensora ambientalista hondureña.

El pasado mes de enero, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras) hizo público su Informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y delitos conexos. El GIEI concluyó que el asesinato de Berta Cáceres fue “el resultado de una operación criminal organizada, cuidadosamente planificada y ejecutada mediante una estructura de coparticipación que incluyó sicarios, intermediarios con formación militar, personal y directivos de la empresa DESA, así como redes de apoyo, tolerancia y omisión desde distintos ámbitos del Estado”.

Los expertos independientes han establecido que “el crimen fue previsible y prevenible”, ya que existía información concreta en manos del Estado hondureño “y en tiempo real” que alertaba sobre su planificación. Confirman que se intervinieron llamadas telefónicas en las que “se discutía explícitamente el asesinato, se negociaban pagos, armas y logística, y se hacía referencia a decisiones adoptadas por niveles superiores”. A partir de analizar cientos de horas de esas llamadas intervenidas en el marco de una investigación penal iniciada en 2015. El GIEI constató que Mariano Díaz Chávez, un militar en activo y posteriormente condenado como autor material del asesinato, tenía amplio acceso a armas, logística y personal armado, y utilizaba redes vinculadas a estructuras de seguridad para coordinar operaciones ilícitas.

Las llamadas también revelaron que desde el 4 de enero de 2016 constan conversaciones explícitas sobre cinco incursiones previas al asesinato de Berta Cáceres que dieron cuenta de la elaboración de un plan concebido con anticipación, de decisiones atribuidas a “los de arriba” y de negociaciones sobre pagos y logística. El informe señala que, pese a contar con esta información en tiempo real, “las autoridades estatales no activaron mecanismos de prevención ni adoptaron medidas oportunas para impedir el crimen”, omisión que el GIEI califica como una violación grave del deber de debida diligencia.

Si bien en el caso de Berta Cáceres se obtuvieron condenas contra varios autores materiales, así como contra algunos empleados y un directivo de la empresa DESA, acota la investigación de los expertos, “estos avances no agotaron las líneas de responsabilidad superiores y dejan en evidencia que persiste un núcleo duro de impunidad, en particular respecto de la eventual participación de otros directivos y accionistas de DESA, así como de la dimensión completa de la complicidad y tolerancia estatal”.

La investigación incluyó, además de la revisión exhaustiva de expedientes judiciales y administrativos, el análisis de información financiera, bancaria y contable de DESA y de empresas vinculadas al proyecto. A este respecto, el GIEI determinó que los fondos desembolsados principalmente por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), que deberían haberse destinado al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, “fueron desviados de su finalidad original y utilizados para financiar un conjunto de actividades ilícitas vinculadas a la gestión violenta del conflicto territorial, incluyendo operaciones de vigilancia e inteligencia ilegal, incursiones armadas, logística y pagos asociados a dichas operaciones, así como, en última instancia, el asesinato de Berta Cáceres”. En este sentido, se identificaron operaciones financieras realizadas inmediatamente después del crimen, las cuales se cobraron en cheques en efectivo por un monto equivalente, o una parte, “al pago ofrecido a la célula sicaria para ejecutar el crimen”.

Altos cargos de DESA, señalados

Los hermanos José Eduardo, Jacobo y Pedro Atala Zablah son los dueños de Desarrollos Energéticos S.A de C.V., DESA, que a su vez eran los propietarios del proyecto Agua Zarca. Estos eran los jefes de David Castillo, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, las tres únicas personas condenadas, hasta ahora, por el asesinato de Cáceres. Daniel Atala Midence, es hijo de José Eduardo, y desde su orde de aprehensión se encuentra actualmente prófugo.

Una de las aportaciones claves de la investigación del GIEI es que determinó que el asesinato de la lideresa hondureña tuvo una “motivación empresarial que fue posible gracias a la conformación y funcionamiento de un dispositivo societario y financiero en el que los accionistas mayoritarios del proyecto Agua Zarca y la alta dirección de DESA desempeñaron roles relevantes y decisivos”. La evidencia analizada —incluyendo comunicaciones digitales, intervenciones telefónicas y documentación bancaria— ha permitido establecer que “estos actores tenían pleno conocimiento del conflicto generado por la oposición comunitaria al proyecto y participaron activamente en la adopción de estrategias orientadas a neutralizarla, incluyendo la coordinación de acciones de seguridad, la gestión de recursos financieros y el uso de influencias institucionales”.

El GIEI logró documentar la participación directa o indirecta de integrantes de la familia Atala en espacios de coordinación orientados a la gestión del conflicto territorial, “incluyendo el grupo denominado 'Seguridad PHAZ', en el que se desarrollaron acciones sistemáticas de vigilancia, recolección de información y seguimiento contra Berta Cáceres y el COPINH”. La investigación identifica la complicidad entre la empresa DESA y el Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional en gestiones destinadas a articular intervenciones estatales —incluidos desalojos— con el objetivo de neutralizar la oposición comunitaria al proyecto. Asimismo, constató el rol de directivos responsables del manejo financiero de la empresa en la administración de cuentas y pagos, así como su conocimiento y disposición a recurrir a la violencia como mecanismo de resolución del conflicto.

El informe de los expertos ha podido concluir que en los días posteriores al crimen, “los principales accionistas directivos y gerentes de DESA mantuvieron contactos reiterados y coordinados, lo que evidencia un nivel de articulación orientado a gestionar las repercusiones del asesinato”. Los elementos analizados han sido determinantes para determinar la “configuración de un móvil criminal de naturaleza empresarial, vinculado a la protección de los intereses económicos y financieros del proyecto Agua Zarca, y para la consolidación del dispositivo de financiamiento que culminó en el asesinato de Berta Cáceres”.

Después del crimen, el GIEI pudo también documentar que la investigación criminal fue obstaculizada deliberadamente desde sus primeras horas. “Esta incluyó la promoción de narrativas falsas para desviar la atención, la criminalización del entorno de la víctima y del testigo sobreviviente, la interceptación masiva de comunicaciones de miembros del COPINH mientras se omitía investigar a actores empresariales clave, la incorporación de pruebas falsas, conflictos de interés dentro de la investigación fiscal y la ausencia de mecanismos adecuados de protección frente a amenazas contra investigadores y fiscales”, subraya el informe. Para los expertos, aunque el Estado Hondureño logró condenar a los ejecutores directos del asesinato, y a algunos eslabones intermedios ligados a DESA, “no investigó de manera exhaustiva el rol que en el crimen tuvieron los directivos de mayor nivel y los accionistas de la empresa, en especial en relación con el soporte financiero del crimen. Además, tampoco se investigó de manera exhaustiva la responsabilidad que, por acción u omisión, corresponde al Estado por la actuación de sus funcionarios públicos”, rematan los expertos.

El impacto personal y colectivo del asesinato de Berta

Al informe del GIEI no se le ha escapado mencionar los daños derivados del asesinato de Berta Cáceres y del conflicto asociado al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. En él se mencionan los daños que afectan a su familia, al testigo sobreviviente Gustavo Castro, al COPINH como organización, a la comunidad indígena lenca de Río Blanco y al río Gualcarque como espacio espiritual, cultural y de subsistencia. “No se trata de impactos aislados, sino de afectaciones acumulativas producidas a lo largo de años de imposición del proyecto, violencia, criminalización y ausencia de protección estatal”, recalcan.

A nivel familiar, “afectó profundamente la salud, los proyectos de vida y la estabilidad emocional de sus familiares; a nivel colectivo, buscó debilitar al COPINH y a la comunidad de Río Blanco; y a nivel social, reforzó la impunidad estructural y el debilitamiento del Estado de derecho”, sostiene la investigación. Además, se señala que “el Estado no ha adoptado medidas efectivas de cesación ni de reparación integral, manteniendo las condiciones que posibilitaron las violaciones y perpetuando sus efectos en el tiempo”.

En resumen, con su investigación, el GIEI documenta ampliamente las violaciones de derechos humanos cometidas en el asesinato de Berta Cáceres por parte del Estado de Honduras y señala “una falta de respeto y garantía de los derechos a la vida e integridad personal de Berta Cáceres y de Gustavo Castro en un contexto en el que agentes estatales participaron, por acción u omisión en la planificación, ejecución y encubrimiento del crimen, y por los graves daños ocasionados a la comunidad indígena lenca de Río Blanco como consecuencia de la militarización del territorio”.

En más de 500 páginas del informe fina sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres y delitos conexos, el GIEI desarrolla con detalle los elementos aquí resumidos a la vez que ofrece medidas para un plan de reparación integral y algunas recomendaciones a varios niveles. Así, finalmente, subraya que la obligación de reparar y las garantías de no repetición “exigen medidas que trasciendan respuestas meramente formales o compensatorias, incluyendo investigaciones exhaustivas sobre la coautoría de mandos superiores y financistas, el fortalecimiento institucional del Ministerio Público, la adopción de un marco robusto de regulación y supervisión empresarial y financiera con enfoque de derechos humanos, la implementación de medidas efectivas de protección para las personas defensoras, y la adopción de reparaciones estructurales, integrales y colectivas orientadas a modificar las condiciones que hicieron posibles las violaciones y a restablecer la confianza de las comunidades afectadas en las instituciones del Estado”.