Barcelona
“Hemos tenido que aprender a resistir”: dos bloques de Sants se organizan frente al ‘flipping’ inmobiliario

Los habitantes del bloque, casi al completo, están reunidos en el salón de Mustapha y Adam, padre e hijo, vecinos de la primera planta. Están Driss y Rachida, hermanos de Mustapha y vecinos de uno de los bajos. También Viviana, que vive con su pareja y sus tres hijas en el segundo piso, y Mohammed, a pocos metros. Acompañan al grupo tres activistas, del Sindicat de Llogateres y del Grup d’Habitatge de Sants (GHAS). En el orden del día, el tema más urgente es el desahucio por vía judicial de Mohammed, su esposa y sus cuatro hijos menores de edad, previsto para el 15 de octubre.

Desde hace cuatro años los vecinos de este bloque, ubicado en el número 16 de la calle 26 de Gener de 1641, del distrito de Sants, viven con el temor de que en cualquier momento deberán dejar sus pisos. En 2022, la finca fue comprada por la inmobiliaria Urba Fix & Flip, administrada por el empresario catalán Santi Vernet y cuyo modelo de negocio, como dice su nombre, es el flipping: comprar viviendas, remodelarlas y venderlas a un precio más alto en el menor tiempo posible. Este bloque, según relatan los vecinos, lo compró por cerca de 500.000 euros y a la fecha ya ha vendido un piso de la segunda planta y uno de los locales comerciales, reformado como vivienda, por una suma que supera los 800.000 euros. 

La finca fue adquirida en 2022 por la inmobiliaria Urba Fix & Flip, dedicaba a ‘flipping’: comprar viviendas, remodelarlas y venderlas a un precio más alto en el menor tiempo posible

La venta de la finca, explican los vecinos, nunca se les comunicó oficialmente. Se enteraron de ella por las visitas cada vez más frecuente de trabajadores que acudían a ver los pisos y luego por el burofax en el que se les indicaba que sus contratos no serían renovados. De los vecinos originales, solo una familia dejó la vivienda, puesto que tenía un piso en propiedad en el barrio de Horta. Las otras cuatro decidieron organizarse y buscar apoyo tanto en el GHAS como en el Sindicat de Llogateres. 

El mismo año 2022 venció el contrato de Mohammed, inquilino de la finca desde 2013. Desde entonces ha seguido pagando cada mes el alquiler, al mismo tiempo que ha intentado sin éxito conseguir una renovación de su contrato o buscar un piso al que mudarse. “Si es por mí, me voy. Para seguir sufriendo, prefiero irme. No queremos llegar al día del desahucio. Estamos buscando piso, pero no encontramos nada. También estamos viendo con Servicios Sociales, por si sale un piso de emergencia, pero por ahora no nos dicen nada”, explica Mohammed a El Salto.

En estos años, denuncian los vecinos, la empresa ha ejercido una serie de medidas de presión para que los inquilinos dejen sus pisos. Desde visitas cada vez más frecuentes de agentes comerciales, hasta obras que se extendieron más allá del previsto. En octubre de 2025, explica Rachida, al reformar el local de la planta baja —vacío desde hace años—, los trabajadores dañaron accidentalmente el sistema de cañerías, lo que dejó a la finca completa sin agua potable durante casi siete meses. “Nos las arreglamos comprando garrafas de agua. Y para lavar y duchas, íbamos a sacar agua de la fuente de la esquina. Siete meses así, terrible. Mi cuñada, además, está muy enferma, con tratamiento de oncología. Casi no duerme en las noches, tiene la respiración afectada por la quimioterapia. Estar todo ese tiempo sin agua… imagínate”, dice Rachida.

La última medida de la empresa fue demandar por la vía judicial a Mohammed para que deje el piso. Hace unas semanas el inquilino recibió la sentencia que fijaba el desahucio para el próximo 15 de octubre. Esto ha aumentado la sensación de inseguridad en el resto de los vecinos, en especial de los hermanos Rachida y Driss, cuyo contrato finalizó en enero de este año. Saben que en cualquier momento podrían ser demandados también por la empresa. 

Viviana y Mustapha, cuyos contratos vencen en noviembre, también ven con preocupación lo que pueda ocurrir con sus pisos. Para ninguna de las familias irse es una posibilidad

Viviana y Mustapha, cuyos contratos vencen en noviembre, también ven con preocupación lo que pueda ocurrir con sus pisos. Para ninguna de las familias irse es una posibilidad. La empresa ha ofrecido realojarlos en otros municipios, como Cornellá, o incluso dinero para que dejen sus pisos. Arraigados en el barrio y con sus hijos escolarizados en diferentes escuelas del sector, no lo ven como una posible solución. 

Este jueves un grupo de vecinas y vecinos de la finca se acercó hasta las oficinas de Urba Fix & Flip para negociar con la empresa y solicitar la suspensión del desahucio de Mohammed. La respuesta de Santi Vernet fue que debían comunicarse con su abogado.

El Bloc Salou y Second House

A solo seis calles de distancia del Bloque 26 de Gener está la calle Salou. En el número 7, un edificio de cuatro plantas. Y en su fachada, una serie de pancartas en contra de la especulación inmobiliaria, afiches del GHAS y del Sindicat de Llogateres y mensajes en contra de la empresa Second House. Rosa y Yolanda, de 65 y 73 años, son vecinas desde hace casi treinta años. Rosa llegó al barrio desde Hospitalet a comienzos de los años 90, mientras que Yolanda, originaria de Santander, se instaló en el edificio a finales de esa misma década. En todos estos años, nunca tuvieron que preocuparse por sus contratos de alquiler: se renovaban automáticamente cada año. Hasta que el edificio fue comprado por la empresa Second House, administrada por Elena Hernández de Cabanyes, y recibieron una carta en la que se les indicaba que no se renovarían y que tendrían que dejar el piso.

“Nos enteramos de la venta a comienzos del año pasado, en enero. Unas personas tocaron la puerta y se presentaron como los nuevos dueños. Querían ver el piso, pero mi marido no los dejó entrar”, dice Rosa, sentada en el salón de su piso, en el bajo del edificio. Luego Yolanda, vecina del primero segundo, sentada frente a Rosa, añade: “A mí también me timbraron. Dijeron que querían ver los defectos del edificio para reparar. Como yo estaba reclamando por el techo que se caía, los dejé entrar. Hicieron fotos y dijeron que lo iban a reparar, pero las fotos no eran para eso. Nunca repararon nada, el techo al final se cayó igual”.

Al igual que los inquilinos del Bloque 26 de Gener, Rosa y Yolanda siguen pagando mensualmente sus alquileres, a pesar de que sus contratos terminaron el año pasado

Al igual que los inquilinos del Bloque 26 de Gener, Rosa y Yolanda siguen pagando mensualmente sus alquileres, a pesar de que sus contratos terminaron el año pasado. Hace unos meses, sin embargo, Rosa y su marido fueron demandados judicialmente por Second House para que dejen el piso. El proceso aún está en curso, pero Rosa teme que termine con una sentencia de desahucio.

Elena Hernández y su empresa Second House, por su parte, son viejas conocidas del Sindicat de Llogateres. En 2022 la empresa entró en conflicto con los inquilinos de dos bloques de la ciudad, ubicados en calle Tapioles y Cortines, que adquirió con el objetivo de reformar y revender. Después de una serie de enfrentamientos y negociaciones entre ambas partes, el Sindicat consiguió que la empresa renovara los contratos de alquiler de todas las familias afectadas. Fue, dice Isi, portavoz del sindicato y antigua vecina de la finca de calle Tapioles, uno de los principales triunfos recientes de la acción sindical en materia de vivienda en Barcelona. 

“Su negocio es que compran las fincas, hacen una pequeña inversión, normalmente pintura, reparan lo mínimo que tienen que reparar, y venden. Intentan hacer un negocio muy rápido, que no sea más de un año y medio o dos años. Pero ¿qué pasó con el caso de Tapioles? Se encontraron con una comunidad muy cohesionada, que lleva años junta, y que entendió cómo podía ralentizar este proceso, aprovechando también la mala praxis de la empresa”, dice Isi a El Salto.

“Sinceramente, yo estoy luchando porque me veo en la calle. Es que no tengo posibilidades de tener una hipoteca ni de conseguir otro piso. Por eso estamos luchando”, dice Yolanda

Los casos de Tapioles y Cortines alimentan las esperanzas de Rosa y Yolanda, aunque a la vez son escépticas. Si se quedaron y decidieron resistir, explican, es porque no tienen otra alternativa. Como dice Mohammed, en el caso del Bloque 26 de Gener, si fuera por ellas, ya se habrían ido. “Sinceramente, yo estoy luchando porque me veo en la calle. Es que no tengo posibilidades de tener una hipoteca ni de conseguir otro piso. Por eso estamos luchando”, dice Yolanda. “Yo no sé qué pasará, solo sé que tengo mi nieto al que le faltan dos años para terminar el instituto. Y él me dijo: ‘Abuela, por favor, si nos vamos que sea en dos años, que quiero terminar el instituto con mis compañeros’. Así que eso es lo mínimo que esperamos resistir: dos años”, dice Rosa. 

El coste emocional de “aprender a resistir” 

“Vivimos en un estrés constante. Antes lo escondíamos de los niños, pero ahora con todas las pancartas es imposible”, dice Rachida. Viviana escucha a Rachida y añade su propia experiencia: “Estamos todo el día con esto en la cabeza, de no saber a dónde ir, si nos van a echar, los procesos judiciales que tendremos que seguir. Tenemos ese miedo en el cuerpo”. Un día más tarde Yolanda, vecina del Bloque Salou, dirá algo parecido: “Trato de no pensar en cuando llegue el momento, pero es inevitable. Es algo que está dando vueltas, es difícil olvidarse”. 

Para cada una de las familias el hecho de organizarse y luchar por la renovación de sus contratos ha implicado enfrentarse a una serie de cuestiones prácticas. Han tenido que aprender de leyes y de organización sindical, asistir a asambleas y a desahucios, tocar las puertas del Ayuntamiento, negociar con la empresa Aïgues de Barcelona, militar en espacios políticos. “Hemos tenido que aprender a resistir”, dice Rachida. Y resistir, explica, es algo que ocupa prácticamente todo su tiempo. “Nos ha cambiado la vida por completo”, dice Rosa. “Imagínate a nuestra edad tener que ir a desahucios, arriesgarte a que te pegue la policía. Pero es así, si queremos que nos ayuden, nosotras también tenemos que ayudar”, agrega Yolanda. 

“Vivimos en un estrés constante. Antes lo escondíamos de los niños, pero ahora con todas las pancartas es imposible”, dice Rachida

Su vida cotidiana, sus rutinas, y también las de sus hijos, se han visto trastocadas. En las ciencias sociales lo que están viviendo ambas comunidades es definido como “inseguridad residencial” y diversos estudios han demostrado cómo el hecho de no saber cuándo te tendrás que ir de tu vivienda tiene efectos tanto en la salud física como emocional de quienes la sufren. Así lo explican los investigadores Antonio Solana y Anna Ortíz, de la Universitat Autònoma de Barcelona, en su artículo: “‘Me están echando de mi casa’. Repercusiones personales y sociales de la inseguridad residencial en Barcelona”.

La ley que busca regular la compra especulativa de vivienda sigue esperando

Desde hace un tiempo que el Sindicat de Llogateres exige que se regulen las compras de vivienda con fines especulativos. Según su perspectiva, la medida es imprescindible para evitar que se repitan casos como los que afectan a las familias de los bloques Salou o 26 de gener. 

A comienzos de este año el PSC y Comuns acordaron promover una ley que limitara este tipo de compras y este verano el proyecto llegó al Parlament de Catalunya. El Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat, sin embargo, dictaminó que la propuesta atentaba contra el derecho a la propiedad, por lo que podría ser inconstitucional. Aunque el dictamen no es vinculante, el Govern ha anunciado que pretende modificar el proyecto para ajustarlo a las exigencias del Consell. 

Desde el Sindicat, aunque en un comienzo valoraron la disposición de los partidos a legislar, criticaron el proyecto porque, a su juicio, no prohíbe el flipping como tal ni garantiza la renovación de los contratos de alquiler en caso de que se compre un bloque entero. Aún así, consideraron el dictamen del Consell como “preocupante” y “una reproducción de los informes de la patronal”.

“Una de las razones por las que existe el sindicato es que la ley no está hecha para que las personas inquilinas podamos vivir tranquilas. Está hecha para favorecer la especulación. ¿Y cuándo reacciona la administración? Cuando está con el agua hasta el cuello”, dice Isi, portavoz del Sindicat, en conversación con El Salto. Luego añade: “Las soluciones o las voluntades de hacer el cambio vienen cuando la situación es crítica, lo vimos con la Casa Orsola. Y ahora la principal preocupación de la gente de Cataluña y del Estado es la vivienda. Por lo tanto, algo tendrá que cambiar. No pueden seguir desconociendo a todos sus votantes”.