Derecho a la vivienda
PP, Vox, Junts y PNV meten en el Congreso la ley de vivienda de los fondos buitre y los grandes caseros

El mismo día que el Consejo de Ministros aprobaba el Plan de Vivienda 2026-2030, el Congreso votaba a favor de la tramitación de una proposición de ley impulsada por el Partido Popular cuya aprobación, todavía lejana, es el sueño del lobby inmobiliario, de los bancos y de los grandes tenedores.  

La propuesta, que todavía se tiene que debatir, enmendar y votar en el Congreso, da alas a los pelotazos urbanísticos y reduce de 1.800 a 900 euros el tope de ingresos de una familia para ser declarada vulnerable y tener acceso a medidas que retrasen el desalojo o acceder a la moratoria de desahucios y cortes de suministro. Además, la proposición deroga los artículos de la ley de vivienda que permiten poner topes al alquiler en las zonas declaradas tensionadas. Esta contraley de vivienda también elimina la norma que permite a los inquilinos prorrogar durante un año su contrato de alquiler al mismo precio cuando su casero es una empresa y acrediten una situación de vulnerabilidad social y económica.

Los desalojos exprés y la derogación de “las medidas que apoyan la inquiokupación” son otros de los puntos incluidos en la propuesta. Tanto Junts como PNV centraron sus discursos en la defensa de los artículos que desregulan aún más el desarrollo de planes y proyectos urbanísticos.

El Congreso aprobó la toma en consideración de la ley este 21 de abril a última hora de la tarde con los votos favorables de PP, Vox, Junts y UPN y con la abstención del PNV y Coalición Canaria. 

La rebelión de la mayoría de derechas del Congreso también llegó a las comunidades autónomas del PP, que han declarado la guerra al Plan de Vivienda estatal para los próximos cinco años. Un plan que repartirá 5.000 millones de euros a las comunidades autónomas —un 60% del presupuesto del plan, el otro 40% deben aportarlo los gobiernos regionales— y que incluye medidas para evitar el fraude en la adjudicación de VPO y para que se mantengan en el parque público a perpetuidad. 

Para recibir los fondos estatales, las comunidades tienen que garantizar que las viviendas protegidas no se venderán en el mercado libre, que los gobiernos locales pondrán su parte del presupuesto y que incluyan medidas antifraude para evitar que se repitan los repartos de vivienda pública y protegida a cargos del PP y su entorno cercano. 

El Plan de Vivienda también ha recibido críticas desde las formaciones parlamentarias a la izquierda del PSOE y desde las organizaciones sociales, quienes han denunciado la falta de ambición de un plan. Según detallan los sindicatos de inquilinos, el dinero aportado por el Estado central a la compra y construcción de vivienda pública equivale al 1% del gasto militar anual.