Catalunya
PSC y Comuns llegan a un acuerdo para limitar la compra especulativa de vivienda en Catalunya

PSC y Comuns han pactado una nueva fórmula legal para limitar la compra especulativa de vivienda. La norma, que debería entrar en vigor antes de verano, debe contar para su aprobación con los votos de ERC. El Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinos) valora positivamente que el PSC se haya visto “obligado a admitir lo que ya es un consenso: las viviendas son para vivir en ellas, y no para especular”. 

Sin embargo, desde este sindicato de arrendatarios señalan que el texto presentado tiene una serie de limitaciones que pueden convertirse en importantes “agujeros”, que pueden hacer que la ley “no acabe aplicándose y no consiga su objetivo”.  

La norma era una de las líneas rojas de los Comuns para apoyar los presupuestos de la Generalitat de 2026. La reforma contempla que cualquier gran tenedor —ya sea persona física o jurídica con más de cinco pisos— no pueda comprar pisos en las zonas declaradas tensionadas de Catalunya, algo que ocurre hoy en 271 municipios. 

La nueva norma permite a los pequeños propietarios comprar hasta un máximo de cuatro viviendas siempre que sean “para uso propio, de un familiar hasta segundo grado o para ponerlas en alquiler a precio de índice”

Esta norma cuenta con dos excepciones. La ley seguirá permitiendo la compra de edificios enteros siempre que los pisos se dediquen a alquiler residencial con el precio de referencia que indica la ley de vivienda. Además, los grandes tenedores que sean personas físicas podrían comprar una vivienda para vivir en ella, un hecho que deberán acreditar. 

La nueva norma permite a los pequeños propietarios comprar hasta un máximo de cuatro viviendas siempre que sean “para uso propio, de un familiar hasta segundo grado o para ponerlas en alquiler a precio de índice”, un índice que ya refleja “precios de burbuja”, tal como han señalado en repetidas ocasiones desde el Sindicat. La segunda viviendas no computan. Según el texto de la norma “se considera una extensión de la primera”. 

Críticas y propuestas de mejora

La principal crítica del Sindicat de Llogateres es que la reforma no contempla ningún mecanismo para evitar “la práctica especulativa más habitual”: comprar edificios y revenderlos al poco tiempo a un precio más alto. Una práctica que suele implicar, tal como denuncian, la expulsión de los inquilinos. La norma debe “prohibir específicamente” esta práctica, sostienen desde este colectivo.

Para el Sindicat, el texto ha sido “descafeinado” desde su versión original, y tal como está redactado actualmente, permite comprar pisos para destinarlos al alquiler en el caso de los propietarios con menos de cinco pisos. “La limitación debe ser clara: solo se debe poder comprar un piso si es para vivir en él”, reclaman.

“Estamos a tiempo de evitar una nueva norma llena de agujeros. Necesitamos una ley que se pueda aplicar, que no deje resquicios y que acabe, de una vez por todas, con la especulación”, dicen desde el Sindicat de Llogateres

La falta de garantías recogidas en el texto para los hogares que vivan en bloques adquiridos al completo es otra de las críticas de esta organización de arrendatarios. Según critican, nada en el proyecto de norma obliga a dar estabilidad a los vecinos ni a bajar los precios. Una ley “contra la especulación” debe garantizar que las personas que viven en los edificios adquiridos tengan nuevos contratos con bajadas de precio. “Solo así se puede evitar que la compra de un bloque por parte de un fondo implique la expulsión de quienes viven en él”, indican.

Otro punto débil de la reforma es que deja en manos de cada ayuntamiento decidir si aplica o no esta limitación, así como el control de posibles incumplimientos. Esto implicaría, señalan, hacer nuevas planificaciones urbanísticas en cada uno de los 271 municipios declarados como tensionados. Por ello demandan un plan director urbanístico impulsado desde la Generalitat para aplicar estas limitaciones automáticamente en todo el territorio.

La ley, según recuerdan desde el Sindicat de Llogateres, necesita todavía el apoyo de más formaciones políticas para ser aprobada. “Estamos a tiempo de evitar una nueva norma llena de agujeros. Necesitamos una ley que se pueda aplicar, que no deje resquicios y que acabe, de una vez por todas, con la especulación con la vivienda”, subrayan.