València
Inquilina de un fondo buitre en Ciutat Vella denuncia un corte de agua para forzar su desalojo

María Jesús Plaza, vecina de la calle Soguers en el corazón de Ciutat Vella de València, lleva toda su vida en la misma vivienda donde creció y que ha sido testigo de varias generaciones de su familia. En julio de 2025, El Salto publicó un reportaje sobre los destrozos sufridos en su hogar cuando el edificio estaba siendo custodiado por una empresa de desalojos y las coacciones que denunciaba para abandonarlo, pese a contar con un contrato de alquiler vigente hasta el 31 de octubre de 2029.

Sus pertenencias fueron extraídas de la vivienda y esparcidas por la escalera del edifico, y su hogar quedó inhabitable durante un tiempo, hecho que fue ampliamente denunciado ante los medios de comunicación.

Desde entonces, según nos cuenta, la situación continúa con obras agresivas y un edificio convertido en campo de batalla inmobiliaria. El pasado 3 de noviembre sufrió el corte del suministro de agua, una situación que agrava un conflicto que lleva años escalando. “A partir de agosto, el fondo retomó la reforma integral del edificio con una cadena de subcontratas que entraban y salían del edificio sin descanso”, relata.

Derribos, tabiques caídos, polvo y ruido permanente. En ese contexto, María Jesús recuerda el momento en que supo que se había quedado sin agua: “Un obrero me dijo al oído ‘te han cortado el agua’. Subí a comprobarlo y era verdad”. Acto seguido, bajó a reclamar al jefe de obra por el corte de agua: “Me dijo que la propiedad había enviado a dos fontaneros, pero era mentira. Pregunté a otros obreros que estaban apuntalando si era necesario cortar el suministro y me dijeron que no.”

Finalmente, llamó a Aguas de València, y le confirmaron que no existía ningún problema de suministro por su parte; el corte efectivamente debía provenir del edificio.

Cuando la ley existe, pero no se aplica

El marco legal español y valenciano establece protecciones para inquilinas como María Jesús Plaza, aunque su efectividad práctica a menudo queda en entredicho frente a fondos de inversión con amplios recursos. Según fuentes jurídicas consultadas, entre las principales normas que podrían ampararla se encuentran el Decreto‑Ley 3/2023 del Consell contra el acoso inmobiliario, que reconoce como acoso prácticas como la privación de suministros básicos, la realización de obras abusivas que dificulten la habitabilidad o la presión directa para abandonar la vivienda, con sanciones que pueden alcanzar entre 350.000 y 950.000 euros.

También le ampara la Ley de Arrendamientos Urbanos, que garantiza que los contratos de alquiler vigentes deben respetarse y protege el derecho de los inquilinos a disfrutar de la vivienda en condiciones de seguridad y habitabilidad, impidiendo perturbaciones en el uso pacífico del inmueble; y los artículos del Código Civil sobre la obligación de respetar la posesión y el uso de la propiedad, que protegen a quien ocupa legalmente un inmueble frente a perturbaciones indebidas por parte del propietario, incluyendo la privación de servicios o la realización de obras que afecten a la habitabilidad.

María Jesús asegura que ha tomado las acciones legales correspondientes y mantiene contacto con su abogado para proteger sus derechos, subrayando la importancia de la vía judicial para garantizar que se respeten sus condiciones de habitabilidad.

A pesar de la notificación del corte de agua que afecta a la vivienda, de momento no se ha producido ninguna actuación que restablezca el suministro

La inquilina también ha comunicado la situación al Ayuntamiento, donde ha registrado la incidencia bajo el seguimiento de la sección de Disciplina Urbanística. A pesar de la notificación del corte de agua que afecta a la vivienda, de momento no se ha producido ninguna actuación que restablezca el suministro ni garantice que la vecina pueda ejercer su derecho a una vivienda habitable.

El impacto de la falta de agua ha sido muy significativo para su vida diaria. La vecina explica que ha tenido que improvisar soluciones para cubrir necesidades básicas, y que la situación le genera un estrés constante: “Esto afecta a mi vida diaria de forma muy seria”, afirma.

María Jesus Plaza mantiene la determinación de seguir viviendo en su hogar hasta el fin de su contrato de arrendamiento y luchar judicialmente por su derecho a la vivienda, a pesar de los daños materiales y de la interrupción de servicios esenciales como el agua que está padeciendo.

La propiedad figura a nombre de Odriali Trade S.L., una sociedad constituida en julio de 2020 con un capital social de 3000 euros, según fuentes mercantiles. Esta sociedad podría formar parte de una red más amplia vinculada al fondo francés Richelieu Promoción. Un entramado empresarial, propio de la sofisticación financiera utilizada por fondos internacionales que gestionan activos residenciales en España mediante empresas locales, lo que facilita la especulación inmobiliaria, la transformación de los edificios y el control sobre los derechos de los inquilinos.