Ayuntamiento de Madrid
Un juzgado frena el desalojo de una familia del albergue ‘Las Caracolas’ y abre una vía contra las expulsiones

La Asamblea de Vivienda PAH Vallekas ha logrado frenar, al menos de momento, el desalojo de Katty y su familia del Centro de Emergencia Temporal ‘Las Caracolas’, recurso municipal gestionado por la empresa ASISPA. La suspensión cautelar, acordada por un juzgado de lo contencioso-administrativo, supone un importante precedente para la plataforma, que denuncia que el Ayuntamiento de Madrid, a través de las entidades gestoras de sus centros de emergencia, está desalojando a familias en situación vulnerable “sin seguir un procedimiento administrativo con las garantías exigidas por la ley y dejando a las personas afectadas sin una tutela judicial efectiva”.

Katty, sus dos hijos, de 16 y 13 años, y el padre de ambos, que tiene reconocido un 45% de discapacidad, tenían orden de abandonar el centro el 6 de agosto de 2026. La decisión les fue comunicada un mes antes, el 8 de julio, por una trabajadora social. Sin embargo, el desalojo quedó suspendido después de que el juzgado acordara la medida cautelar solicitada en un recurso presentado por la PAH, al que ha tenido acceso El Salto, en el que se pedía que la familia permaneciera en el centro o se les facilitara otro alojamiento alternativo adecuado “hasta que se resuelva la correspondiente pieza de medidas cautelares”.

La PAH sostiene que la familia iba a ser expulsada sin que se hubiera acreditado el fin de su situación de emergencia residencial ni la existencia de una alternativa real. Además, denuncia que no se ha ofrecido una solución habitacional efectiva, que la decisión no ha sido suficientemente motivada y que tampoco se han valorado el interés superior de los menores ni la situación de discapacidad del padre.

“Cuando una familia es expulsada del recurso de emergencia antes de que un juez pueda revisar la legalidad de la decisión, el proceso judicial deja de ser un mecanismo de protección real”: sostiene PAH Vallekas

“Cuando una familia es expulsada del recurso de emergencia antes de que un juez pueda revisar la legalidad de la decisión, el proceso judicial deja de ser un mecanismo de protección real y se convierte en una garantía meramente formal, ya que el daño —la pérdida del único alojamiento disponible— resulta prácticamente irreparable”, dice la PAH en una nota de prensa.

Falta de alternativas y opciones temporales

La familia de Katty llegó al centro después de sufrir un desahucio. “Vivíamos de lo que yo gano, pero nos fuimos atrasando con el alquiler y nos desahuciaron”, explica la mujer, que trabaja como limpiadora: “No quiero que me regalen una casa, pero sí encontrar algo acorde a lo que yo gano”.

La búsqueda de vivienda, explica, se ha convertido en un imposible. En pleno proceso de divorcio y con dos hijos a su cargo, considera que el mercado del alquiler la deja sin opciones. “Hace tres días fui a ver una habitación compartida: dos literas, cuatro puestos, alquilaban tres por 750 euros. Un estudio son 800 o 900 euros y todo lo que piden. Si cobro 1.300 euros, ¿de qué voy a vivir?”.

“Si te dan días para salir, te dicen, llamaremos al Samur Social, y la gente por miedo a que les quiten a los hijos se va sola. Lo usan para intimidar”, dice Katty.

‘Las Caracolas’ es, para ella, un lugar temporal, aunque no es el sitio ideal: el centro tiene una denuncia previa de la PAH por vulneración de derechos y la plataforma de vivienda acumula testimonios que describen su régimen como “cuasicarcelario”. En su nota de prensa, la PAH recoge la denuncia de la familia de que, en la práctica, “se ejerce presión sobre las personas usuarias para que firmen documentos presentados como si abandonaran el recurso de forma voluntaria, cuando en realidad la salida viene impuesta por la finalización unilateral de la estancia”. “Si te dan días para salir, te dicen, llamaremos al Samur Social, y la gente por miedo a que les quiten a los hijos se va sola. Nuestro abogado nos dijo que no pueden quitarnos a los niños por ese motivo. Lo usan para intimidar”, dice Katty.

La vida en el centro

Su familia reside desde hace dos meses en una de las 'caracolas' del recinto, un módulo con tres habitaciones y once personas. Las quejas alcanzan aspectos básicos del día a día, desde el material de higiene hasta la alimentación. “Nos dan dos cuchillas de afeitar para toda la caracola y somos seis adultos”, pone como ejemplo. También denuncia la calidad de la comida, preparada por un servicio de cáterin, y asegura que no cubre las necesidades alimentarias de muchas personas residentes. “Huevos no dan, proteína poca”, resume, a lo que suma la prohibición de introducir alimentos del exterior. “Una chica embarazada que tiene anemia ha hecho la compra de lo que tiene que comer y se la han tirado toda. Hay un señor que compra unos yogures especiales al niño porque no puede tomar leche, y le han tirado los yogures. Hay otro señor que dice que tiene que salir todos los días con los niños a comer a la calle”, pone varios ejemplos. “La gente recibe la comida y directamente a la basura”. También ella denuncia haber sufrido registros en la habitación, y le han tirado algunos objetos propios, como una plancha o una sandwichera.

“Una chica embarazada que tiene anemia ha hecho la compra de lo que tiene que comer y se la han tirado toda. Hay un señor que compra unos yogures especiales al niño porque no puede tomar leche, y le han tirado los yogures”, atestigua la familia

Las normas del centro afectan también a los horarios y la organización familiar. Los menores no pueden permanecer solos dentro de las instalaciones, lo que la obliga a buscar alternativas durante su jornada laboral, entre las 11.00 y las 19.00 horas. “Tengo que dejar a mis hijos en la calle porque no se pueden quedar dentro. Tengo que salir con [el menor, de 13 años], y se tiene que ir a un parque, con este solazo”.

Toda esta situación, asegura, va afectando a la familia. “No estoy durmiendo, tengo mucho dolor de espalda. Mis hijos están agobiados, el menor se levanta temprano y pregunta: ¿ya nos tenemos que ir? Cuando nos dieron la fecha para salir, mi hijo el mayor estaba blanco, parecía un papel, no comía. Horrible. Tampoco se concentra en sus estudios, ha repetido el curso, dice que quiere hacer una FP y trabajar. Y la trabajadora social me dice, ‘pues le tocará’”.

Un precedente que abre puertas cerradas

Para la PAH, la decisión del juzgado supone un precedente importante porque permite que sea un juez quien valore la legalidad de estas expulsiones antes de que se produzcan. “Es una vía para que no sean Caracolas, el Ayuntamiento y la empresa ASISPA quienes decidan quién va a la calle sin alternativa. Que no sean ellos quien puedan tomar esa decisión sino que lo pueda ponderar un juez nos parece importante”, dice Sonia García, de la PAH Vallekas.

“Que no sean el Ayuntamiento y la empresa ASISPA quienes decidan quién va a la calle sin alternativa, sino que lo pueda ponderar un juez nos parece importante”, dice Sonia García, de la PAH Vallekas

Según la plataforma, están privando a familias de su único alojamiento con simples comunicaciones de cese de estancia, sin dictar una resolución administrativa motivada, sin identificar al órgano competente, sin permitir el acceso al expediente y sin ofrecer una alternativa habitacional antes del desalojo. De este modo, las personas afectadas no pueden conocer las razones de la decisión ni impugnarla eficazmente antes de perder su vivienda de hecho.

“¿Cómo es posible que se deje a la gente sin tutela judicial, que decida una empresa privada sobre la permanencia o no en un recurso de emergencia de una familia, que la familia no pueda disponer de amparo judicial?”, se pregunta García. “Como no se les notifica ni se les abre un expediente administrativo al que puedan hacer alegaciones cuando les comunican la salida, la gente está en desamparo total”.

“Hasta ahora no había otra que ir a la puerta y presionar. No había más vías”, añade, y pone el ejemplo previo del caso de Amara Dosso, antiguo usuario con sus seis hijos que se negó a salir del centro y logró que le trasladaran a otro recurso del Samur Social. “Tampoco es fácil por cómo presionan, los miedos que meten a la gente cuando hay niños, es difícil hasta poner una denuncia”.

Por eso, la PAH lleva meses organizando a los usuarios del centro a través de un grupo de WhatsApp como forma de que contacten con la asamblea de vivienda. Ahora, con este procedimiento judicial, pretende abrir un debate sobre si una administración puede ejecutar estos desalojos, o si “esas actuaciones vulneran los principios básicos del Estado de Derecho y las garantías constitucionales que protegen a cualquier ciudadano, con independencia de su situación económica”.