Ayuntamiento de Madrid
Carmena sabe desde mayo que Villacís mintió cuando dijo que había dejado Iuriscontencia en 2009

El informe del Gabinete de la Alcaldía sobre la actividad de Villacís constata que la concejal siguió representando a la mercantil Iuriscontencia y se cierra diciendo que las dificultades para la imposición de una sanción a la concejala parten de que otros representantes tampoco han sido “escrupulosos” en sus declaraciones.

Begoña Villacís Vistalegre
Villacís en el acto de la campaña electoral de 2015, en Vistalegre, Madrid. David F. Sabadell

La publicación por parte de El Salto de la relación de Begoña Villacís con la mercantil Iuriscontencia provocó su cese en el Registro Mercantil como administradora solidaria de la empresa. También la elaboración por parte del Gabinete de la Alcaldía de un informe sobre incompatibilidades, deber de abstención y obligaciones con el registro municipal de intereses, que la alcaldesa tiene desde mayo de 2018.

En este informe, al que ha tenido acceso El Salto, se constata que, pese a que Villacís defiende que su presencia en el Registro Mercantil es un error y que dejó toda su relación con Iuriscontencia en 2009, cuando cesó de socia, el Gabinete de la Alcaldesa era consciente de que no fue así, ya que la candidata de Ciudadanos siguió figurando como representante de la firma en pleitos de varias ocasiones hasta 2014, tal y como adelantó este diario el 19 de febrero de 2019.

“Siempre según lo aparecido en la prensa, Villacís alega que fue en 2009 cuando se desvinculó de la empresa”, recoge el informe encargado por el Ayuntamiento, que, como fruto de una investigación interna consigna que la “concejala Villacís también aparece como letrada en ejercicio vinculada al despacho Iuriscontencia S.L. en época posterior al año 2009”.

El documento en poder del Gabinete de la Alcaldía determina que el Ayuntamiento pudo proponer al menos dos sanciones a Villacís e incluso abre la puerta a que se consigne ante Fiscalía un posible delito. Nada de esto se hizo en el periodo entre mayo de 2018 y febrero de 2019, cuando ABC publicó que la concejal ocultó tres años una sociedad patrimonial con inmuebles valorados en dos millones de euros. Izquierda Unida, presente en Ahora Madrid, ha anunciado hoy, 21 de febrero, que está estudiando llevar a la concejal a los Tribunales, porque, según la coalición: “Esconder una sociedad patrimonial de dos millones de euros no es compatible ni con ser cargo público, ni ser alguien medianamente decente”.

Poco escrupulosos

Pese a que la alcaldía desarrolla en el informe, de 15 páginas, las contradicciones de la concejal de Ciudadanos y las posibles incompatibilidades derivadas de su situación de falta de transparencia, el lacónico cierre del informe permite explicar el desarrollo del caso desde el 6 de mayo de 2018, cuando se entregó el informe, hasta esta semana: “No pueden cerrarse estas notas sin mencionar la dificultad que para la imposición de alguna sanción podría suponer el hecho de que algún otro concejal tampoco haya sido especialmente escrupuloso en el cumplimiento de sus deberes en esta materia y, sin embargo, no haya sido sancionado”.

La investigación interna del Ayuntamiento sobre Villacís da por probado que la concejal no hizo constar en el Registro Intereses municipal su relación con Iuriscontencia, que se remonta a la propia constitución de la sociedad, en febrero de 2007. Aunque el Gabinete de la Alcaldía constata que la mercantil y el Gabinete Jurídico Suárez-Valdés no han establecido pleitos contra el Ayuntamiento, las declaraciones de Antonio Suárez-Valdés, esposo de Villacís en prensa, reconociendo “que la letrada que firma la querella de UPM contra la concejala Rommy Arce, Silvia Robledo Ureña, trabaja para su Gabinete Jurídico” son anotadas en el informe.

El documento del equipo de la alcaldesa se produce por la posible concurrencia de dos causas de irregularidad: incompatibilidad y deber de abstención. Respecto a la posible incompatibilidad, se establece que la jurisprudencia es insuficiente y el Gabinete opta por considerar que “no se comprueba ninguna participación por su parte en procedimientos judiciales contra la Corporación”.

El informe sí constata que Villacís “debería haber contado con el reconocimiento de la compatibilidad por el Pleno municipal”, y que, pese a la subsnación de la deficiente declaración en el Registro de Intereses a raíz de la noticia de El Salto, esta podía ser objeto de una multa o sanción, cosa que no se ha hecho en el periodo comprendido entre mayo de 2018 y febrero de 2019.

Pero el Gabinete de la Alcaldía es más concluyente —introduciendo, cierto es, alguna salvedad— en cuanto al deber de abstención de la concejal en aquellos asuntos que traten de asuntos relacionados con la empresa de la que era administradora solidaria hasta 2018: “Lo cierto es que nada en la ley impide que pueda utilizarse la causa prevista en el apartado a) del artículo 23 de la Ley 40/2015, alegando la existencia de un interés personal en el éxito de la causa dirigida jurídicamente por letrados de la sociedad de la que era administradora”.

La falta de transparencia sobre la declaración de bienes e intereses “podría dar lugar” a otra ”sanción administrativa impuesta por la Alcaldesa con base en el artículo 78 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local”. El informe añade que “si se hubiera dado omisión o falsedad de los datos (esto es, si en la documentación presentada al Secretario General del Pleno declara que cesó en 2009 como administradora de Iuriscontencia S.L., constando en el Registro Mercantil lo contrario, podría plantearse ante el Pleno o directamente por un Grupo municipal el traslado de estos hechos a la Fiscalía por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal”.

Villacís mantuvo ante los medios de comunicación que su relación con Iuriscontencia terminó en 2009 hasta este martes, pero, posteriormente, ante la publicación de El Salto de datos que el Ayuntamiento ya poseía, la candidata de Ciudadanos reconoció a Europa Press que hizo trabajos “puntuales” para Iuriscontencia hasta 2014.

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2 Comentarios
#30849 18:25 21/2/2019

¿A qué descerebrada se le pasa por la cabeza ponerse a trabajar en una empresa con un nombre tan feísimo "Iuriscontencia"? Se lo tiene todo bien merecido!!

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H 19:41 21/2/2019

Un comentario que banaliza el rigor ético mínimamente exigible a un empleado público. Esto no va de nombres ni trabajos, va de respetar los conflictos de intereses que surgen al estar empleada en la función privada y la función pública al mismo tiempo, y por eso se supone que existe el reglamento que regula estas actividades, y al que todos los funcionarios públicos se deben.

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