Ciudadanos
Villacís ejerció de abogada de Iuriscontencia en 2014 pese a que declara que dejó el despacho mucho antes

La relación laboral de Begoña Villacís, líder de Ciudadanos en Madrid, con Iuriscontencia SL, vinculada al despacho de abogados de su marido —Antonio Suárez-Valdés—, ha continuado en los últimos años. Iuriscontencia, empresa que representa a la Unión de Policías de Madrid —que denunció el pasado año a la concejal Rommy Arce y al portavoz del Sindicato de Manteros, Malick Gueye— fue fundado en 2007 por Antonio Suárez-Valdés y Begoña Villacís, ambos como administradores solidarios.

El cese de Villacís como administradora solidaria de Iuriscontencia SL está registrado el 26 de marzo de 2018, sin que en las declaraciones de transparencia del Ayuntamiento de los años 2015, 2016 y 2017 apareciera su relación con esta empresa.

La líder de Ciudadanos en Madrid ha afirmado a ABC que su actividad en la empresa acabó mucho antes y que no se le puede asociar “ningún indicio de actividad” con la empresa. A preguntas de El Salto, cuando se publicó la información sobre su participación en Iuriscontencia SL, una persona de prensa de Ciudadanos en el Ayuntamiento afirmó que su relación con el despacho había acabado en 2009. 

Sin embargo, varias resoluciones judiciales en las que aparece su nombre como letrada desmienten a Villacís. En 2010, la líder de Ciudadanos en Madrid ejerció de abogada representando a su propio marido, Antonio Suárez-Valdés, que denunció, como administrador solidario de Iuriscontencia SL a la Unión de Guardias Civiles y a la Unión de Guardias Civiles para la Democracia, con las que había suscrito contratos para asesoría legal. 

Tres años más tarde, Villacís volvió a ejercer como letrada del despacho Iuriscontencia SL, como aparece en la propia web del bufete. En esa ocasión, era una iniciativa legal que partía del mismo despacho de abogados contra una orden del Ministerio de Interior en cuanto a normas para la clasificación y provisión de destinos en la Guardia Civil. 

En 2014, la líder madrileña de Ciudadanos volvió a ejercer de abogada de Iuriscontencia SL. Esta vez fue contra el Ayuntamiento de Madrid en un caso sobre impuestos sobre bienes inmuebles, según aparece en una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 15 de Madrid publicada también en la web de Iuriscontencia SL. 

Inmuebles por valor de dos millones

Hoy, 19 de febrero, ABC ha publicado la información de que la sociedad de Villacís y Suárez-Valdés atesora tres inmuebles valorados en dos millones de euros, uno de ellos es el domicilio de la pareja en Villanueva de la Cañada. En 2016, con Villacís ya en el Ayuntamiento, y aún como administradora solidaria de Iuriscontencia, la sociedad adquirió, según el diario de los Luca de Tena, una oficina de dos plantas de 176 metros cuadrados y una plaza de garaje en el mismo edificio. 

El diario conservador se hace eco de la noticia que adelantó El Salto el 20 de marzo de 2018, en la que se explicaba que la empresa Iuriscontencia S.L estaba detrás de la denuncia por injurias y calumnias a Rommy Arce, concejala de los distritos de Arganzuela y Usera, Malick Gueye, portavoz del Sindicato de Manteros, y Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos. En el momento de la publicación de esa exclusiva, Villacís seguía en el registro como administradora solidaria de la empresa, una semana después, El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) registraba su cese del cargo. 

Ante la publicación de El Salto, el abogado Suárez Valdés afirmó que Iuriscontencia, sociedad que compartía con Villacís, es una empresa distinta al Gabinete Jurídico que lleva su nombre. Sin embargo, ambas compartían código de identificación fiscal (CIF), domicilio y sitio web —suarezvaldes.es—. Iuriscontencia se dedica, según su propia descripción en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, a actividades jurídicas y servicios legales, especializándose en asesoramiento legal a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Después de que Villacís entregara su declaración de transparencia actualizada al Ayuntamiento de Madrid, no se produjo ninguna investigación sobre las posibles incompatibilidades derivadas del caso. Los artículos 144 y 145 del Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, y el Estatuto Básico del Empleado Público establecen las reglas del juego de los empleados públicos locales. Contempla que “su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio”. Asimismo, la ley establece que quienes ejerzan estas funciones “se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público”.

Sentencia del Juzgado Conte... by on Scribd