El Gobierno desmantela Archidona

“¿Dónde están las más de 500 personas encerradas en Archidona?” es lo que preguntaba esa semana la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) en su cuenta de Twitter, en la que se respondía: “La gran mayoría expulsadas a Argelia. Dieciocho en el CIE de Tarifa, diez en el CIE de Algeciras. 107 aún están encarceladas y una fallecida”.

Las personas migrantes que todavía seguían encerradas y a las cuales se refería la APDHA han sido deportadas a Argelia o trasladadas a Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de otros lugares, como Madrid, Barcelona, Algeciras y Tarifa.

En una nota oficial, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, declaró que ya no queda ninguna de las 572 personas en las instalaciones penitenciarias de Archidona y calificó su decisión como “una situación excepcional” y de “emergencia humanitaria”. La nota difundida expone que “el Ministerio del Interior siempre prefirió esa solución que la de levantar campamentos temporales, como se ha hecho en otros países, que no garantizaban unas mínimas condiciones dignas de vida”.

Según Europa Press, integrantes de PSOE, IU y Ciudadanos han celebrado el desalojo total de la cárcel de Archidona por medio de sus redes sociales. Alberto Garzón ha felicitado a las organizaciones y colectivos sociales que “han hecho presión” contra el uso de la cárcel de Archidona como CIE.

Los casi 60 días en los que la cárcel de Archidona ha sido utilizada como CIE han estado marcados por las continuas irregularidades denunciadas por diversas ONG y varias plataformas ciudadanas.

La cuestionable custodia ejercida por los antidisturbios, la falta de constancia en las visitas, el carácter penitenciario y la presencia de menores en las instalaciones han sido algunos de los aspectos contra los que se han dirigido las protestas. De hecho, en la tarde de ayer, otro menor dejó el centro penitenciario, pasando más de 50 días en el mismo. Con él, son diez los menores comprobados que han estado en la cárcel, algo totalmente fuera de la norma establecida.

“Resulta vergonzoso que se catalogue como medida humanitaria lo que ha sido una medida totalmente ilegal”, afirma Amanda Romero, abogada de la familia de Mohammed Bouderbala, cuyo cuerpo fue encontrado sin vida el pasado 29 de diciembre, en una de las celdas de la cárcel.

La versión oficial y los relatos de los hechos que rodean la muerte de Bouderbala no convencen a las ONG y tampoco a sus familiares, que han decido abrir una investigación paralela. La petición de Málaga Acoge ha sido archivada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Archidona (Málaga), a menos de una semana de que se presentara la solicitud y sin citar a declarar como testigo a ninguno de los internos.

Romero ve la decisión del Ministerio de Interior de la siguiente forma: “La buena noticia es que deja de haber personas en el centro de Archidona que nunca deberían haber estado ahí, pero nos sigue preocupando que el traslado dificulte el acceso a los testigos oculares de la muerte Mohmamed en caso de una posible reapertura del caso”.