“Certificado de muerte” para el Impuesto de Sucesiones de Andalucía

A partir de la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, solo tributarán aquellas transmisiones patrimoniales que superen el millón de euros por cada persona receptora. Para los ingresos de la Junta de Andalucía, suponen 83 millones de euros anuales menos.

Susana Díaz y Juan Marín
Susana Díaz y Juan Marín, durante la investidura en el Parlamento de Andalucía Junta Informa

publicado
2017-09-21 19:33:00

El bloqueo que existía en la negociación de los presupuestos autonómicos del año 2018 ha tenido como consecuencia la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones en Andalucía. Ciudadanos se negaba a dar su voto a los presupuestos del año próximo si el PSOE-A no aceptaba su condición principal en relación a este impuesto.

Hasta su reforma, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Andalucía establecía que toda aquella transmisión patrimonial por herencias que superase los 250.000 euros por cada persona receptora estaba sujeta a tributación autonómica. Tras la reforma anunciada ayer, la cuantía asciende al millón de euros. Para las arcas públicas andaluzas, este cambio significa una reducción de sus ingresos en torno a los 83 millones de euros. A nivel de la ciudadanía, si en el año 2016 unas 20.000 transmisiones estuvieron gravadas, a partir de ahora se estima que solo se van a producir, como media, 200 casos anuales.

Tras meses de polémica en torno a este impuesto y de críticas por parte del Partido Popular desde todo el Estado español, Susana Díaz, en un tono más vehemente al que acostumbra, anunciaba ayer este cambio legislativo: “Este impuesto ha sido demonizado por algunos intereses evidentes, incluso haciéndole creer a los ciudadanos que no lo pagaban, que lo pagaban. Ya no hay excusas. Lo dije en el Parlamento en julio, lo pagarían los millonarios, por encima de un millón de euros. Fin de la historia. Ahora el que quiera asfixiar y castigar a Andalucía, pues que lo explique”.

Reacciones

Las reacciones entre los partidos políticos son dispares, a excepción de Ciudadanos, que es el verdadero artífice de este cambio en la ley: “Ciudadanos ha certificado la muerte de este impuesto en Andalucía”, comentaba satisfecho Juan Marín, su portavoz en la cámara andaluza. Para unos, la práctica supresión de este impuesto ataca a los servicios públicos; para otros, la reforma se ha quedado corta. Entre estos últimos se encuentra Juanma Moreno, presidente del Partido Popular Andaluz, quien anunciaba, hace solo diez días, una nueva campaña de su formación contra el impuesto: #QueNoTeCuentenCuentos, mientras ha estado apoyando las reivindicaciones en este sentido de la patronal agraria Asaja, ATA y la plataforma Stop Sucesiones. Moreno ha explicado el alcance que considera que debería tener, que es de su supresión total: “Un hijo no debe pagar por heredar de sus padres porque ese patrimonio es suyo. Una viuda no debe pagar por heredar de su marido porque ese patrimonio es suyo, le corresponde”.

En la izquierda andaluza la opinión es diametralmente opuesta. “Vemos una derecha envalentonada y un gobierno acongojado y que está dejando que se deterioren los servicios públicos en Andalucía gracias a perder capacidad recaudatoria”, ha señalado Pablo Pérez, secretario de Comunicación de Podemos Andalucía. Antonio Maíllo, coordinador general de IU-LV-CA, ha ido más lejos y ya ha advertido que, con la práctica supresión de este impuesto, su formación no va a apoyar el proceso de negociaciones con el que Susana Díaz está intentando llevar una voz consensuada desde Andalucía, de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica. “Queríamos que mientras estuviera el debate en el grupo de financiación no se abordaran medidas de carácter parcial con respecto al sistema fiscal y tributario de Andalucía. Esa petición ha saltado por los aires. Susana Díaz ha respondido con este acuerdo con Ciudadanos que la sitúa como la presidenta autonómica más de derechas de la historia de Andalucía”, ha declarado Maíllo. Desde una perspectiva sindical, la secretaria general de CC.OO-A, Nuria López, ve la reforma del impuesto como “un error de fondo” porque rompe el concepto de solidaridad.

Consecuencias para los servicios públicos

De la mano del pacto alcanzado por PSOE-A y Ciudadanos respecto al Impuesto de Sucesiones, ha llegado el acuerdo para los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el año 2018, que sitúan el aumento del gasto público en torno al 3%. Según la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, María Jesús Montero, el aumento de la recaudación del IRPF gracias a las previsiones de crecimiento del PIB en Andalucía, también en torno a un 3 %, podrá sostener estos presupuestos “expansivos”, como definen desde la Junta.

“Esas previsiones están basadas en un escenario donde hay dos grandes incógnitas. Una de ellas es la evolución del Producto Interior Bruto andaluz; la segunda incógnita responde al modelo de financiación, los criterios con los que el Gobierno de España responde a las necesidades financieras de las comunidades autónomas. Si esas dos variables no se cumplen podríamos volver al incremento de la presión fiscal y a recortes de gastos”, advierte Andrés Navarro Galera, catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Granada. “Le falta cierta dosis de prudencia, se ha aumentado el gasto considerablemente sin tener asegurados los ingresos para cubrir ese incremento de gasto”.

Para Carlos Cruzado, presidente de Gestha, el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, “no es el momento oportuno de llevar adelante esta medida, precisamente cuando se está estudiando la posibilidad de dar una armonización del impuesto de sucesiones en todas las comunidades autónomas. Es cierto que hay unas diferencias importantes entre comunidades, pero no parece que la solución sea eliminar el impuesto, sino limar esas diferencias”. Carlos Cruzado lo tiene claro: “O hay una subida de otros impuestos, que no se descarta, o habrá otros recortes de gastos”.

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