Análisis
Se aprueba el anteproyecto de ley trans y LGBTI, ¿y ahora qué?

La ley, en un intento de no enfadar a cierto sector reaccionario, evita llamar autodeterminación a la autodeterminación y deja al arbitrio de distintas instituciones decisiones que, aunque a priori no parezcan de gran calado, son tremendamente importantes en la vida de las personas trans.

Si bien no llamar autodeterminación, y simplemente describiéndola, a la autodeterminación no tiene ningún tipo de efecto negativo en las personas trans, hay que recordar que las leyes también deben tener un sentido de reparación en cuanto a derechos de personas y colectivos históricamente oprimidos se refiere, y ahí la ley falla.

La ley establece que cada registro civil podrá decidir incluir —“podrá incluir la petición”— en el formulario de  solicitud de rectificación de la mención de sexo que se entregue a la persona, la petición de traslado total del folio registral —una especie de borrado del historial de la mención de sexo anterior a la rectificación del mismo. Una especie de cancelación de antecedentes—.

El dejar al arbitrio de cada registro civil —del encargado/a de turno— incluir (o no) la petición de traslado total del folio registral sí que tendrá efectos negativos en la persona que lo solicite. Primero porque según te toque un registro u otro, podrás tener un trato distinto, y por ende ser discriminado. Segundo, porque si no se pide dicho traslado expresamente, por no incluirlo el formulario tipo que se te entregue y por desconocer el ciudadano de la existencia de dicha posibilidad, si aparecerá el “historial“ de la mención de sexo anterior a la rectificación del mismo. Esto, según la persona afectada y según su vida, podrá tener consecuencias en cuanto a su intimidad y a la exposición de la misma a terceros.

La ley no establece una edad mínima para la hormonación en menores y cada comunidad autónoma lo regulará en virtud de sus competencias, como hace en la actualidad, pudiendo cada una concretar una edad distinta.

La ley tampoco establece una edad mínima para la hormonación en menores pero si indica que se debe asegurar al menor que así lo desee “al inicio de la pubertad”. Cada comunidad autónoma lo regulará en virtud de sus competencias sanitarias delegadas, como hace en la actualidad, pudiendo cada una concretar ese periodo del “inicio de la pubertad” en una edad distinta. Esto ocurre actualmente y mientras que Catalunya permite la hormonación en menores mayores de 13 años, Madrid solo lo hace en adultos mayores de 18. Una vez más, por vivir en territorios distintos, podremos ser discriminados en cuanto a la forma de ejercer nuestro derecho constitucional al libre desarrollo de la personalidad.

La ley debería ser clara e incluir la palabra autodeterminación, pues es lo que es; eliminar la palabra “podrá”, debiendo sustituirla por “deberá”; así como establecer un periodo de hormonación homogéneo para todo el estado, no dejando tanto espacio a la interpretación.

Sobre las personas no binarias

La ley no prevé nada con respecto a las personas no binarias. Tampoco prevé un estudio sobre cómo abordar el tema en España, como sí hacía el borrador del anteproyecto de ley antes de aprobarse en primera vuelta en el Consejo de Ministros/as, mediante su disposición adicional segunda: “Disposición adicional segunda. Género no binario. El Gobierno remitirá en el plazo de un año a las Cortes Generales un informe sobre las eventuales modificaciones normativas a emprender derivadas, en su caso, del reconocimiento del género no binario”. 

España, como ya han hecho otros países de nuestro entorno, debería hacer un estudio profundo y minucioso de cuál es la mejor fórmula de regulación de las personas no binarias para nuestro sistema binario (hombre-mujer) y poner un tiempo límite temporal para legislar este aspecto y acometer las reformas legislativas pertinentes. Hay países de nuestro entorno que han incluido un género neutro (incluyendo género “x”) como Dinamarca y otros que han decidido neutralizar su sistema binario (eliminando por ejemplo los indicadores de género en el DNI, pasaporte, tarjeta etc.) como Holanda. Otros países han hecho ambas como es el caso de Malta.

No se puede excluir a las personas no binarias de la ley LGTBI. Lo mínimo que podríamos esperar de una ley LGTBI en 2022 es que tenga una previsión concreta, con un plazo temporal concreto, para estudiar como abordar la inclusión de las personas no binarias en una estructura legal construida desde el sistema binario (hombre-mujer).

Sobre las personas asexuales y arrománticas

La ley tampoco incluye, ni si quiera su definición, a las personas asexuales y/o arrománticas. Aunque estas personas no expresan una orientación sexual propia, sí tienen su propia sexualidad (o falta de ella) y por ello son objeto de burla y de discriminación ya que nuestra sociedad presupone que toda persona debe tener una orientación o deseo sexual. La no inclusión de estas personas, aunque sea su definición y por ende el reconocimiento de su existencia, hace que tampoco se les incluya en los protocolos escolares, laborales, sanitarios e institucionales de lucha contra la discriminación.

Sobre la justicia y las personas LGTB

La ley LGTBI podría haber cogido y referenciado aspectos legales de la ley de violencia de género (‘Ley de viogen’ en adelante) para ampliar y reforzar la protección de las personas LGTBI.

No se crean juzgados especializados en derechos LGTBI, como sí se hizo con la ley de Viogen. Tampoco se prevé, por ejemplo, que ciertos juzgados asuman esas competencias especiales (aun que no se creen juzgados ad hoc por problemas presupuestarios). 

El no crear o especializar a los juzgados hará que jueces sigan copando titulares como “Descartado un delito de odio porque ‘puto maricón’, ‘chupapollas’ o ‘te voy a hacer hetero a hostias’ se dan en cualquier discusión acalorada”, con la impunidad de los agresores, y el perjuicio a la tutela judicial efectiva de las víctimas, que ello conlleva.

No se prevé crear juzgados especializados ni que que los colegios de abogados y abogadas tengan especialidades en derechos LGTBI como sí se hizo con la ley de Viogen

No se prevé que los colegios de abogados y abogadas tengan especialidades en derechos LGTBI como sí se hizo con la ley de Viogen. Tampoco es obligatorio hacer ningún curso para entender las realidades LGTBIQ y los bienes jurídicos que se violan al agredir a una persona LGTBI. Esto tendrá una consecuencia evidente: habrá profesionales de la abogacía LGTBIfobos “defendiendo“ los derechos de una persona LGTBI. Si un abogado machista, que no cree en la ley de violencia de genero, no puede defender a una víctima de violencia machista porque los colegios de abogados exigen especialización y formación al respecto, ¿por qué sin embargo un abogado que sea LGTBfobo, que considere que las personas LGTBI estamos enfermas o somos unas viciosas, si pueden defendernos? Esto no se entiende.

Tampoco se prevén cursos para jueces y juezas, fiscales y demás funcionarios de formación específica sobre derechos y realidades LGTBI+. Muchos menos se prevé su obligatoriedad. Tampoco se prevé la creación de unidades policiales especializadas en cada comunidad.

A esta falta de especialización hay que añadir que la ley no modifica el artículo 510 del Código Penal para ampliar y reforzar los delitos “de odio” cometidos contra el colectivo LGTBI. Cada juez, como vemos continuamente en prensa, interpretará dicho precepto de la forma que más se alinee con su ideología o ignorancia.

Tampoco se crean delitos especiales —como podría ser de acoso, de ataques a la a la integridad moral del colectivo y/o a nuestros sentimientos, como si se hace con los religiosos— que abarquen todas aquellas conductas que, por no ser tan graves (o tan específicos) como para ser encuadradas dentro del artículo 510 del Código Penal, quedan actualmente impunes.

No se prevé la asistencia jurídica gratuita —menos aun el acompañamiento psicológico y social— para personas que sufran ataques LGTBIfobos, con independencia de los ingresos que se tengan, como si se hace con las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos y/o personas con diversidad funcional. Esto hará que personas LGTBI que tengan ingresos, que no les permitan acceder a la asistencia jurídica gratuita, pero que no sean suficientes para costearse un procedimiento judicial tengan dudas sobre si denunciar o no.

La asistencia jurídica gratuita, incluido el procedimiento por delito leve, en casos de LGTBIfobia es tremendamente importante pues los juzgados suelen tipificar las conductas de LGTBIfobia dentro del procedimiento por delito leve, y no por el procedimiento abreviado, para el que no es necesario acudir con Abogado/a ni procurador/a. Esto hace que la víctima no sepa como recurrir dicha decisión (y solicitar que se instruya como procedimiento abreviado) y mucho menos cómo defenderse el día del juicio; elevando su sufrimiento, su revictimización y el sentimiento de soledad a la enésima potencia.