América Latina
Andressa Caldas: “Lo que vivimos en Brasil es una alerta respecto de lo que sucede ahora en Argentina”

La brasileña Andressa Caldas acaba de asumir como directora del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, ubicado en el edificio de la ex ESMA, en Buenos Aires. Caldas es activista de derechos humanos, académica y funcionaria del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela), un bloque económica nacido hace 33 años.

En un contexto como el actual, donde, sin ir más lejos, en Argentina se han puesto en cuestión los consensos más básicos de la democracia, ¿cómo ve esta situación y porque cree que se repite en distintos lugares del mundo?
Es un dato preocupante, que nos habla de una situación en la que debemos estar alertas, y de una derecha que se configura de manera distinta y que, en su actuar, es antiderechos y tiene prácticas antidemocráticas. Hay que cuidar esas conquistas que hemos logrado y que tanto nos costó conseguir, como los tratados y las convenciones internacionales; pero además de lo que está escrito, y como no se trata sólo de una mirada juridicista, tenemos que poder defender lo que hemos logrado construir como valores de nuestra sociedad. Además de reparar, hay compromisos y obligaciones internacionales que señalan que no se puede actuar de tal o cual manera, y que eso es aún más grave cuando surge de algún gobierno. Una cosa es el discurso de la libertad de expresión, pero otra es el actuar concreto de autoridades gubernamentales, que tiene que darse en el marco del Estado de Derecho.

Una de las cuestiones más polémicas, y cuestionadas, del actual Gobierno argentino, es la aplicación del llamado protocolo Bullrich, cuyo objetivo es contener la protesta social que implica el feroz ajuste que vienen llevando adelante, y que se vio de manifiesto en la represión que hubo los días en que se discutió la ley Ómnibus en el Congreso. ¿Tienen previsto llevar adelante alguna acción respecto a esto?
Lo que nosotros podemos hacer es supervisar, recibir información de distintas instancias, y articular, es decir, llevar esa información a las autoridades. Hemos creado canales de participación donde las organizaciones acercan información, pero no tenemos mandato ni competencia para accionar. Me parece que estos son los momentos en los que se pone a prueba todo ese engranaje que construimos, y que tiene que ver con poderes que deberían poder ser fiscalizados de forma interna, o sea, tanto el Poder Legislativo como del Poder Judicial deberían poder fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo. Todavía no hemos logrado construir otro tipo de mecanismo, pero están las instancias internacionales cuando se agota la posibilidad de utilizar los recursos internos, o cuando los recursos internos no responden.

Tenemos que encontrar los errores que estamos cometiendo para que los jóvenes crean que pueden prescindir de la democracia y los derechos humanos

¿A qué atribuye la propagación de los discursos negacionistas o de odio en el actual contexto? Y en el mismo sentido, hay quienes defienden la necesidad de una ley antinegacionismo, pero también están quienes señalan que lo que hace falta es seguir educando en base a lo que se denominan pedagogías de la memoria, ¿qué opinión le merece esto?
No hay una única receta, es una mezcla de eso y de otras acciones. En primer lugar, hay una tarea enorme de los defensores de derechos humanos, que tenemos que analizar y estudiar este fenómeno desde una perspectiva muy crítica, y encontrar los errores que estamos cometiendo para que, de alguna manera, los jóvenes crean que pueden prescindir de la democracia y los derechos humanos. Por un lado, tenemos que revisar nuestras estrategias de comunicación, de cultura y educación, y por el otro, en los casos más graves, evaluar sí eso no tiene que ver con herir la libertad de expresión, porque todos los derechos tienen sus límites y sus necesidades de reglamentación.

En el caso de los negacionismos, la diseminación de informaciones falsas y los discursos de odio, hay que tener una mirada desde el accionar jurídico para reprimir judicialmente, y frenar, con esas reglamentaciones, el actuar tanto de las autoridades gubernamentales como de las corporaciones que controlan el big data. Y aunque esto es urgente y más que necesario, venimos muy retrasados en su reglamentación, y en poder establecer la responsabilidad jurídica, o penal, de las corporaciones que obtienen ganancia con este negocio. Este es un fenómeno que está más que estudiado, el odio engancha y gana seguidores, y es una suerte de mercancía. Lo que vivimos en Brasil es una alerta, porque eran discursos de odio propagados por la más alta autoridad del país [el ex presidente, Jair Bolsonaro], y eso conectó con un aumento evidente y directo de la violencia, tanto moral como física; como quedó demostrado, por ejemplo, con los ataques armados en las escuelas que era un fenómeno que antes no existía en Brasil. 

“Si el museo de la ESMA no se mantiene intacto yo no continúo”

Eva Máñez

Argentina

Mayki Gorosito “Si el museo de la ESMA no se mantiene intacto yo no continúo”

Eva Máñez

Presentó su dimisión el 10 de diciembre, el primer día de Milei, pero todavía no ha sido aceptada. La aún directora del Museo Sitio de Memoria ESMA analiza la importancia de este espacio convertido en un referente mundial de la memoria histórica.

Su lugar de trabajo está ubicado en el edificio de la ex ESMA, donde por estos días, muchos de sus trabajadores viven con la amenaza latente de perder sus puestos de trabajo por recortes en el sector. Sin embargo, en estos días se supo que Milei confirmó la continuidad de María Marcela Gorosito al frente del Museo Sitio ESMA”. ¿Qué me puede decir sobre todo esto?
Bueno, primero, siendo brasileña, siento mucha emoción y una sana envidia porque en Brasil no tenemos un espacio como el de la ex ESMA, es decir, con un acumulado de políticas de memoria, verdad, justicia y reparación, que es reconocido internacionalmente. En el caso de Brasil, te puedo citar otros ejemplos, como el de las políticas anti discriminación racial, o la política de Presupuesto Participativo. Pero Argentina es conocida mundialmente por el trabajo de incorporar estas políticas de derechos humanos como políticas de Estado y me parece, obviamente, que siempre que hay cambios de gobierno, y anuncios como los que ocurrieron a fines del año pasado, hay una gran preocupación por parte de las y los trabajadores del Estado. Nosotros articulamos y dialogamos con los distintos espacios que están en la ex ESMA, en especial con el Museo de la Memoria, con quienes hemos realizado acciones para lograr que sea declarado patrimonio del Mercosur, además de Patrimonio Mundial, y para nosotros fue una una tranquilidad enorme saber que Mónica Gorosito continúa al frente del Museo. 

Lo que vivimos en Brasil es una alerta, porque eran discursos de odio propagados por la más alta autoridad del país [el ex presidente, Jair Bolsonaro], y eso conectó con un aumento evidente y directo de la violencia

¿Cuáles son los temas que trabajan en el IPPDH? 
Desde su creación, el tema que más se trabaja es el de las políticas migratorias, porque es un tema de trabajo evidente para un bloque de integración regional; las políticas de memoria, verdad y justicia, porque hay un pasado reciente común de los países del Cono Sur; y los de personas mayores, porque es un tema sobre los que viene habiendo avances importantes en relación a políticas públicas de la región. La reunión de altas autoridades sobre derechos humanos del Mercosur estableció algunas posiciones comunes con la idea de elevar los estándares de protección de los derechos humanos regionalmente. 

¿Qué implica para usted este reto?
Hoy por hoy estamos viviendo momentos cruciales en la región, y en el mundo, tanto para las democracias como para los derechos humanos y la paz, así que es un reto importante en un plazo de tiempo muy corto. La idea es profundizar y consolidar las herramientas que el Instituto ha creado sobre los temas que tenemos aprobados por los Estados para realizar acciones de investigación aplicada, procesos formativos, establecer instancias de diálogo y participación social, y campañas de sensibilización. 

¿Qué planes tiene para los próximos años?

Mi idea en esta gestión es avanzar con el impacto que tienen las inteligencias artificiales. El Mercosur aprobó, a fines de 2023, una declaración de principios de derechos humanos en el ámbito de la inteligencia artificial. Además, pretendemos hacer un intercambio entre los poderes legislativos de los países de la región, de experiencias de reglamentación sobre el tema de los discursos de odio y las informaciones falsas. Otros temas importantes que tenemos en agenda son la salud mental de niños y adolescentes en la post pandemia, un tema que los mismos niños y adolescentes, y la gente que participa de las instancias del Mercosur, ha solicitado que se trabaje. Y lo otro es el rol de las mujeres en la economía del cuidado, es decir, visibilizar algo que desde hace cientos de años está invisibilizado en la agenda pública. 

¿Qué lugar va a ocupar en su gestión la agenda de género?
Esta va a ser una gestión pública con perspectiva de género. Como organismo regional, promovemos, formulamos e implementamos políticas públicas regionales y, en ese sentido, este Instituto va a incorporar nuevas concepciones de políticas que se traducirán en una gestión con una perspectiva más colaborativa y poli gerencial, fuertemente anclada en una noción y una ética del cuidado. Por otro lado, mi experiencia como defensora de derechos humanos, y en el trabajo que realicé en este mismo Instituto, tiene que ver también con el armado de instancias de diálogo y de participación social, y eso busca fortalecer y amplificar las herramientas con la idea de construir una plataforma colaborativa para poder dar seguimiento a las propuestas que la sociedad civil viene presentando en el ámbito del Mercosur.

¿Cómo se hace para consensuar agendas de trabajo entre países con realidades tan complejas y con gobiernos tan disímiles?
He vivido distintas correlaciones de fuerzas y, en mi experiencia, la dinámica del Mercosur siempre se ha dado en el consenso, lo que fortalece las acciones y las decisiones. Ahora estamos muy contentos con la incorporación de Bolivia al bloque como Estado Parte. Obviamente, en algunas cuestiones a veces lleva más tiempo construir consensos, pero tenemos una hoja de ruta que ya fue aprobada y consensuada por los Estados; y allí, lo que se identifica, es una confluencia de intereses. Porque, más allá de las declaraciones públicas de las altas autoridades en sus discursos en las distintas cumbres de presidentes de Mercosur, marcando diferencias, fundamentalmente en el ámbito comercial, en el ámbito social hay mucha sintonía. Eso tiene que ver, primero, con que de las reuniones participan las distintas áreas de gobierno, y los funcionarios y funcionarias que trabajan en esas áreas, y que, en lo fundamental, suelen estar de acuerdo; y refuerza algo que siempre decimos medio como mantra, pero que se verifica, y es que las políticas de derechos humanos son, y deben ser, políticas de Estado, y no políticas de gobierno.

Claro, pero, y a propósito de eso, dado que los gobiernos tienen a su cargo muchos organismos y dependencias que permiten llevar adelante, e impulsar, políticas de DDHH, o, por el contrario, trabarlas o desfinanciarlas, de algún modo se torna importante el signo político de cada gobierno, no?
Sí, totalmente, pero también existe un principio de no retroactividad de los derechos, y eso no está directamente relacionado con tener o no presupuesto. De todas maneras, con cada uno de los Estados, aún con perspectivas muy distintas, hemos logrado identificar coincidencias y establecer algunas prioridades. Por ejemplo, con el anterior Gobierno de Brasil [Jair Bolsonaro], encontramos que había un interés por avanzar con la temática de protección de las personas con discapacidad, y de intercambiar experiencias con otros continentes. El Instituto tiene una diferencia con otros organismos regionales, o internacionales, y es que no es un órgano de supervisión de violaciones de derechos humanos. Desde su creación, fue pensado de esa manera para no duplicar ni superponer las instancias que existen en el ámbito regional, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), o en el ámbito universal, como Naciones Unidas, que son organismos necesarios para supervisar las situaciones concretas de violaciones a los derechos humanos. Nuestro abordaje es, justamente, tratar de construir políticas que eviten esas violaciones, y fortalezcan la democracia, los derechos humanos y la paz, en el proceso de integración regional del Mercosur.