Opinión
Cuando Hacienda embarga a tu casero, quien se va a la calle eres tú

Un casero con deudas con Hacienda, una Ley de Arrendamientos Urbanos que solo protege al propietario, inquilinos que tienen que abandonar sus casas sin motivo.

1 ago 2018 07:00

La semana pasada recibimos un burofax de nuestro casero en el que nos indicaba que necesita el piso para él y su mujer y que tenemos que marcharnos lo antes posible: “Lo ideal sería para los primeros días de septiembre [...], pero podríamos fijar como fecha tope el primero de octubre”. Qué atento por su parte ese plural en “podríamos”, porque lo cierto es que lo que nosotros queremos, nuestras necesidades, los problemas que podamos tener ahora para buscar un alquiler nuevo en Madrid no se han tenido en cuenta en ningún momento.

Mis compañeros y yo (somos cuatro) entramos a vivir en este piso el día 1 de julio de 2016, con lo que, según la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente, LAU de 2013, aún nos quedaba como mínimo un año más de contrato, hasta julio de 2019. En la carta, el casero nos indica que su mujer está enferma y que, por recomendación médica, necesitan entrar en el piso ahora, de inmediato. Sin querer poner en duda la enfermedad de su esposa, ¿por qué nos lo comunica precisamente ahora y con esta premura? Conocemos la respuesta. El propietario de nuestra casa tiene una deuda descomunal con Hacienda (de millones de euros) y esta le ha embargado el alquiler, como se nos comunicó en una carta la semana anterior. Desde el momento en que recibimos la notificación, tenemos que dejar de ingresar el alquiler en la cuenta de mi casero y pasarlo a una del Tesoro Público. La sucesión de los hechos queda por tanto así: el viernes 13 de julio Hacienda nos comunica el embargo y diez días después, el 23 de julio, mi casero nos manda el burofax pidiéndonos que dejemos el piso porque su mujer está muy enferma. Ya.

Desde el momento en que recibimos la notificación de Hacienda, tenemos que dejar de ingresar el alquiler en la cuenta de mi casero y pasarlo a una del Tesoro Público

No sabemos por qué nuestro casero debe tanto a las arcas públicas, ni nos incumbe, porque no somos jueces. Lo que sí sabemos es que, en un giro kafkiano del destino, los que nos vemos en la calle, sin tener cuentas que saldar ni con Hacienda ni con el propietario, somos nosotros, mis compañeros de piso y yo. ¿Cómo ocurre esto?

Lo de que Hacienda reclame el alquiler a los inquilinos parece que no es nuevo. Por poco que se rastree por internet, aparecen casos similares recogidos desde el año 2011. En los artículos que aparecen, desde la Agencia Tributaria se pone mucho empeño en explicar que esta es una práctica legal y que el inquilino no tiene que temer ningún reclamo del alquiler por parte de su casero. Tranquilidad, dicen. Lo que Hacienda no apunta es la desprotección absoluta en la que nos deja actuando así, puesto que nos mete en un embrollo burocrático nada atractivo y empuja a los caseros a quitarse el problema de en medio: a deshacerse de nosotros, bien para entrar ellos, como en nuestro caso, bien para meter a otros que paguen mensualmente su renta por vías más recónditas a las que a Hacienda le cueste llegar. Que paguen en negro, vamos. Y aquí paz y después gloria.

Como hemos dicho, no somos juristas, tampoco economistas, pero como inquilinos nos preguntamos: ¿No existe otra manera? ¿No podría Hacienda bloquear los contratos de alquiler cuando reclamen el dinero para evitar que la propiedad eche a los inquilinos? ¿Es justo someter a los arrendatarios a este papeleo? Según el funcionario que nos atendió: «Lo entendemos, pero la cosa está así».

Cuando supimos que no había nada que hacer con la Agencia Tributaria, nos pusimos a mirar la LAU para comprobar si podía echarnos de manera tan precipitada y nos asesoramos en los colectivos sociales por la vivienda, pero descubrimos que tampoco había nada que hacer por esta vía. Desde la reforma de 2013, la propiedad no tiene que justificar de ninguna manera los motivos por los que reclama para sí la casa. No es tuya, pagas religiosa y costosamente por vivir en ella, pero no es tuya. Si te dicen que te largas, te largas. Punto.

Desde la reforma de la LAU en 2013, la propiedad no tiene que justificar de ninguna manera los motivos por los que reclama para sí la casa

Pero sabemos, por mucha rabia que tengamos ahora porque nos haya tocado a nosotros, que esto no es un problema únicamente de mi casero. A nosotros nos echan por las cuentas que tiene con la Agencia Tributaria; a otras, para subir el precio del alquiler. El problema que afrontamos tiene raíces más profundas. La vivienda es ahora mismo un bien de cambio con el que algunos obtienen beneficio y tanto las instituciones, incluida Hacienda, por más que quiera recaudar la deuda de mi casero, como la legislación actual protegen siempre a la propiedad: a los pequeños propietarios y, sobre todo, a los grandes tenedores, que son los que tienen capacidad de verdad para meter mano en la situación actual de los alquileres. Las inquilinas quedamos en el ángulo muerto del espejo retrovisor, con lo que se intuye que estamos, pero no se nos ve.

La cuestión, por tanto, no se reduce solo a que mi casero pueda entrar cuando quiera a vivir en este piso, que es ahora nuestro hogar, es también que puedan subirnos los alquileres a su antojo, que los fondos de inversión estén expulsándonos de los barrios por la escalada incesante de precios que imponen sin ningún control y que sea tan difícil encontrar ahora una oferta de alquiler que concilie la cantidad que podemos pagar con una vivienda que esté en condiciones para vivir de manera digna. En definitiva, el problema es que, cuando nuestros intereses y necesidades (de las inquilinas) entran en contradicción con los de la propiedad, siempre perdemos nosotras. La cosa está así, que dijo el funcionario de Hacienda.

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