Opinión
¿Supermercados públicos? Pues tal y cómo deberían ser

Hay una pregunta que cada vez más familias se hacen al pisar un supermercado, ¿cómo puede ser que apenas pueda comprar producto fresco? La inflación alimentaria no ha sido una tormenta pasajera. Desde 2021, el precio de los alimentos básicos se ha disparado en España, más de un 41% mientras los salarios se quedaban atrás. Aceite, fruta, verduras, huevos, carne o pescado han dejado de ser productos cotidianos para convertirse en artículos de cálculo permanente. Millones de personas compran mirando el precio antes que la calidad, sustituyen alimentos frescos por ultraprocesados baratos o, directamente, reducen comidas.

Pero el hecho de que una parte creciente de la población se ve expulsada de una alimentación saludable no ha sido casualidad, ni efecto sólo de las crisis que vivimos. No hace falta más que ver que en ese período de tiempo las grandes cadenas de distribución siguen aumentando ventas y márgenes. No hablamos de una crisis puntual, sino de un cambio de era. Entramos en los precios caros de los alimentos básicos y aumento de márgenes para un mercado extremadamente concentrado, mientras los poderes públicos miran para otro lado. Un puñado de supermercados decide qué se produce, quién lo produce, cuánto cobra el campesinado y cuánto paga la ciudadanía, y al final la factura siempre acaba en la misma mesa, en nuestras mesas de las familias trabajadoras.

Las consecuencias son devastadoras. La mala alimentación ya no es solo un problema de pobreza, es un problema de salud pública y de desigualdad social. La obesidad, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares crecen precisamente en los barrios donde menos acceso hay a alimentos frescos y asequibles. Comer sano se ha convertido en un privilegio de clase.

Durante años, nos dijeron que el mercado garantizaría abundancia y precios bajos. La realidad demuestra lo contrario, barrios sin comercio alimentario de proximidad, desaparición de mercados municipales, gentrificación o venta de los mismos a supermercados a dos duros, dependencia absoluta de grandes cadenas y una dieta cada vez más basada en productos ultraprocesados baratos.

Cuando hablamos de supermercados públicos no hablamos de una rareza ideológica, sino de asumir que la alimentación es demasiado importante para dejarla únicamente en manos de las grandes corporaciones

Por eso ha llegado el momento de abrir un debate que hace pocos años parecía imposible: ¿y si la alimentación básica también necesitara infraestructuras públicas? Entre ellas, necesitamos urgentemente una red de supermercados públicos municipales. Cuando hablamos de supermercados públicos no hablamos de una rareza ideológica, sino de asumir que la alimentación es demasiado importante para dejarla únicamente en manos de las grandes corporaciones.

Tenemos escuelas públicas porque la educación no puede depender solo de la capacidad de pago. Tenemos sanidad pública porque la salud no puede ser un privilegio. Entonces, ¿por qué aceptamos que el acceso a alimentos saludables dependa exclusivamente de la lógica del beneficio privado? Los supermercados públicos deberían cumplir una función social. Su objetivo principal no sería maximizar dividendos, sino garantizar acceso universal a una alimentación saludable, cercana y asequible.

No se trataría de sustituir toda la distribución alimentaria privada, sino de crear una red pública capaz de garantizar un suelo mínimo de acceso digno a la alimentación

Y eso implica intervenir allí donde el mercado fracasa: en los barrios con menos oferta alimentaria, en las zonas expulsadas por la gentrificación comercial, en los territorios donde desaparece el pequeño comercio y solo sobreviven modelos basados en comida barata y ultraprocesada. No se trataría de sustituir toda la distribución alimentaria privada, sino de crear una red pública capaz de garantizar un suelo mínimo de acceso digno a la alimentación.

¿Cómo deberían ser estos supermercados?

La primera condición es clara: no pueden ser simples supermercados convencionales con un logotipo público. Deben convertirse en verdaderos hubs alimentarios comunitarios. Espacios donde exista una oferta completa de productos, pero donde la cesta básica de alimentos frescos y saludables tenga precios regulados y accesibles. Frutas, verduras, legumbres, huevos, lácteos o pan no pueden estar sometidos únicamente a la especulación y a los márgenes comerciales.

Estos supermercados públicos podrían incorporar cocinas comunitarias vinculadas a la compra pública alimentaria, escuelas, guarderías, residencias o comedores sociales

La prioridad debe ser garantizar alimentos sanos a precios justos. Además, estos espacios deberían priorizar la compra local, la producción de proximidad, el apoyo a la agricultura campesina y, progresivamente, los productos ecológicos. No como un lujo elitista, sino como parte de una transición alimentaria necesaria.

Pero el modelo debe ir mucho más allá de la venta. Estos supermercados públicos podrían incorporar cocinas comunitarias vinculadas a la compra pública alimentaria, escuelas, guarderías, residencias o comedores sociales. Cocinas capaces de elaborar comida saludable para equipamientos públicos mientras generan empleo digno y arraigo territorial.

El supermercado público debe insertase en toda una red de infraestructuras públicas que funcione con unas lógicas diferentes a las oligopólicas actuales

Además, el supermercado público debe insertase en toda una red de infraestructuras públicas que funcione con unas lógicas diferentes a las oligopólicas actuales, de esta manera se generan las sinergias y economías de escala necesarias para que el modelo pueda funcionar. Estamos hablando de centros de acopio, centrales de compra, obradores públicos-comunitarios, cocinas centrales, etc. Es necesario repensar la red de distribución alimentaria y recuperar su control público y social. La parte final de la cadena alimentaria, el lugar donde alimento y consumo se encuentran es trascendental pero no hay que olvidar el resto. Estamos hablando de hubs alimentarios al servicio del derecho a una alimentación adecuada, a las antípodas de la situación actual.

También deberían ser espacios de formación y vida comunitaria. Lugares donde aprender a cocinar, entender el etiquetado, recuperar la cultura alimentaria o desarrollar actividades educativas para niños y niñas. Porque alimentarse no es solo consumir calorías; es construir salud, comunidad y territorio.

En ese sentido, el supermercado público no debería parecerse a un hipermercado anónimo, sino a una mezcla entre mercado municipal, centro comunitario y servicio público alimentario. La gestión tampoco puede reproducir los errores de la privatización clásica. El modelo más interesante sería una fórmula público-comunitaria. El ayuntamiento definiría las reglas del juego mediante concesiones de larga duración —por ejemplo, diez años— estableciendo cláusulas claras: porcentaje de compra local, condiciones laborales dignas, presencia de productos frescos, criterios ecológicos, límites comerciales o políticas de acceso social.

Existen experiencias inspiradoras en mercados municipales y proyectos cooperativos que demuestran que otra distribución alimentaria es viable cuando el objetivo deja de ser únicamente la rentabilidad

Y la gestión cotidiana podría recaer en cooperativas o entidades comunitarias arraigadas en el territorio. No se trata de inventar algo imposible. Existen experiencias inspiradoras en mercados municipales y proyectos cooperativos que demuestran que otra distribución alimentaria es viable cuando el objetivo deja de ser únicamente la rentabilidad. Allá donde podamos recuperar un mercado municipal, hagámoslo pero sobre esta nueva perspectiva y dónde no, la administración local ha de facilitar el local, que habrá de cumplir una serie de requisitos, entre ellos, su accesibilidad.

La transición alimentaria no puede consistir únicamente en pedir responsabilidad individual a las familias mientras el sistema empuja hacia la comida basura barata. No basta con campañas educativas si después los barrios populares están inundados de ultraprocesados y carecen de alimentos frescos accesibles. Lo hemos dicho muchas veces, necesitamos infraestructuras públicas alimentarias, no sólo políticas.

Necesitamos recuperar mercados municipales. Necesitamos políticas valientes que enfrenten el poder de las grandes cadenas de distribución. Y necesitamos una red de supermercados públicos que garantice algo elemental: que comer sano no dependa del código postal ni del nivel de ingresos. Porque la alimentación no puede seguir siendo un privilegio, es un derecho y, como todos, nos toca lucharlo y conquistarlo.