Alicante
Imputan a diez activistas por intentar parar un desahucio en Alacant

Diez personas que participaron en la movilización contra un desahucio en el barrio de Nou Alacant, acaecido el 16 de julio de 2025, han recibido citaciones judiciales en el marco de unas diligencias por un presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. Entre las personas citadas se encuentra el portavoz de Esquerra Unida Podem en el Ayuntamiento de Alacant, Manolo Copé.

El propio Copé denunció aquel día que un agente de la Policía Nacional se había negado a facilitarle su número de identificación cuando se lo solicitó: “Resulta especialmente preocupante que quienes estábamos allí defendiendo pacíficamente el derecho a la vivienda tengamos que comparecer ahora ante la justicia, cuando aquel mismo día denunciamos actuaciones policiales que considerábamos absolutamente desproporcionadas y reclamamos que fueran investigadas”, explica el edil. “Somos diez las personas que hemos recibido estas citaciones, pero detrás de nosotros hay muchas más”, razona.

Copé ha recordado que reclamó a la Subdelegación del Gobierno en Alicante que diera explicaciones sobre la actuación de la Policía Nacional durante aquel desahucio, especialmente por el uso desproporcionado de la fuerza y la falta de identificación de numerosos agentes. El portavoz municipal ha insistido en la necesidad de conocer qué actuaciones se llevaron a cabo para esclarecer los hechos denunciados y si se abrió alguna investigación sobre la intervención policial. “Queremos saber qué se hizo para investigar las actuaciones policiales que denunciamos públicamente, especialmente el uso de la fuerza y la falta de identificación de agentes. No puede ponerse el foco únicamente en quienes nos movilizamos pacíficamente y dejar sin esclarecer las actuaciones policiales que denunciamos”, señala el concejal.

El desahucio que intentaron detener fue el de Roberto y Fanny, un matrimonio mayor de 65 años sin alternativa habitacional. Su piso fue vendido por el fondo buitre Promontoria Coliseum a un inversor extranjero que ya contaba con numerosos inmuebles, a pesar de que el matrimonio en situación de vulnerabilidad continuaba habitando el domicilio. La convocatoria para parar este desalojo fue realizada por el Sindicat de Barri de Carolines y el de la Zona Norte.

Este episodio no es nuevo, se suma a las multas por valor de miles de euros acumuladas por los colectivos de vivienda en su labor de defensa de derechos constitucionales

Ambos sindicatos de Vivienda denuncian a través de un comunicado que “la libertad de expresión y protesta amparaban la convocatoria, y que el sindicalismo, el apoyo a una familia vulnerable y la defensa del derecho a la vivienda no deberían ser constitutivos de delito”. Asimismo, expresan que este episodio no es nuevo, sino que “se suma a las multas por valor de miles de euros acumuladas por los colectivos de vivienda en su defensa de derechos constitucionales básicos para toda la población”.

Además, enmarcan estas imputaciones en un contexto de “aumento generalizado de la represión a movimientos sociales, en especial a los Sindicatos de Vivienda y al sector de la educación en lucha, cuyo objetivo es detener la labor de los activistas por el derecho a una vivienda digna en la ciudad”. Precisamente, en un intento de parar un desahucio en enero de 2024, diferentes activistas e incluso el portavoz municipal Copé, fueron agredidos por la policia.

El edil ha insistido en el carácter pacífico y solidario de aquella movilización: “No estábamos allí para enfrentarnos a nadie, sino para intentar evitar que una familia perdiera su vivienda”. El portavoz municipal ha querido situar el foco en el carácter colectivo de estas movilizaciones y “evitar que las citaciones judiciales desplacen el debate sobre el verdadero problema: la dificultad creciente para acceder y mantener una vivienda digna”. “Defender a quienes sufren un desahucio no debería convertirse en un problema judicial. La solidaridad no puede tratarse como si fuera un delito”, sentencia.