Agricultura
Lucha de clases en Extremadura: por un nuevo convenio colectivo en el campo extremeño

Hay que señalar la identificación de nuestras autoridades políticas regionales con el grupo que acapara buena parte de la riqueza, tierras y haciendas de Extremadura. Esta actitud del poder regional propicia los numerosos quebrantamientos de las normas laborales que se producen en el campo.

Agricultor Montejurra
Un agricultor trabajando Clemente Bernad

publicado
2019-09-20 19:21

El proceso de reconversión y concentración capitalista sigue su curso en el campo extremeño como un espacio más de la cadena de reproducción y acumulación del capital. Los acaparamientos de tierras y haciendas, con la consiguiente transformación de las relaciones de producción, vienen impulsadas por los diferentes gobiernos nacionales y regionales que avalan y amparan sus decisiones en las políticas elaboradas en los despachos europeos.

La Unión Europea, como instrumento al servicio de aquellos objetivos generales, es la batuta que orienta las normativas y presupuestos que se proyectan en la política agraria y, tienen una incidencia decisiva en la economía del mundo rural. Los diferentes aspectos que se regulan y financian se hacen con un marcado carácter clasista, tal y como se aprecia en la distribución de las ayudas y subvenciones de la Política Agraria Comunitaria que bonifican principalmente a los grandes propietarios de tierras.

Las instituciones nacionales o regionales suplementan las tendencias hacia la acumulación de propiedades y de riqueza con medidas financieras o fiscales. Así, por ejemplo, las subvenciones para adquisición de maquinarias y elementos productivos, primas, seguros, etc. se justifican en el apoyo a la agricultura en general, pero en la realidad permiten un mayor y más eficaz aprovechamiento según el rasero económico de empresarios agrícolas.

En este orden de cosas, no conviene dejar de lado los últimos acuerdos comerciales de carácter internacional que ha realizado la Unión Europea que, según las diferentes organizaciones agrarias, serán bastantes perjudiciales para los pequeños y medianos agricultores. 

De este modo, el proceso de concurrencia capitalista incide de diferente manera en las clases sociales que habitan en nuestra Comunidad. Mientras repercute negativamente en las clases trabajadoras -como ponen de manifiesto los informes y datos estadísticos que recogen durante estos años el crecimiento de la tasa de pobreza y el aumento del número de familias en el umbral de la pobreza, la marcha de jóvenes o la disminución progresiva de la renta agraria que sufren los pequeños y medianos agricultores- beneficia no sólo a empresas multinacionales sino también, muy específicamente, a un grupo de grandes propietarios y empresas agrarias, que ha ido acaparando la propiedad de tierras, centrales industriales y de transformación de productos agrícolas de nuestra región.

El proceso de concurrencia capitalista repercute negativamente en las clases trabajadoras y beneficia no sólo a empresas multinacionales, sino también a un grupo de grandes propietarios y empresas agrarias, que ha ido acaparando la propiedad de tierras, centrales industriales
El comportamiento de este grupo social minoritario es negativo y perjudicial para el desarrollo económico de la región. Por el lugar privilegiado que ocupan en el proceso de producción y comercialización, realizan contrataciones laborales, que como muchos jornaleros nos indican en las asambleas celebradas, incumplen las normativas salariales, y controlan en gran medida las producciones y precios de ciertos productos agrícolas condicionando la vida económica de los agricultores que, cada vez con mayor frecuencia, saltan a la ruina, obligados al arranque de los árboles frutales y en última instancia, a la subasta y venta de sus propiedades.

En este punto, tenemos que hacer un paréntesis para destacar la identificación política y social de nuestras autoridades regionales con este grupo acaparador de buena parte de la riqueza de la Comunidad. Este hecho identitario se traduce en la pasividad y premiosidad con la que se implican para combatir el crecimiento del caldo de cultivo social, paro, precariedad, y en general el empobrecimiento de la población Esta actitud del poder regional propicia los numerosos quebrantamientos de las normas laborales que se producen en el campo, y en las diferentes actividades productivas de bienes y servicios de la Comunidad.

Nuestros dirigentes políticos, tal y como estamos viendo estos días, prefieren discernir y practicar la retórica y las promesas en cuestiones de altura y trascendencia, antes que bajar al terreno y conocer las cosas de poca importancia que machacan diariamente a la clase trabajadora y empobrecen al mundo rural. Pero no nos confundamos, estamos en una sociedad capitalista en la que los dueños del dinero y de la riqueza controlan directamente o indirectamente todos los poderes públicos. Por lo que no nos podemos engañar y debemos tener en cuenta que las instituciones políticas están diseñadas para prestar buenos servicios a los sectores sociales que controlan los medios de producción y la riqueza, y al entramado social en él que se apoyan.

Nuestros dirigentes políticos, tal y como estamos viendo estos días, prefieren discernir y practicar la retórica y las promesas en cuestiones de altura y trascendencia, antes que bajar al terreno y conocer las cosas de poca importancia que machacan diariamente a la clase trabajadora y empobrecen al mundo rural
En definitiva, estos son organismos que, por su naturaleza capitalista, no sólo son incapaces de resolver las continuas injusticias que soportan los jornaleros y jornaleras, sino que, por acción u omisión, las reproducen. Los hechos más evidentes de todo esto son lo que hemos vivido y estamos viviendo en estos meses de verano con la negativa de las organizaciones agrarias, ASAJA y AFRUEX, para pagar los salarios aprobados por las leyes españolas o negociar el nuevo convenio del campo. Estos no son indiferentes a que una buena parte de la clase obrera agrícola encuentra empleo durante los meses de verano, en las tareas relacionadas con el tomate, las frutas y la vendimia, mientras que el resto del año tienen verdaderas dificultades para encontrar una ocupación que en la mayoría de los casos suele ser temporal y/o precarizada.
Los hechos más evidentes de todo esto son lo que hemos vivido y estamos viviendo en estos meses de verano con la negativa de las organizaciones agrarias, ASAJA y AFRUEX, para pagar los salarios aprobados por las leyes españolas o negociar el nuevo convenio del campo
Además de los bajos salarios de por sí ya establecidos en las normativas que regulan el convenio del campo o en el laudo dictado hace pocas semanas en aplicación del salario mínimo aprobado por el gobierno de la nación, cuesta mucho sacrificio y lucha conseguir que los Patronos cumplan con lo establecido en las condiciones administrativas que regulan la compra-venta de la fuerza de trabajo. No obstante, la hipocresía de los representantes de esta clase social es tal que no tienen perjuicios para difundir miserablemente la idea de que la subida del salario mínimo a 900 euros y el incremento de los jornales son los que arrastran al hundimiento del campo extremeño.

Es una petición generalizada por los jornaleros y jornaleras que se produzca una mayor intervención de los organismos públicos que intervienen en el control y vigilancia de cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normas que regulan la venta de la fuerza de trabajo, horarios, salarios, el control de la recepción de los materiales necesarios para la prevención de los riesgos laborales (con la correspondiente entrega efectiva de material), el pago de los desplazamientos a los centros de trabajo, y lo que sucede en algunos centros de transformación hortofrutícola, en los que se lleva a límites inhumanos y mercantiles hasta aquellos movimientos físicos al WC que, imprescindiblemente, deben realizar todo ser humano para satisfacer sus necesidades biológicas.

Cuesta mucho sacrificio y lucha conseguir que los Patronos cumplan con lo establecido en las condiciones administrativas que regulan la compra-venta de la fuerza de trabajo

Todas estas circunstancias ponen a las claras la necesidad de organización de la clase obrera y el desarrollo de la lucha de clases como el único modo de hacer frente a la violencia laboral que fuerza la extracción de la máxima plusvalía de la gota de sudor del jornalero/a. Ante la indiferencia de las Instituciones, una y otra vez se hacen añicos las costuras que reglamentan las condiciones legales de lo que ya es la falsa libertad de la oferta y la demanda.

Un objetivo prioritario de los jornaleros y jornaleras del campo debe ser el de conseguir un nuevo convenio colectivo del campo que responda realmente a los derechos laborales, la dignidad y las necesidades que en la actualidad tienen estas familias trabajadoras. En este sentido, según parece, después de mucho tiempo de retraso, en los próximos días se reunirán los sindicatos CCOO y UGT con las organizaciones patronales para comenzar las negociaciones del nuevo convenio laboral. 

Todas estas circunstancias ponen a las claras la necesidad de organización de la clase obrera y el desarrollo de la lucha de clases como el único modo de hacer frente a la violencia laboral que fuerza la extracción de la máxima plusvalía de la gota de sudor del jornalero/a
El convenio agrícola firmado para el período de 2016-2018 establecía que en la vendimia el salario de un eventual sería de 42,53 euros. Esta cantidad ha quedado totalmente desfasada ya que, con ella, difícilmente se pueden satisfacer las necesidades que las familias trabajadoras tienen para hacer frente a los gastos de alimentación, luz, agua, alquiler, etc. Además, para la mayoría de los jornaleros y jornaleras este empleo es temporal pues las campañas de la vendimia y la aceituna, siendo muy optimista, no alcanza por término medio los 60 o 70 días.

Las cantidades que más abajo se exponen toman como referencia el acuerdo del 5 de julio de 2018, a nivel nacional entre las organizaciones patronales y sindicatos CCOO y UGT. El acuerdo establece que ningún salario puede quedar por debajo de los 1.000 euros al mes para el año 2020.

El salario de los eventuales es por ley, de 55,14€ diarios

En base a estos acuerdos, las asambleas celebradas por trabajadores y trabajadoras eventuales han expresado algunas cantidades salariales que son imprescindibles para mejorar las condiciones de vida y de consumo. El salario de los eventuales se calcula de la siguiente manera: de las 1.768 horas divididas entre las 6,5 horas diarias, se obtiene el resultado de 272 días máximo de trabajo al año. Por lo que, para el cálculo del salario diario, teniendo en cuenta las 15 pagas del convenio, sería de 15.000 € entre 272 días, lo que son 55,14€ diarios.

En algunas poblaciones se comienza a exigir en la vendimia un salario de unos 65 euros por las seis horas y media de trabajo diario, considerando que estas tareas se realizan en unas condiciones límites, a temperaturas extremas que durante muchos días suele ser de unos 50 grados, o en horarios no habituales que comienzan a las 3 de la mañana.

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1 Comentario
#39625 20:51 20/9/2019

Que vergüenza de gobierno "socialista"sufrimos en Extremadura

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