Acuerdos comerciales
Siete advertencias sobre los acuerdos comerciales con Japón y Singapur que Bruselas pretende aprobar

Tratados comerciales con Japón y Singapur: tan importante o más que TTIP o CETA

El 18 de abril, el vicepresidente de la Comisión Europea, Jyrki Katainen, y la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, anunciaron que los acuerdos comerciales con Japón (JEFTA) y Singapur solo serán aprobados por el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo.

Japón es la cuarta economía más grande del mundo y el segundo socio comercial de la UE en Asia. Juntos mueven más de un tercio de la economía mundial, por lo que el "mayor acuerdo comercial bilateral jamás negociado" por la Unión Europea es tan importante o más que TTIP o CETA. Singapur, por su parte, es un paraíso fiscal y tiene uno de los puertos más activos del mundo conectando mercancías con más de 600 puertos en 123 países.

Los acuerdos fueron anunciados como un “éxito frente a la política agresiva” de Trump, aunque incluyen las mismas áreas temáticas que fueron negociadas con EE UU (con el famoso TTIP, por el momento en el congelador) y con Canadá (CETA, en proceso de ratificación), tales como servicios públicos, reglamentación, contratación pública, alimentación y agricultura. También está previsto liberalizar el comercio de datos, cuando el escándalo de la venta ilegal de datos por Facebook muestra sus peligros inherentes.

Los dos acuerdos podrían entrar en vigor después de su aprobación por los gobiernos nacionales y el Parlamento Europeo, en lugar de tener que esperar la ratificación de los parlamentos nacionales e incluso regionales. Esto quiere decir que Bruselas intenta imponerlos al margen del escrutinio parlamentario y público. Otro disparate antidemocrático de la política europea que trata de borrar las protestas masivas contra CETA y TTIP de la memoria colectiva.

Divide y vencerás: los parlamentos, excluidos de la política comercial

Como habíamos informado anteriormente, los acuerdos con Japón y Singapur reciben la categoría “EU-only”, lo que quiere decir que incluyen —según la Comisión Europea— solo contenidos de sus competencias exclusivas y no requieren de la aprobación por los parlamentos nacionales.

La Comisión Europea y el Consejo llevan meses discutiendo el cambio de las reglas para “negociar, firmar y concluir acuerdos de comercio de forma más rápida”. Con Japón y Singapur se aplica la nueva doctrina que consiste en separar los acuerdos entre una parte comercial y otra con las disposiciones sobre protección de inversiones, inversión en cartera y los mecanismos de arbitraje de disputas entre inversor y Estados (conocido como ISDS, por sus siglas en inglés).

Con esta artimaña, exclusivamente los gobiernos de la UE, Japón y Singapur, así como el Parlamento Europeo, tendrán la posibilidad de decidir sobre los pactos comerciales. La Comisión espera que ambos acuerdos sean firmados antes de verano y entren en vigor a mediados de 2019. Solo el acuerdo de protección de las inversiones con Singapur se someterá a la ratificación en los Estados miembros y tardará más tiempo.

Teniendo en cuenta que JEFTA incluye la cooperación reguladora que facilita la armonización a la baja de regulaciones ambientales y sanitarias, así como “listas negativas” que facilitan la privatización de servicios públicos, es muy dudoso que sea “competencia exclusiva” de la UE porque afecta a muchas competencias estatales, regionales y locales.

Es preocupante que ningún Estado miembro de la UE haya pedido que los acuerdos sean de "carácter mixto" para permitir que los parlamentos nacionales puedan estudiar, debatir y votarlos. La Comisión Europea elimina así el derecho a veto de parlamentos regionales como Valonia que bloqueó la firma del tratado comercial con Canadá en 2016.

El pacto comercial con Canadá, conocido como CETA, está siendo sometido a ratificación en todos los parlamentos nacionales de la UE y, por el momento, una mayoría de los países no lo ha ratificado. La oposición de Valonia y otras tres regiones de Bélgica, por los posibles daños del CETA a los servicios públicos, la agricultura y la justicia ordinaria, retrasó su entrada en vigor. 

Promesas incumplidas: opacidad y control corporativo de las negociaciones 

Contrario a las promesas de Bruselas, estos acuerdos se negociaron se puertas cerradas. ¿Recuerdan cuando Malmström dijo en mayo de 2017: “Me comprometo a garantizar la transparencia y la participación en todas nuestras negociaciones?”. En enero de 2018 su guión fue similar: “La transparencia es esencial para informar a los ciudadanos sobre nuestra política comercial y generar confianza en lo que hacemos”.

Puro humo. El jefe negociador de la Comisión Europea para el acuerdo con Japón ha estado en Tokio en doce visitas entre junio y noviembre de 2017. Pero la información sobre estas visitas no se encuentra en el sitio web de la Comisión. ¿Qué acordó cuando ha estado reunido con los lobbies de la “EU-Japan Business Round Table?”.

Lo que sí está claro es que las grandes empresas siguen dominando las negociaciones comerciales. En relación al acuerdo entre la UE y Japón, la Comisión Europea celebró 213 reuniones externas con lobistas. El 89% de las reuniones fue con grupos de presión que representaron a la industria y las patronales. Ni una sola de estas reuniones tuvo lugar con representantes de sindicatos, organizaciones ecologistas o asociaciones de pequeñas y medianas empresas. 

La “cooperación reguladora” como en TTIP y CETA

El JEFTA contiene un capítulo de la mal llamada “cooperación reguladora”, uno de los aspectos más cuestionados en los tratados TTIP y CETA. Esta cooperación legislativa significa adaptar o reconocer mutuamente las normas de las dos partes contratantes a fin de eliminar barreras comerciales. O sea, minimizar costes para las empresas. Se incluyen consultas sobre nuevas leyes y, por lo tanto, la capacidad de la otra parte para bloquear o retrasar leyes. El capítulo ofrece una puerta de entrada para el lobby corporativo. Por ejemplo, antes de que se apruebe una nueva ley sobre la contaminación del aire, la industria automovilística japonesa podría ver los borradores y hacer sus comentarios.

Mediante la “cooperación reguladora” se establecerán varios comités que recibirán amplios derechos después de la conclusión del tratado. Por ejemplo, podría modificar retroactivamente los anexos del acuerdo. No se garantiza un control democrático de las decisiones de estos comités por parte de los parlamentos.

Agricultura familiar, derechos laborales y medio ambiente en peligro

Para la industria agroalimentaria europea, Japón debería abrir sus mercados agrícolas para las exportaciones europeas de productos lácteos y carne. Algo que afectará muy negativamente al ya muy mermado mundo rural nipón. La pequeña agricultura familiar japonesa ve el JEFTA como una amenaza para sus mercados locales y nacionales.

La orientación de la política agraria de la UE a la exportación reduce también los ingresos de la agricultura familiar europea, que tiene que cerrar sus explotaciones por los bajos precios que se pagan. El movimiento campesino lleva décadas pidiendo un cambio de rumbo, que se apueste por el comercio justo y los circuitos cortos con productos de alta calidad que permitan la creación de valor agregado en los pueblos donde se producen los alimentos.

Si los acuerdos con Japón y Singapur entran en vigor, se llevarán por delante normas de protección social y ambiental y, muy en concreto, los esfuerzos para frenar el cambio climático. Incrementar el comercio de productos a larguísimas distancias solo consumirá más petroleo y generará más emisiones contaminantes que agravan la crisis climática.

Otra amenaza de los acuerdos es cómo se diluye el principio de precaución que establece que no debe permitirse la venta de productos cuando no se descarta al 100% un riesgo para la salud y la naturaleza. En el JEFTA, el principio de precaución no está suficientemente protegido. En relación al uso de pesticidas tóxicos, por ejemplo, se utiliza el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio (OMS), que aplica estándares mucho más bajos para evitar “barreras comerciales”. Una amenaza para la salud.

El capítulo de desarrollo sostenible del JEFTA no tiene un mecanismo sancionador, o sea que es un tigre sin dientes. Si los estados o las empresas vulneren las disposiciones de dicho capítulo, no habrá consecuencias. Además, Japón aún no ha ratificado algunas normas laborales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, como el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso y el convenio 111 sobre la discriminación en el empleo.

No somos ajenos al peligro radioactivo de Fukushima, lejos de estar “bajo control”

Siete años después de la catástrofe nuclear de Fukushima, persisten altas dosis de radiactividad que suponen riesgos para la salud humana en áreas próximas a la central nuclear y se detectan niveles letales de radiación en la planta. A pesar de ello, la Comisión Europea decidió levantar sus restricciones a las importaciones de algunos alimentos de diez prefecturas, como el arroz cultivado en Fukushima.

Bajo la denominación fukusushi, el Parlamento Europeo ha advertido contra los alimentos radiactivos que podrían llegar a Europa con la firma del JEFTA. El Comité del Medio Ambiente (ENVI) adoptó en septiembre de 2017 una resolución condenando la decisión de relajar los controles sobre la radiactividad de las importaciones japonesas de alimentos y piensos. El gobernador de Fukushima, Masao Uchibori, visitó recientemente Francia y el Reino Unido para promocionar la venta de arroz, carne de res y la fruta procesada producidos en su región.

Todavía hay millones de litros de agua, utilizados para enfriar los reactores nucleares de Fukushima tras la explotación, almacenados en tanques. Las autoridades japonesas planean verter este material en el mar lo que liberaría una enorme cantidad de radioactividad en la costa del Pacífico. Existe el peligro que peces, mariscos o algas capturados allí sean contaminados y vendidos para el consumo humano.

Después del desastre en Fukushima, Corea del Sur prohibió la importación de productos pesqueros japoneses, medida que la Organización Mundial del Comercio (OMC) declaró como “ilegal”. Aun así, el gobierno de Seúl la quiere mantener. 

La industria de automóviles exige prisas por el Brexit

El acuerdo JEFTA eliminaría los aranceles de la UE del 10% para los automóviles japoneses y la tasa del 3% para la mayoría de las piezas de automóviles. Eso podría aumentar la importación de coches a Europa y reducir el empleo en este sector, por ejemplo, en el Estado español. También eliminaría los aranceles japoneses del 30% al queso y el 15% a los vinos europeos. Asimismo, asegura el acceso de las grandes multinacionales europeas de servicios a las importantes licitaciones públicas en Japón.

Tanto Bruselas como Tokio quieren garantizar que el acuerdo entre en vigor a principios de 2019, antes de la activación del Brexit y la salida formal del Reino Unido de la UE a fines de marzo. Si se cumple este calendario, el JEFTA podría aplicarse automáticamente a Gran Bretaña durante el período de transición hasta diciembre de 2020. De lo contrario, no será así.

Y eso afectaría a los beneficios de las marcas de coches de Japón que venden gran parte de sus mercancías a la UE desde plataformas británicas. Las multinacionales japonesas han dicho que, con el JEFTA en vigor durante el periodo de transición, le daría más tiempo al gobierno nipón para establecer un acuerdo comercial propio con Gran Bretaña.

¿Y ahora qué? ¿Lo vamos a permitir?

Según los planes de la Comisión Europea, el Consejo de Ministros de Comercio decidirá en su reunión del 22 de mayo sobre los dos acuerdos, y la votación en el Parlamento Europeo podría tener lugar este año. Ahora es el momento del Congreso de los Diputados y los municipios que se declararon “libres del TTIP y CETA” como Barcelona, Zaragoza, Valencia o Madrid. Sería muy importante que exijan al Gobierno español y a los miembros del Parlamento Europeo que no aprueben los acuerdos propuestos porque afectarían la vida cotidiana de cientos de millones de ciudadanos europeos, japoneses y singapurenses.