Abusos a la infancia
Más de tres años para obtener justicia: el futuro de casi la mitad de la infancia que denuncia abusos sexuales

Sara sufrió violencia sexual por parte de su padre cuando tenía 10 años. Dos años después del comienzo de los abusos, Sara reveló en el colegio lo que le había sucedido. La causa judicial se inició un mes tras la denuncia, pero el juicio no tuvo lugar hasta cuatro años después. Al padre de Sara se le aplicó la atenuante de dilaciones indebidas y fue condenado a dos años y seis meses de prisión.

El de esta adolescente es solo uno de los 345 casos analizados por Save The Children en su nuevo informePor una justicia a la altura de la infancia. El estudio, que ve la luz este jueves 25 de septiembre, concluye que casi la mitad de los procesos judiciales (un 41%) se prologan más de tres años y en un 12,1% duran más de cinco. 

Para Catalina Perazzo, directora de Influencia y Desarrollo Territorial, esto supone un impacto en la recuperación del niño o de la niña. “Esto dificulta poder empezar a trabajar con ellos para que lo superen. Por ejemplo, si todavía no es seguro que no va a tener que volver a declarar es aconsejable que no reciba terapia todavía para que pueda contarlo”, cuenta Perazzo.

La dilación de estos procesos también impacta en la protección de la infancia: según el informe, las medidas cautelares solo llegan al 38,5% de los casos y en un 21% la medida es prisión provisional.

La dilación de estos procesos también impacta en la protección de la infancia: según el informe, las medidas cautelares solo llegan al 38,5% de los casos y en un 21% la medida es prisión provisional, la más aplicada, seguida por la libertad condicional y la orden de alejamiento.

En cuanto a la revictimización de las denunciantes, la ley de protección a la infancia (LOPIVI) incluye la obligatoriedad de realizar una prueba preconstituida, esto es, grabar el testimonio de la niña, el niño o el adolescente, para que este no tenga que repetirlo durante el juicio. El informe constata que esto sigue sin realizarse de manera generalizada: solo el 34,5% de las sentencias refleja la utilización de esta grabación. “A veces incluso que se haya grabado el testimonio no significa que no tengan que volver a declararlo en el juicio”, alerta Perazzo.

Los agresores están en su entorno

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, en 2023 se presentaron 9.185 denuncias por delitos contra la libertad sexual contra niños, niñas y adolescentes, el 42,6% del total de esta tipología de delitos. Estos datos representan solo “la punta del iceberg”, avisan desde Save The Children, ya que se calcula que solo se denuncian el 15% de estos casos. Además, según datos de la Fiscalía General del Estado, siete de cada cuatro diligencias previas abiertas en 2023 por delitos contra la libertad sexual de niños y niñas correspondieron a delitos de abuso o agresión sexual a niños, niñas y adolescentes menores de 16 años (74% del total).

Los datos recabados por Save The Children, que demuestran la envergadura de este tipo de violencia sexual, indican que en el 82,9% de los casos las víctimas son niñas o adolescentes. Además, la edad media de denuncia son los 12 años y en la mayoría de casos la que presenta la demanda es la madre (39%). En cuanto al agresor, el 98% son hombres.

En ocho de cada diez casos la persona agresora es conocida, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas y un 42% de los agresores son de la familia

Por otro lado, en ocho de cada diez casos la persona agresora es conocida, en mayor o menor grado, por los niños y las niñas y un 42% de los agresores son de la familia. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares (8%). Estos datos se mantienen con respecto al anterior informe de Save The Children de octubre de 2023, por lo que dibujan un perfil que parece constante.

Justicia especializada

En cuanto a la especialización de la justicia, algo que se detalla en la LOPIVI, queda camino también por recorrer. En 2025, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 422/2025, por el que se crean las primeras secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y adolescencia. Sin embargo, Save The Children ha constatado que tan solo se han creado tres: Barcelona, Madrid y Málaga.

Save The Children ha constatado que tan solo se han creado tres secciones judiciales especializadas en violencia contra la infancia y están en Barcelona, Madrid y Málaga

“Además, van a tener solo un magistrado por sección y no se prevé la especialización de la Fiscalía. Hace falta que todos los operadores jurídicos estén especializados y tengan todo esa mirada de protección a la infancia”, explica Perazzo. De otro lado, añade, los casos de violencia sexual contra niñas irán a juzgados de violencia de género, cuando no todos los casos se dan en el marco que establece la violencia de género, que considera que los agresores son pareja o expareja. “Esto nos preocupa, además las niñas tienen necesidades específicas”, relata la portavoz de Save The Children.

Para Perazzo, la especialización en infancia requiere un conocimiento de los derechos de la infancia y de las metodologías que se utilizan. Y pone un ejemplo: una niña de tres años no sabe explicar que ha sufrido una agresión sexual con penetración pero lo puede comunicar señalando una muñeca. “El derecho a ser escuchado requiere de una adaptación a su grado de madurez y poner los medios para que puedan expresarse adecuadamente”, concluye.