Aborto
Sanidad incorporará el aborto farmacológico a los servicios de la Atención Primaria

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que el Ministerio de Sanidad impulsará los cambios necesarios para incorporar la interrupción voluntaria del embarazo mediante el método farmacológico a la cartera común de servicios de Atención Primaria. Lo ha hecho este lunes en la inauguración, junto a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, del acto “Abortar sin barreras: del reconocimiento del derecho a la garantía efectiva del acceso”, celebrado con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. “Queremos que las mujeres que elijan este método, cuando sea adecuado para su situación, puedan acceder a él desde sus centros de salud. Con información clara, profesionales preparados y acompañamiento antes, durante y después”, ha señalado García.

Para ello Sanidad tendrá que modificar el real decreto que regula la autorización de los centros sanitarios, con el fin de adaptar los requisitos de esta prestación a los centros de salud. También iniciará los trámites para cambiar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el aborto farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Además, actualizará la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta atención en Primaria.

La ministra ha recordado que, en 2024, casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados, con una gran desigualdad territorial

García ha explicado que el Ministerio de Sanidad trabajará con las comunidades autónomas y los profesionales sanitarios para desarrollar estos cambios. “Queremos que las mujeres sepan dónde acudir, puedan elegir con información y tengan un equipo al que recurrir durante todo el proceso”, ha señalado. Y ha resumido su efecto en la vida cotidiana: “Ahorrarte un desplazamiento, saber a quién llamar si tienes una duda, sentir que hay un equipo que te conoce y te acompaña”.

La ministra ha recordado que, en 2024, casi ocho de cada diez interrupciones voluntarias del embarazo se realizaron en centros privados. Al mismo tiempo, ha destacado que algunas comunidades autónomas ya han conseguido integrar mayoritariamente esta atención en la Sanidad pública. Detrás de este dato hay que señalar también una enorme desigualdad territorial: mientras que comunidades como Cantabria, Cataluña o Baleares asumen una mayor proporción de los procedimientos directamente en sus recursos públicos, algunos territorios como Madrid y Andalucía derivan el 99% de los procedimientos a centros privados.

Los datos indican que, cuando el sector público se implica en la atención a la IVE, el porcentaje de aborto farmacológico aumenta

Durante su intervención, García ha defendido que el acceso efectivo al aborto debe estar garantizado en todo el territorio y que los gobiernos autonómicos tienen la obligación de asegurar la prestación. También se ha referido a la campaña institucional presentada recientemente por Sanidad Tienes derecho a abortar. Y a hacerlo en la pública, y ha reivindicado el respeto a las distintas formas de vivir una interrupción del embarazo: “Ninguna mujer tiene que demostrar que lo está pasando mal para que su decisión sea legítima”.

Existen dos métodos para practicar una IVE, el método instrumental y el método farmacológico. Los datos indican que, cuando el sector público se implica en la atención a la IVE, el porcentaje de aborto farmacológico aumenta, por lo que la introducción a este método se presenta como clave en el avance hacia la prestación de este servicios en la Sanidad Pública. Es lo que recoge el artículo Mejorar el acceso al aborto farmacológico en España: datos para el cambio, de la ginecóloga Isabel Serrano Fuster, que estudia la implantación del servicios en Catalunya, donde entre 2010 y 2019 el porcentaje de IVE en el sector público pasó del 0,3 % al 55 %, y Baleares, que pasó del 1% al 64%. En paralelo, los datos de Sanidad muestran que, entre 2010 y 2019, Catalunya y Baleares han pasado de usar el aborto farmacológico en un 0,5% y 3,5% respectivamente, a usarlo en un 50% y un 67% en 2019.

La reforma de la ley del aborto aprobada en 2022 tenía entre sus principales objetivos el de dar la vuelta a unos números que han sido siempre persistentes en indicar que la mayoría de los abortos se produce en clínicas acreditadas privadas mediante conciertos con la Sanidad Pública.