Opinión
Épica y picaresca en el polígono, Nou Barris
El colegio Tomás Moro de Canyelles (Barcelona) escondió las urnas de votación en el referéndum del 1 de octubre. Un vecino y activista del barrio narra en qué contexto tuvo lugar la acción.
Numerosas organizaciones sociales como la Asociación Libre de Abogados, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Etxerat, Red Jurídica o Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona han remitido un texto a los diputados en el que hablan de la situación de las personas presas en relación a la pandemia del covid-19.
Según indican las entidades, a pesar de que entre personas presas y personal funcionario ya se contabilizan un millar en observación médica o cuarentena y 238 positivos en covid-19, “ni el Ministerio del Interior ni la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados han prestado atención a la situación de las personas privadas de libertad, así como a sus familiares y allegadas” ni se han adoptado medidas acordes con los principios establecidos por los organismos Internacionales. Todo ello, señalan, a pesar de que el Defensor del Pueblo haya declarado que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa para abordar el problema del covid-19 en el medio penitenciario son “plenamente” compartidas por esta institución.
En cuanto a las medidas adoptadas hasta ahora por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, se denuncia por parte de las entidades que “no se ha facilitado el acceso a los tests a toda la población presa ni a todo el funcionariado de prisiones, no se ha diseñado ni aplicado un plan de actuación en materia preventiva y asistencial específico para las prisiones, no se ha reforzado la plantilla de personal sanitario ni se ha garantizado en todas las cárceles y a todas las personas presas los medios telefónicos y telemáticos imprescindibles para evitar las consecuencias de angustia y desinformación que viven las familias de las personas recluidas”.
Estas entidades sociales evidencian la necesidad de revocar la situación creada en las cárceles desde el 12 de marzo y exigen que “se retomen, al menos y cuanto antes, las comunicaciones por cristales con las familias y personas allegadas adoptando las medidas sanitarias oportunas y autorizando los desplazamiento de las familias y personas allegadas a las cárceles”.
Igualmente solicitan que se “retome la actividad dentro de las cárceles y con mayor necesidad aquellas dirigidas al tratamiento de adicciones, de la salud mental, el contacto para derivaciones a comunidades terapéuticas o pisos de acogida, por ser estas actividades las que dotan de fundamento a la pena privativa de libertad, según lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución”.
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