Crisis climática
La amenaza contra el clima que no viene de Trump

La Unión Europea clama contra el presidente de EE UU tras su anuncio de abandono del Tratado de París. Sin embargo, Europa y Canadá ultiman el acuerdo comercial CETA, cuyos efectos sobre el clima serán igualmente graves. 

Ilustracion Donald Trump
Donald Trump. Eduardo Luzzatti
2 jun 2017 16:39

El anuncio, anoche, de que EE UU se desvincula del acuerdo del clima de París ha consternado a los líderes europeos. Alemania, Francia e Italia ultiman una declaración pública de rechazo a la decisión de Donald Trump de no cumplir los objetivos de reducción de emisiones de gases.

El Gobierno del Reino Unido, donde el 8 de junio se celebran elecciones, no ha dado pasos después del anuncio de Trump, pero el tema se ha metido en campaña de la mano de Jeremy Corbyn. La UE, a través del presidente de la Comisión Europea, ha dicho que el continente seguirá sus pasos hacia una transición verde. Y en España… en España, como se ha dicho en Twitter, el presidente está preparando la final de la Champions.

Mientras Europa trata de sostener el apretón de manos de Trump, la política de los “negocios como siempre” se imponen sobre la retórica. Así sucede con el tratado comercial de la Unión Europea con Canadá, conocido por sus siglas en inglés como CETA. Un acuerdo por el que la Comisión ha apostado con contundencia, hasta el punto de ejercitar una presión fuera de sus competencias contra quienes se han opuesto o han dudado de los efectos que tendrá sobre su tejido productivo, como es el caso de la región belga de Valonia.

Este acuerdo con Canadá supondrá, según datos del Banco Mundial –los últimos, de 2013–, un bloque de emisiones, formado por la UE y el país norteamericano que superará los cuatro millones de kilotoneladas de CO2 emitidas a la atmósfera, solo un millón por detrás de las emisiones de Estados Unidos, el segundo país que más dióxido de carbono emite a la atmósfera, después de China. EE UU mantendrá así su liderazgo en emisiones per cápita, pero la UE, a través de su acuerdo con Canadá, mantendrá una hoja de ruta basada en los combustibles fósiles, por más que Miguel Arias Cañete haya sacado pecho tras las declaraciones de Trump.

El paripé europeo

Para Ecologistas en Acción, el anuncio de Trump es muy grave. Tom Kucharz, de la campaña contra los acuerdos comerciales de esta organización, denuncia la decisión explicitada ayer pero también en decisiones como el nombramiento de un exCEO de Exxon Mobil como secretario de Estado, la reactivación de proyectos como los oleoductos Keystone XL y Dakota Access Pipeline en tierras sioux o el Plan Energético América Primero, una apuesta decidida por la extracción y el uso son límites de los combustibles fósiles. “Decisiones que agravarán mucho más el calentamiento global que la salida del Acuerdo de París”, subraya.

Según Kucharz, “la decisión del presidente va a matar cientos de miles de personas en todo el mundo y también en Europa, Canadá y en Estados Unidos. Trump tiene vocación de genocida y usa la salida del Acuerdo de París para desviar de los problemas internos por la investigación de los contactos con Rusia”.

Pero la UE ha aprovechado la corriente de antipatía hacia Trump para seguir escondiendo las consecuencias de su proyecto con Canadá. “La Unión Europea va utilizar a Trump como coartada para seguir con su inacción e implementar políticas favorables a los intereses privados de las grandes corporaciones y las industrias más contaminantes que son igual de nefastas y genocidas que las intenciones de Trump”, denuncia Kucharz.

Cómo afecta el CETA al cambio climático

¿Es compatible el acuerdo entre Canadá y la UE con el acuerdo de París? Un grupo de diputados del Parlamento Europeo, agrupado en la campaña Descifrando el CETA dice que no: “El CETA es un obstáculo para la transición a un sistema energético, justo y democrático”.

Este grupo señala el detalle de que no hay ninguna referencia al acuerdo firmado el año pasado en París en el texto consolidado del acuerdo. Tampoco se establecen normas vinculantes respecto a la reducción de emisiones. Lo que sí establece el acuerdo es un tribunal de arbitraje público-privado –llamado ICS y heredero del conocido y criticado ISDS–. Los Gobiernos europeos o canadienses que quieran impulsar medidas de reducción de los combustibles fósiles son susceptibles de ser llevados a ese tribunal si las multinacionales energéticas reclaman indemnizaciones por no ver cumplidas sus expectativas de beneficios, incluso, el ICS puede obligar a que los Gobiernos locales o estatales cancelen las medidas que les afecten en esta materia: apuesta por las energías renovables o por circuitos de generación y distribución local incluidas.

Pero los temores van más allá de las referencias en el texto. La introducción del CETA, dicen estos diputados, abaratará –al eliminar los derechos de aduana– la importación de gas o petróleo, una medida que permitirá que no se detenga el ritmo de emisiones. El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, ha señalado en un artículo en El País que el tratado incentiva el transporte transatlántico y frenará la producción de energía limpia local.

Además, el “bussiness as usual” ha mostrado ya otro de los riesgos medioambientales del CETA, la entrada de petróleo no convencional, en forma de las llamadas arenas bituminosas o arenas aceiteras. Uno de los principales objetivos del lobby energético canadiense fue debilitar la Directiva sobre calidad de los Combustibles (FQD) con el fin de introducir este tipo de petróleo en el pack energético europeo. Las arenas bituminosas, a las que la UE ya ha dado entrada durante la negociación con Canadá, su principal productora, aumenta las emisiones de CO2 hasta un 23% más que el petróleo convencional, según el Natural Resources Defense Council.

Los principales beneficiados de este acuerdo son las grandes petroleras con intereses en este tipo de combustible no convencional, entre las que se encuentra la empresa multinacional Repsol, “muy vinculada a los intereses políticos del Partido Popular en España”, recuerda el activista de Ecologistas en Acción Tom Kucharz.

“Este acuerdo comercial es un torpedo directo a la línea de flotación de las conquistas en materia ambiental y de seguridad alimentaria conseguidas por la sociedad civil tras décadas de trabajo”, ha declarado Greenpeace, que denuncia que la armonización entre las leyes canadiense y europeas en materia de regulación medioambiental se hará a la baja, lo que supondrá un retroceso para la UE en sus objetivos de lucha contra el cambio climático.

Trudeau pisa fuerte

Con medio mundo –incluyendo gran parte de sus gobernantes– llevándose las manos a la cabeza por el anuncio de Trump, la aprobación del CETA está pasando desapercibida. El turno, ahora, es de Canadá, la otra parte del acuerdo, cuyo gobierno está ejerciendo la misma presión sobre las instancias díscolas, en este caso el Departamento de Quebec.

Este Gobierno territorial tiene potestad para decidir si ratifica o no el acuerdo. Pese a que el Gobierno federal intentará negar la autoridad constitucional quebequense en este punto, el departamento tiene potestad para emitir una ley de aplicación del tratado. Algo que postergaría la aprobación del acuerdo al menos hasta agosto.

No obstante, el Ejecutivo de Justin Trudeau intentará promulgar una ratificación exprés que devuelva el turno a la UE para que el tratado entre en vigor, de manera provisional, a principios de julio.

El objetivo de la Comisión Europea es aprobar provisionalmente el acuerdo este verano, lo que hará más difícil que descarrile el Tratado una vez eche a andar. En España, la Comisión de Exteriores tiene previsto reunirse en junio y enviar su dictamen al senado de cara al curso que viene. A finales de mayo, el bloque formado por PP, PSOE y Ciudadanos –el mismo que defiende el tratado en el Parlamento Europeo– impidió que el CETA fuese estudiado por el Tribunal Constitucional, una medida que sí se ha tomado en países como Alemania.

Manifestación este sábado

A pesar del frente común que han hecho los partidos de la Gran Coalición europea en el Parlamento español, con el apoyo de PdeCAT y PNV, la sociedad civil sigue insistiendo en que se frene el tratado con Canadá. En febrero, 3,5 millones de personas entregaron sus firmas contra el CETA al Parlamento Europeo.

Las movilizaciones no cesan, y este fin de semana una manifestación recorrerá el camino entre Atocha y el Congreso de los Diputados. La convocan grupos sociales como Attac, organizaciones agrarias como COAG, la Marea Verde y la Marea Blanca, sindicatos como CGT, CCOO, UGT y USO, organizaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Greenpeace, Amigos de la Tierra, y partidos políticos como Podemos e IU. El objetivo de la movilización es demandar la no ratificación del tratado de libre comercio entre Canadá y Europa y exponer las demandas por parte de la campaña contra este tratado.

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