Yemen
¿Está Estados Unidos en guerra con Yemen? Los demócratas exigen a Trump que responda a la pregunta

Las revelaciones de la implicación del régimen saudí en el asesinato del periodista y diplomático Jamal Khashoggi han provocado que el Partido Demócrata estadounidense ejerza presión sobre la Casa Blanca para detener la asociación con Arabia Saudí.

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Familias desplazadas por la guerra y la pobreza viven en pequeñas tiendas a escasos kilómetros de Aden. Judith Prat

publicado
2019-04-06 06:26:00

Armas, bombas, sistemas y entrenamiento: los acuerdos de la Coalición Saudí y Estados Unidos ascienden a 68.200 millones de dólares desde el comienzo de la guerra en Yemen. La investigación llevada a cabo por el Security Assistance Monitor (SAM), que aporta ese dato y fue publicada el 4 de abril, coincidió con una resolución por parte del Congreso —apoyada por la mayoría demócrata y una docena de congresistas republicanos— que insta a finalizar la “complicidad” de los Estados Unidos en la guerra de Yemen.

La decisión de la Cámara de Representantes será previsiblemente vetada por el presidente, Donald Trump, aunque demócratas y republicanos han anunciado una reunión para pedir a Trump que no ejerza esta prerrogativa presidencial por segunda vez en su mandato. Pese a que no toca la autorización de venta de armas, la resolución supone una decisión histórica, en la que por primera vez se pone en cuestión la responsabilidad por la participación indirecta en una guerra en la que se contabilizan al menos 4.700 muertes de civiles, cifra que el Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED) eleva a 60.223 en el caso de civiles y combatientes.

El trabajo de organizaciones como Peace Action y Win Without War ha sido determinante para que los demócratas hayan llevado al éxito una resolución que invoca la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que otorga al Congreso la potestad de exigir al presidente a que retire a las tropas involucradas en “hostilidades” en el extranjero si no ha habido una “declaración de guerra formal o autorización legal específica” del Congreso. La cámara de representantes pide a Trump que aclare si Estados Unidos está en guerra, ya que, de ser así, el Congreso tendría que declararla. Para ejercer su veto, Trump tendrá que explicar por qué la retirada del apoyo a la coalición formada por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos supondría un problema de seguridad nacional para el país.

Actor necesario

Formalmente, Estados Unidos no tiene tropas en Yemen, sin embargo, los movimientos contra la guerra recalcan que sin su auxilio a la Coalición Saudí sería imposible sostener la guerra. Oficiales británicos y estadounidenses están presentes en las salas donde se establecen los objetivos de la aviación saudí, como reveló a principios de la semana pasada un reportaje de la cadena inglesa Channel 4. “Llevaría décadas que el Reino [Arabia Saudí] se desenganchara de la dependencia de los equipos de los EE UU, la capacitación, el soporte y los equipos nuevos podrían no ser compatibles con los sistemas suministrados por los Estados Unidos”, explicaba el Center For International Policy en un informe reciente.

Con la votación en el Congreso —que la minoría republicana quiso boicotear incluyendo una referencia al boicot a Israel— avanza en el reconocimiento de la alianza tácita con Riad, una confluencia de intereses que comenzó con la administración de Obama y que ha seguido, guiada por la política de negocios por encima de todo, durante la presidencia de Trump. En declaraciones al portal Common Dreams, un portavoz de Peace Action, Paul Kawika Martin interpelaba al presidente: “¿Quiere continuar violando la Constitución para apoyar una intervención que induce el hambre y es responsable de la peor crisis humanitaria del planeta?”

Los contratos de las principales compañías de la industria armamentística norteamericana —Lockheed Martin y Raytheon— son el principal argumento de la Casa Blanca para rechazar cualquier resolución contra esos intereses. Tras la revelación del caso Khashoggi, Trump aseguró que, aun confirmándose la culpabilidad de Mohammed Bin Salman —príncipe heredero y responsable de la declaración de guerra a Yemen en 2015— Estados Unidos seguiría cooperando con el régimen saudí.

Incluso, una información de Reuters aseguraba que el departamento de Energía estadounidense aprobó seis autorizaciones secretas para vender tecnología y asistencia a Arabia Saudí para la construcción de dos plantas de energía nuclear. La misma información recuerda que Bin Salman ha declarado que Arabia Saudí buscará la fabricación de armas nucleares si se demuestra que Irán está buscando la fabricación de armamento nuclear.

Las operaciones con Arabia Saudí forman parte de lo que Armas Bajo Control considera operaciones “extremadamente graves” a las que se debe poner fin de manera inmediata

Como explica la web Middle East Eye, a los ataques que han conmocionado a la opinión pública internacional han seguido acuerdos que han incrementado el arsenal y la capacidad militar saudí. Al bombardeo, el 8 de agosto de 2018, de un autobús escolar, que se cobró la vida de 44 niños y diez monitores, le siguió, una semana después, un acuerdo de 344 millones para entregar un sistema de misiles Patriot a la Coalición Saudí. Ocho días después del ataque, CNN informó de que se había llevado a cabo con una bomba fabricada por Lockheed Martin.

Pero la Administración ya ha retirado el apoyo mediante reabastecimiento de combustible a los aviones saudíes, un indicio, señala Alberto Estevez, de la campaña Armas Bajo Control, de que el conflicto de Yemen es un síntoma de la creciente oposición al conflicto tras el caso Khashoggi: “Es obvio en el que cuando los demócratas han cogido este tema como bandera eso ayuda a poner el foco sobre el conflicto. La situación no tiene que ver con la de dos años atrás, cuando predicábamos en el desierto. La opinión pública empieza saber más del tema y esperamos que eso se plasme en decisiones concretas”.

España sí, Alemania no

Estados Unidos es el principal sostén de la Coalición Saudí, pero la responsabilidad por la venta de armas se extiende a otros países. Según denunciaron a finales de marzo las ONG Amnistía Internacional, Fundipau, Greenpeace, Oxfam Intermón y Save the Children, entre 2015 y junio de 2018, España autorizó exportaciones de armas a la coalición saudí por valor de 2.071 millones de euros.

Las operaciones con Arabia Saudí forman parte de lo que Armas Bajo Control considera operaciones “extremadamente graves” a las que se debe poner fin de manera inmediata. Desde el comienzo de la intervención militar hasta junio de 2018, la junta interministerial de comercio de armas (JIMDDU) ha aprobado exportaciones a Arabia Saudí por valor de 1.248 millones, y de 102,4 millones en el caso de Emiratos Árabes Unidos.

Armas Bajo Control espera que este tema sea determinante para un futuro acuerdo de Gobierno, como ya sucedió en Alemania, donde tanto los liberales y verdes como los socialdemócratas situaron como línea roja para el entendimiento la suspensión de autorizaciones de ventas a Arabia Saudí. El 31 de marzo finalizaba el primer plazo después de la moratoria y el Gobierno alemán ha decidido prorrogarlo hasta final de año, lo que ha provocado la indignación del Ejecutivo francés, ya que la suspensión alemana impide la fabricación de los Eurofighter Typhoon, compuestos por piezas de, entre otros, Reino Unido, Francia, Alemania y España.

Estevez se muestra optimista al relatar cómo el trabajo de organizaciones de la sociedad civil en Francia y Reino Unido está situando el debate sobre la venta de armas en el eje electoral. Las ONG reclaman en España un compromiso a los partidos que se presentan a las elecciones generales del 28 de abril para que cesen las autorizaciones de ventas de armas a Arabia Saudí. Tras la rectificación del Gobierno del PSOE el pasado otoño, las exportaciones aprobadas se han mantenido —aunque el Gobierno asegura que no se han aprobado nuevos permisos de exportación— pese a que, como defienden las ONG, la venta de armas a países en conflicto contraviene la legislación española e internacional.

La campaña Armas Bajo Control pide a los partidos que se presentan a las generales que se comprometan a no autorizar la venta de armas “para cometer atrocidades”, aumentar la transparencia sobre comercio de armas y mejorar el control en el comercio de armas español “a través de un sistema efectivo de control de uso final de las armas exportadas”.

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