Derecho a la vivienda
La UIP desaloja a Liomare, sus dos hijas y cuatro nietos de su vivienda en Tetuán

Calle Jerónima Llorente, 45, en el barrio de Tetuán. Cinco furgones de la la unidad de antidisturbios de la Policía Nacional han acordonado la zona desde las 7h para desahuciar a una familia. No es una escena de “En los márgenes”, la película de Juan Diego Boto y Penélope Cruz que ha llevado a la gran pantalla el drama de los desahucios, aunque hasta la calle es la misma. Es un desahucio más, muy real. Un par de horas después, los agentes antidisturbios sacaban a la familia de la vivienda, a pesar de las 50 personas que se han reunido esta mañana allí para intentar evitarlo, como lo habían conseguido en los dos intentos anteriores. “Este es el tercer intento, y se ha ejecutado”, lamenta una de las militantes de la Asamblea de Vivienda de Tetuán que ha acudido a intentar parar el desahucio. 

Liomare tiene 68 años y vivía, hasta hoy, con sus dos hijas y cuatro nietos en su vivienda en la calle Jerónima Llorente, una vivienda propiedad de la empresa inmobiliaria GM-Reo. Llevaban allí viviendo desde hace seis años, pero llegó un momento en el que no pudieron pagar el alquiler. El único ingreso que llegaba a la vivienda eran los 900 euros de paro que ingresaba una de sus hijas, insuficiente para poder pagar los gastos de una familia de siete personas, cuatro de ellas menores de edad. A día de hoy estaban intentando regularizar su situación y conseguir un alquiler social. 

Hace dos años, la empresa propietaria de la vivienda inició el proceso judicial para echar a Liomare y su familia de su casa. Hubo un primer intento en mayo, pero no lo consiguieron; un segundo en octubre, y tampoco. Desde la Asamblea de Vivienda de Tetuán señalan que intentaron que se aplicara al caso de Liomare el real decreto para la paralización de desahucios en casos de familias vulnerables aprobado con el estado de alarma del covid y ampliado en junio hasta diciembre de este año, pero desde el juzgado han argumentado que la situación de vulnerabilidad de la familia es previa al covid como argumento para no aplicarle la paralización de su desahucio.

Para el tercer intento de ejecución, el juzgado ordenó la presencia de las unidades de antidisturbios con el objetivo de asegurar que el desalojo se llevara a cabo, y, tras varios momentos de tensión, la policía ha sacado a la familia de su vivienda. “La policía ha dado empujones a los manifestantes, ha habido una movilización absolutamente innecesaria de los antidisturbios”, señala una de las personas que han acudido al lugar, 

Desde la Asamblea de Vivienda de Tetuán señalan a El Salto que Servicios Sociales ha ofrecido a Liomare y su familia una alternativa habitacional, pero muy temporal y que, además, conllevaba que se separaran, por lo que han preferido quedarse en casa de unos familiares. “Lo que ofrecen como alternativa habitacional generalmente son pisos que ceden por unos pocos meses, pero es que en este caso, además, implicaba separar a los cuatro menores”, explican desde la asamblea de vivienda. 

Otro desahucio en Vallecas

Averiguar la propiedad de la vivienda de esa familia es un laberinto, que es el que ha tenido que recorrer la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas para intentar negociar un alquiler social que finalmente no ha llegado. 

“La casa era en su día de Credifimo, de La Caixa, y fue traspasada a TDA-28”, explica Mercedes, de PAH Vallecas. TDA-28 es uno de los fondos de titulización de activos del Grupo La Caixa. “Lo que hemos hecho desde el primer momento ha sido señalar a La Caixa, incluso le enviamos el caso, y siempre nos ha dicho que no tienen nada que ver”. Finalmente consiguieron que les facilitaran un contacto de TDA-28 con quien poder negociar un alquiler social para que Elisardo y su familia puedan vivir en esa o en otra de las muchas viviendas que desde la PAH Vallekas saben que La Caixa mantiene vacías en el barrio. Pero, tras varios días hablando con una persona que supuestamente era abogado de esta entidad, cuando volvieron a llamar esta misma mañana les aseguraron que esa persona no trabajaba en esa empresa. “Nunca han querido negociar con nosotros”, lamenta Mercedes. “Prefieren tener las casas vacías a darlas en alquiler social a familias”, añade.