La “sorpresa” del cooperativismo en derecho de uso frente a la crisis de vivienda

El II Foro de Vivienda Cooperativa en Cesión de Uso, realizado en Alcorcón, posiciona esta opción, entre el alquiler y la compra, como una opción viable ante una vivienda secuestrada por los intereses financieros.
Jornada de trabajo en Axuntase.
Elena Silva Jornada de trabajo en Axuntase, proyecto de vivienda colaborativa en derecho de uso en Asturias.
8 oct 2025 10:33

"Sorpresa” fue una de las palabras más repetidas por varios de los representantes de diferentes Administraciones Públicas que participaron en el II Foro de Vivienda Cooperativa en Cesión de Uso realizado en Alcorcón el pasado sábado 4 de octubre. El salón de actos del Centro Cultural Los Pinos quedó abarrotado por 220 personas que escuchaban con interés las propuestas para abordar la crisis inmobiliaria que atraviesa el Estado español desde la alternativa del cooperativismo en derecho de uso y la apuesta por desmercantilizar la vivienda que representa este movimiento.

Precisamente, en la presentación del acto, Javier Blanco, de la Promotora del Común del Grupo cooperativo Tangente, dejaba clara la posición de los organizadores cuando aseguraba que “la posibilidad de lucro en la vivienda no debería de poder existir y menos cuando hay dinero público de por medio en alguna de sus etapas como ocurre con la Vivienda Protegida y se necesita blindar la propiedad pública de éstas durante todo su ciclo de vida”.

“La posibilidad de lucro en la vivienda no debería de poder existir y menos cuando hay dinero público de por medio en alguna de sus etapas”, sostiene Javier Blanco, de la Promotora del Común

También en la presentación, Lola Cabrera, de la coordinadora de viviendas colaborativas en cesión de uso de Madrid Coovivir, que agrupa a cerca de 15 experiencias de la Comunidad Autónoma y zonas limítrofes, explicaba las inquietudes que la juventud tienen acerca de la vivienda, dejando claro que la experiencia es que la mayoría la consideran como un derecho y que desean tener la oportunidad de habitar un hogar para vivir y no “tener” un mero lugar donde poder alojarse. No faltó un guiño a la Marea Palestina en educación, lo cual abrió la tanda de momentos de solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino a lo largo de todo el acto.

Diferentes ritmos en los diferentes niveles administrativos

Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, ciudad anfitriona del evento, explicó las dificultades que el Gobierno autonómico pone a las corporaciones locales para poder acceder a recursos del Plan Estatal de Vivienda —las Comunidades Autónomas tienen las competencias en ordenación del territorio, urbanismo y política de vivienda y los Ayuntamientos solo otorgan licencias conforme a la normativa que éstas establecen—. Según explicó, la CAM dificulta la aplicación de la Ley Estatal de Vivienda en la Comunidad de Madrid con el objetivo de desgastar al Gobierno en política de vivienda. Hace tan sólo unos meses lograron desde el consistorio recuperar la gestión de la empresa municipal de vivienda Emgiasa, en concurso de acreedores durante 12 años tras el impulso desregulador y liberalizador lanzado por el PP tras hacerse con la alcaldía en 2011.

Precisamente, Inés Sandoval, la representante de Sepes, entidad que recientemente ha cobrado gran protagonismo al serle transferidos la mayoría de activos de la Sareb, habló sobre la diferencia que hay entre España y la media Europea ya que “mientras que, en nuestro país, tan sólo el 2,5% del total del parque de vivienda es pública, en el resto de Europa ronda el 8% o  el 9% y, si durante años, no se hubiera descalificado vivienda pública, estaríamos en esas cifras”. Por ello, desde Sepes se está trabajando en dos líneas que abarcarían tanto la cooperación público-privada como la público-social —incluida en ella la público-cooperativa en derecho de uso— para poder subir el porcentaje que representa la vivienda pública en el total del parque de vivienda.

El de Rivas representa el ejemplo más avanzado de cesión del derecho de superficie a cooperativas en derecho de uso por una Administración pública en toda la Comunidad de Madrid

También hubo tiempo para conocer las políticas públicas sobre vivienda en Navarra, destacando el papel relevante que tiene en aquel territorio el derecho de uso con la reciente presentación el pasado septiembre de la iniciativa EtxeOn y en el marco de la reciente aprobación de la Ley Foral del derecho a la vivienda asequible, que reconoce como nueva figura residencial el derecho de uso, clarificando el vacío legal existente en este modelo y que ha supuesto uno de los principales hándicap para su desarrollo en cuanto a inseguridad jurídica por falta de normativa. Todo ello da buena cuenta de que esta Comunidad Autónoma se encuentra en la punta de lanza de este modelo junto con Cataluña.

Y precisamente desde Catalunya, Sostre Civic demostró en su exposición cómo desde la Economía Social y Solidaria y el cooperativismo sin ánimo de lucro se puede realizar una colaboración exitosa con las Administraciones estatales e incluso europeas, a la vez que refuerza su base social y teje redes con otras experiencias del resto del Estado para impulsar el modelo. Fruto de ello ha sido la reciente creación de la Red de Vivienda Cooperativa, sectorial de vivienda de REAS o la alianza con la Promotora del Común en Madrid y la Replazeta en Aragón para optimizar recursos y que ha dado lugar a la iniciativa La vivencial.

Cuidados, personas senior e inclusión social

Desde Rivas Vaciamadrid, el último de los territorios con representación de instituciones en las jornadas, se reivindicó el proyecto Cohabita Rivas que ha dado lugar a tres cooperativas senior (La Corrala, Taray y Cosmos), si bien el camino desde el año 2019 ha sido accidentado por lo novedoso del modelo y las dificultades administrativas que quedaron patentes, al igual que en el caso de Alcorcón, cuando tratan de explicar lo procedente de estos proyectos a secretarios e interventores del Ayuntamiento que, en el mejor de los casos, no encuentran apenas referencias donde sustentar las actuaciones debido al insuficiente desarrollo normativo del modelo y presentan reparos.

El de Rivas representa el ejemplo más avanzado de cesión del derecho de superficie a cooperativas en derecho de uso por una Administración pública en toda la Comunidad de Madrid y muestra un salto de escala en el municipio ya que, en palabras de su concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmín Elena Manjí, “las mismas generaciones jóvenes que llegaron a Rivas para vivir en cooperativas como Covibar o Pablo Iglesias, ahora profundizan en el modelo cooperativista de vivienda mediante el derecho de uso”. Aquellas cooperativas funcionaron jurídicamente como tal tan solo en la fase de construcción y se disolvieron en el momento de entrar a vivir, mientras que la propiedad de las viviendas en derecho de uso es siempre de la cooperativa.

Desde Jubilares se explicó el modelo de cuidados no institucionalizados que representa el modelo senior, donde existe un enfoque comunitario centrado en la persona y en su autonomía y que fomenta relaciones de apoyo mutuo a la vez que respeta la dignidad e integridad de la persona, no cayendo en la desvalorización a la que somete el modelo productivo a las personas en el momento en que, precisamente, dejan de producir.

Este modelo podría ser extensivo a otros colectivos de personas en situación de dependencia y que, por tanto, requieran cuidados. Un ejemplo de ello es Ca l'Ordit, proyecto de la Cooperativa Sostre Civic en un solar cedido por el Ayuntamiento de Barcelona y que supone un ambicioso experimento de inclusión social de personas con discapacidad intelectual y que puede representar una alternativa y un ejemplo novedoso de cómo replantearse la discapacidad por parte de Administraciones, colectivos de implicadas y familiares, y la propia sociedad. Con ello, se podría hacer efectiva su inclusión comunitaria mediante acompañamiento de profesionales o directamente de familiares tanto residentes en el proyecto como no —dependiendo del grado de necesidad de cuidados y apoyo—, con lo que se podría llevar a cabo el mandato legal y de la ONU de que los poderes públicos deben velar por la inclusión social de estas personas.

Las casas para quien las habita

La importancia de poner en el centro del proceso a las personas que habitan las viviendas y a las comunidades que se conforman y que sea la arquitectura quien se adapte a las necesidades de éstas es un nuevo paradigma que permite cambiar el foco de lo que es importante en los edificios y las ciudades, valorando la diversidad en lugares altamente uniformizados.

En palabras de Rubén Méndez, de REAS Vivienda, “éste se trata de un modelo versátil en el que cada cual intenta adaptarlo a sus necesidades ya que no hablamos solo del problema de la vivienda, sino que es capaz de abordar otras problemáticas y crisis que también venimos arrastrando”. En definitiva, la idea es que según se vaya visibilizando el modelo, diferentes colectivos o sectores vayan haciéndolo suyo y dándole forma según sus necesidades particulares. Para Inés Sandoval, se trata de “ganar en salud”, cosa difícilmente cuantificable y más en sociedades con mentalidad mercantilista, ya que este modelo puede además contribuir a solucionar problemas relacionados con la salud mental, la soledad no deseada, la dependencia, la conciliación o la sostenibilidad, problemas todos ellos de gran calado y difícil solución en el mundo en el que vivimos.

Al ser un modelo participativo, es importante el acompasamiento entre Administraciones Públicas y personas interesadas cuando haya colaboración público-cooperativa ya que puede pasar que las Administraciones ocupen un lugar demasiado preponderante, sin tejido social detrás, y queden las licitaciones desiertas y dé la sensación de que no hay interés, cuando lo que quizá no había era organización o realmente solo había intereses electoralistas detrás.

Poder inquilino, poder cooperativo: coordinando luchas por la vivienda

En el apartado de movimientos sociales que acompañaron el evento, se encontraba el Sindicato de Inquilinas/os de Madrid que expuso como actualmente “prima la función económica de la vivienda frente a la social” y cómo organizarse en medio de un sistema que “mercantiliza los medios básicos que reproducen la vida” para “tener estabilidad, lo que no implica necesariamente propiedad”, cosa ésta que desde la mentalidad propietaria se ha hecho ver que son sinónimos y una meta a alcanzar.

Ejemplo reciente de esta organización inquilina fue la constitución como bloque en lucha de la Casa Orsola cuando, tras ser adquirida por el fondo buitre Lioness SLU, pretendió no renovar el contrato de 26 viviendas y cuatro locales comerciales a sus ocupantes. Tras la presión popular, terminó siendo adquirida por el Ayuntamiento de Barcelona y la fundación Hàbitat 3. Pero además de la presión hacia las Administraciones Públicas, también puede existir la autogestión de bloques en lucha y es ahí donde se pueden producir sinergias con el cooperativismo en derecho de uso ya que, mediante la adquisición de ese bloque, se puede producir la cooperativización del inmueble. Quizá sean más conocidas las luchas del sindicalismo laboral colectivizador del periodo 1936-1939 en el Estado Español o el movimiento de empresas recuperadas de Argentina, si bien en el sindicalismo inquilino es aún una alternativa poco explorada, pero que representaría su equivalente.

Y es que “los conflictos inquilinos son problemas parciales que no cuestionan el problema final”, que es el rentismo, la mercantilización y, en último lugar, también el capitalismo. En definitiva, el ideal sería buscar métodos de autogestión y apoyo mutuo que creen una red que permita, no sólo actuar en un edificio, sino tener recursos para poder generar contrapoderes y perder dependencia a la vez que se genera presión sobre las Administraciones Públicas.

Como propuestas en este sentido, además de las intervenciones del Sindicato de Inquilinas/os, Juan Garibi, de Fiare Banca Ética, propuso que “dado que las políticas públicas deberían ser para los colectivos que lo necesitan y no para todo el mundo puesto que deberían estar al servicio de reducir las desigualdades, en vez de dar vivienda protegida a gente que tuviera recursos, se podría hacer un trueque y que su vivienda pasase a una bolsa pública”, con lo que todo el mundo podría acceder a este modelo aunque tuviera recursos, pero con esa condición.

Las jornadas concluyeron agradeciendo a todas las personas que hubieran colaborado en poder soñar en cómo queríamos que fuera el futuro de la vivienda cooperativa en cesión de uso, si bien se hizo un llamamiento a la solidaridad con Palestina para que también puedan soñar su futuro y tener dónde vivir en paz.

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