Derecho a la vivienda
El Sindicato de Inquilinas frena temporalmente el desahucio de una mujer y su hija en el Barrio del Pilar

Las activistas del Sindicato de Inquilinas de Madrid lo han vuelto hacer: durante la mañana del viernes consiguieron frenar con éxito el desahucio de una mujer y su familia en el piso número 35 de la Calle Isla de Arosa, en el Barrio del Pilar, situado en el noroeste de la periferia madrileña. La Policía, al encontrar a las puertas del inmueble a más de cincuenta personas congregadas por el Sindicato, entre ellas activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y una decena de vecinas del barrio, se vio incapaz de montar un dispositivo y ejecutar definitivamente el desalojo. 

Se trata, no obstante, una victoria agridulce ya que la Comisión Judicial ha determinado que la afectada tan solo dispone de una semana antes de que vuelvan a intentar expulsarla forzosamente de la casa donde lleva residiendo más de seis años junto a su hija de 15, a la que cuida sola, y su madre de 72. De ejecutarse finalmente el desahucio, Verónica pasaría a engrosar la alarmante lista de más de 20.000 familias desahuciadas entre el transcurso del año pasado y lo que llevamos de 2024.

Su contrato terminó y la casera, al formalizar uno nuevo, decidió incrementar en una friolera de 300 euros su precio mensual, algo que encuentra amparo en la Ley de Vivienda

Verónica lleva pagando sin falta su cuota de alquiler todos los meses desde que arrendó por primera vez la vivienda a su casera, quien vive en el Reino Unido y ocupa un alto cargo en una empresa tecnológica, por lo que supuestamente utiliza esa vivienda para maximizar sus beneficios ya de por sí elevados a costa de varias personas que podrían quedarse en la calle en cuestión de días. El salario de la inquilina, 1.400 euros mensuales, le permitía cumplir con los requerimientos de pago exigidos por la propiedad, pero llegado el año pasado su contrato terminó y la casera, al formalizar uno nuevo, decidió incrementar en una friolera de 300 euros su precio mensual.

Por desgracia, este aumento a todas luces desproporcionado y abusivo encuentra amparo legal en la actual Ley de Vivienda, que en su momento se diseñó precisamente para proteger a las familias de las ansias especulativas de los propietarios adinerados, en la práctica actual sigue dando cabida a aumentos desorbitados de precio en los contratos de arrendamiento. Por tanto, como alegan desde el Sindicato de Inquilinas, las vecinas como la afectada se hallan “completamente desprotegidas y en el precipicio del desahucio invisible” cuando se disparan los precios prácticamente de un día para otro. Laura, integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), denuncia que “este tipo de desigualdades y abusos llevan consigo la concentración del capital cada vez en menos manos, con una población muy empobrecida y otra que sencillamente vive sacándoles las rentas sin aportar ningún valor añadido a la sociedad”.

Tampoco ha podido respaldarse en la antes prometedora ampliación de la moratoria de desahucios que el Consejo de Ministros aprobó por Decreto Ley el pasado  27 de diciembre, que aprobada la suspensión de los desahucios contra personas sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2024. A través de esta ley de hipotética protección a personas y colectivos vulnerables, entre los que se incluye a personas con desempleo, con algún miembro de la familia con discapacidad o en situación de dependencia, se establecía que ninguna persona en tales situaciones podría ser desahuciada por impago del alquiler. Tal y como explica Alberto, del Sindicato de Inquilinas que acudió a la acción antidesahucios en El Pilar, “Esta mujer cumple con todos los criterios de vulnerabilidad porque tiene a su cargo a la vez a una hija a su cargo y a una persona mayor”. 

Para acreditar su vulnerabilidad y poder acogerse a la moratoria de desahucios, la afectada debe notificar a Servicios Sociales, pero estos dicen necesitar una carta del Juzgado para poder elaborarlo

Para acreditar su situación, la inquilina debe notificar mediante un informe de los Servicios Sociales que se encuentra en situación de vulnerabilidad y que, por tanto, puede acogerse a la medida impulsada por el Gobierno. Sin embargo, los propios Servicios Sociales afirman necesitar una carta del Juzgado que solicite dicho escrito para poder elaborarlo. Esta disparatada pero tristemente injusta descoordinación entre Juzgado y Servicios Sociales es la que hoy impide que los derechos de Verónica, entre ellos el del acceso a una vivienda digna, se estén violando reiteradamente. 

En el caso de la mujer, además, se añade el hándicap de que la casera aplicó en el momento de la firma contractual una cláusula abusiva que ha complejizado todavía más su lucha por quedarse en su hogar: “La inquilina no puede recurrir a la Justicia para dirimir posibles desacuerdos con la propiedad sino que sólo puede someterse a un recurso de arbitraje en el que ya no es un juez el encargado de determinar el desahucio sino un árbitro especializado en la materia”, explica Lucas, también miembro del Sindicato, quien denuncia la situación de desamparo a la que Verónica está abocada puesto que “estos procedimientos no contemplan ningún tipo de garantías procesales, no puede solicitar Justicia gratuita, sólo conceden siete días naturales para reaccionar cuando llega la demanda y todo un cúmulo de circunstancias que impiden que pueda defenderse de manera igualitaria y justa con la propiedad”. Esto la sitúa en una posición de desventaja legal con respecto a la propietaria del piso ya que se le niega de antemano la potestad de defenderse por vía judicial, solo burocrática.

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Ante la inminencia del desahucio los servicios sociales no han dado otra solución a la mujer que, como declara Lucas “ irse a vivir a una habitación ella y su hija y que la madre ingrese en una residencia para la tercera edad” lo que supone dividir a la familia “con todas las violencias que ello conlleva”. En estos momentos en los que las grandes ciudades se hallan cada día más inasequibles y, por ende, inhabitables debido al disparo en los precios de la vivienda en el centro, tampoco encuentran forma de mudarse a otro barrio de Madrid  ya que “no logra superar los ridículos requisitos que las agencias inmobiliarias y los caseros han normalizado en los últimos años”, explica el activista.

El caso dramático de esta vecina del barrio del Pilar pone en evidencia la pervivencia de un sistema fallido en asegurar el bienestar ciudadano y garantizar que las necesidades básicas de las familias pueden cubrirse. Alquilar se ha convertido en un lujo al alcance de unos pocos con un elevado poder adquisitivo y esto ha derivado actualmente, como indica Laura, en que “ la gente es expulsada del sistema estándar y legal de vivienda, es realmente imposible acceder a un alquiler de mercado”. Esto desemboca a menudo en que los ciudadanos busquen alternativas irregulares o ilegales de habitabilidad: “ compartir piso, subarrendar una habitación para pagar la renta, vivir en viviendas sin cédula de habitabilidad, trasteros y todo este sinhogarismo sumergido e invisible que supone volver con los padres o vivir en el sofá de alguien”, expresa la activista. A consecuencia de la inviabilidad de vivir a precios acordes con los salarios de los trabajadores, se ha producido con el tiempo un traspaso del mercado estándar regularizado a otro cada vez más extendido, es ilegal y sumergido.