Derecho a la vivienda
La propuesta del PSOE que premia a los fondos buitre, una nueva ‘inocentada’ del Ministerio de Vivienda

Los grandes fondos de inversión se instalaron en España gracias a la venta de vivienda pública a precio de saldo por parte de gobiernos del PP y una legislación a su medida. Ahora, que su presencia se ha convertido en un problema, con precios abusivos y cláusulas ilegales para aumentar sus beneficios, el Ministerio de Vivienda dirigido por Isabel Rodríguez (PSOE) ha admitido que algo hay que hacer, aunque la medida propuesta no ha gustado especialmente. 

Este 3 de noviembre, el PSOE ha registrado una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades para dar beneficios fiscales a los fondos de inversión que transmitan vivienda para alquiler asequible o social. La reforma, según Europa Press, tendrían carácter retroactivo a partir del 1 de enero de 2025 y plantea eximir del impuesto a las rentas positivas obtenidas con las transmisión “a título lucrativo” —sin contraprestación— de bienes inmuebles que se destinen a vivienda asequible o alquiler social del Ministerio de Vivienda. La motivación no es otra que impulsar la oferta de vivienda asequible, afirman desde el Ministerio, apoyándose en los fondos de inversión, unos agentes del mercado que han impulsado los precios del alquiler a niveles nunca vistos, según señalan los sectores críticos.

La indignación de las organizaciones de vivienda y la oposición parlamentaria de izquierdas ha sido inmediata, aumentando la presión contra un Ministerio cuestionado por su inacción ante la crisis de vivienda.

El anuncio llega apenas una semana después del escándalo producido por el lanzamiento de una campaña del Ministerio que incluía un vídeo en el que tres personas mayores situadas en el año 2050 compartían piso desde hacía 30 años, precisamente por las políticas defendidas por el Gobierno de coalición, según señalaba Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid. El lanzamiento, días antes, de una línea telefónica con el número 047 —el del artículo de la Constitución que blinda el derecho a la vivienda— y la oposición del PSOE a iniciativas legislativas de Podemos y Sumar para frenar la espiral alcista ha alimentado las demandas de dimisión hacia la ministra Rodríguez. 

Para el Sindicato de Inquilinos de Madrid, la reforma de la Ley de Impuesto de Sociedades solo se puede entender de una forma: Mari Carmen, mujer de 87 años que ha conseguido aplazar su desahucio en Madrid la semana pasada gracias al apoyo popular, “va a tener que pagar más impuestos” para que el Estado dé más privilegios fiscales “a quienes quieren desahuciarla”.

La portavoz de los Comuns (Sumar), Aina Vidal Sáez, coincidía con las críticas a Rodríguez: “Hoy no es 28 de diciembre, ministra”

La eurodiputada Irene Montero, de Podemos, volvía a cargar contra la ministra del PSOE: “Después del teléfono y el anuncio deseando que tengas casa llega regalar dinero público a los fondos buitre: lo que no te roban de alquiler se lo regala el Gobierno de tus impuestos. La solución no es facilitar la especulación, es la expropiación”.

Quique Villalobos, portavoz en tema de vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), incidía en el contraste entre las facilidades dadas a los grandes fondos y el abandono fiscal de los sectores populares: “Cambiar la fiscalidad de los fondos buitre sí, pero cambiar la fiscalidad de la rehabilitación para que a las familias de rentas bajas no les quiten los complementos ni las crujan en la declaración de la renta, eso no se puede. Y así desde hace cinco años”.

La exdirigente de Podemos y abogada de CAES experta en vivienda Alejandra Jacinto señalaba en redes sociales la inconsistencia de la propuesta: “El PSOE propone ayudar fiscalmente (más) a los fondos buitre para que alquilen barato. A los fondos buitre no hay que “ayudarles” hay que freírlos a impuestos hasta que se vayan”.

La portavoz de los Comuns (Sumar), Aina Vidal Sáez, coincidía con las críticas a Rodríguez: “Hoy no es 28 de diciembre, ministra”. Una formación que en Catalunya está empujando, junto con las CUP, para que el Gobierno socialista de Salvador Illa lance una ley que “prohíba la compra especulativa” de vivienda. Unas medidas que también contarían con el apoyo de ERC y que el Gobierno del PSC admitió que está estudiando.

“Es imprescindible limitar las compras de vivienda que tienen un puro interés especulativo. Queremos que la compra de vivienda solo pueda ser para vivir una persona o familiares directos o por una segunda residencia fuera de los municipios donde se reside”, declaraba Candela López, portavoz de Comuns.