Derecho a la vivienda
La Plataforma de inquilinas de Mérida convoca una concentración este jueves por el precio de los alquileres

La pasada semana, a raíz de las protestas por la vivienda que han sacudido el país (y provocado que se convoquen elecciones anticipadas) se constituyó la Plataforma de inquilinas de Mérida. El movimiento por la vivienda emeritense ha convocado este jueves una concentración para protestar por el derecho a la vivienda y contra “el abusivo precio de las casas y los alquileres” como ya hizo las semana pasada, en un acto al que acudieron cientos de personas. Bajo el lema “el alquiler se come mi sueldo, acabemos con el rentismo” la protesta tendrá lugar el jueves a las 20:00 en la Plaza del Rastro, frente a la Delegación de gobierno (junto a Plaza de España). La Plataforma de inquilinas de Mérida explica que la manera más efectiva de luchar contra este problema social es organizarse, acudir a las asambleas locales por la vivienda y practicar el apoyo mutuo, por ello anima a los emeritenses a unirse a la Plataforma tanto para resolver sus problemas de alquiler o con sus caseros como para ayudar a quienes lo necesiten. Este miércoles se ha anunciado que la Huelga general por la vivienda, será el miércoles 11 de noviembre, convocada por el Sindicato de inquilinas, los sindicatos CGT, CCOO y UGT ya han anunciado que se sumarán.

Desde la Plataforma explican que la vivienda ha supuesto una crisis equivalente a la de 2008, al especular con un derecho fundamental como es la vivienda, tal como entonces se especuló con el suelo y la construcción. Declaran que “sectores privados tratan ahora de hacer negocio con algo tan esencial como la vivienda, como antes lo hicieron tratando de privatizar la sanidad pública y la educación o con la subida de precios de la comida y la factura de la luz en 2023”. Afirman que la crisis de la vivienda nos atraviesa a todos, “independientemente de nuestra edad o de que seamos de izquierda o de derecha, y trunca especialmente el futuro de millones de personas, por la subida artificial del precio del alquiler promovida por los fondos de inversión y los grandes propietarios”.

Más allá de los dos decretos presentados la semana pasada, que califican de necesarios pero insuficientes, y que finalmente no fueron aprobados, la Plataforma de inquilinas de Mérida se suma a las exigencias del Sindicato de inquilinas y del resto de sindicatos de vivienda del país. Así, exigen al Gobierno el fin definitivo de los desahucios (y no el mero aplazamiento a 2028) y la derogación de la “Ley mordaza” que permite algunos de ellos. Piden también el alquiler indefinido (renovación automática), la regulación de los precios de los alquileres, que incluso en ciudades como Mérida han subido 150 euros de medía en los últimos 4 años, por lo que también reclaman que se reconozca a Mérida como ciudad tensionada. Exigen especialmente que se expropie a fondos buitres y bancos, “que son los principales responsables de la crisis de la vivienda en España y que acumulan decenas de miles de viviendas vacías en España”, para convertirla en vivienda pública para las decenas de miles de familias que no pueden pagar el alquiler. Se refieren a fondos buitre como Poseidón, que opera en Extremadura y en Mérida. 

El movimiento emeritense por la vivienda afirma que la Junta de Extremadura no aplica las leyes ya aprobadas que permitirían evitar ciertos desahucios en Extremadura, así como ayudar o asegurar una vivienda alternativa a aquellas personas que lo necesitan, “esto supone un abandono de la Junta a la población extremeña más vulnerable”. 

En el caso de Mérida, se refieren a la gentrificación (que sube los alquileres de la ciudad), a la diferencia flagrante entre la inversión que el Ayuntamiento en urbanismo, obras, limpieza etc. dedica al centro de la ciudad y la que se dedica a los barrios, prácticamente nula, por lo que están a menudo degradados. También critican la turistificación de Mérida, así como el aumento exponencial de los apartamentos turísticos legales e ilegales. Añaden como ejemplo de la privatización del espacio público, que esta semana “el Ayuntamiento ha cambiado los bancos de toda la vida de la plaza de España por bancos anti-pobres (ejemplo de urbanismo hostil), que impiden a las personas sin hogar tumbarse unas horas por la noche para dormir”, una medida que ha generado polémica.

El año pasado más de 30.000 familias o personas fueron desahuciadas de su casa, contra su voluntad, en muchos casos con violencia. Esto son supone cerca de 100 desahucios cada día que constituyen un drama silencioso por el que algunos se suicidan, como ocurrió la semana pasada en Hospitalet de Llobregat, cuando un hombre de 60 años se quitó la vida tras ser desahuciado. Este martes se ha anunciado el aplazamiento del desahucio de Antonio en Badajoz, un hombre jubilado que lleva más de 10 años viviendo en su casa, después de trabajar toda la vida. El holding inmobiliario Berillyum II Invest Reo pretendía echarle este miércoles, pero la convocatoria para evitar el desahucio realizada por el grupo de Inquilinato de Badajoz en la puerta de su casa bajo el lema “Antonio se queda, los buitres a Monfragüe” (en referencia al fondo buitre), ha conseguido frenar el desahucio. La presión ha obligado al holding inmobiliario a sentarse a negociar y aplazar dos meses el desahucio de Antonio. “Una pequeña victoria de las muchas que consigue el movimiento de vivienda a diario y que demuestran que organizarse en sindicatos de inquilinas funciona”.