Derecho a la vivienda
Los inquilinos de viviendas del Ivima vendidas a fondos buitre podrán impugnar la venta ante los tribunales

Los inquilinos de viviendas públicas vendidas a fondos buitre tienen derecho a denunciar esa venta por verse directamente afectados en la operación. Así lo ha confirmado el Tribunal Supremo en una sentencia del 23 de marzo que se ha hecho pública hoy. Se trata de la segunda sentencia en este sentido del alto tribunal en los últimos meses, por lo que se consolida la jurisprudencia sobre este tema.

En el año 2013, la Comunidad de Madrid vendió 2.935 viviendas públicas del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) en 32 lotes al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs en una operación sin luz ni taquígrafos. En aquel momento, los inquilinos de las viviendas de protección oficial del Ivima se movilizaron contra esta venta y desde la Plataforma de Afectadas por Vivienda Pública y Social (PAVPS) se interpusieron varios recursos contencioso-administrativos solicitando su nulidad. En primer lugar “por cuestiones más formales, porque el procedimiento administrativo de venta se hizo de espaldas a los inquilinos, sin darles audiencia, sin darles acceso al expediente administrativo de venta”, y en segundo lugar “por cuestiones más de fondo, que es el perjuicio que iba a suponer para todos ellos que sus viviendas públicas dejaran de serlo y pasaran a ser inquilinos de fondos de inversión, cuyo afán es la especulación inmobiliaria”, dice Alejandra Jacinto, abogada de CAES y de PAVPS.

En esos recursos, los inquilinos denunciaron que las condiciones de sus contratos cambiarían con la venta de las viviendas públicas, algo que negaron tanto la Comunidad de Madrid como el fondo buitre. Pero los temores se confirmaron poco después. “Los inquilinos han dejado de poder acceder a las subvenciones para el pago de la renta a las que podían acceder en tanto en cuanto sus viviendas eran públicas, han dejado de verse beneficiados por las prórrogas obligatorias de los contratos, y la prueba de ello es que ha habido una oleada de desahucios desde ese año hasta la fecha, y los fondos buitre han conseguido vaciar, incluso con técnicas de mobbing, los edificios para poder especular con ellos”, continúa esta abogada. Además, muchos inquilinos se vieron también afectados por el aumento de las cuotas de la comunidad, la obligación del pagar el IBI o la tasa de basuras como si fueran propietarios o la expulsión de sus viviendas si no podían pagarlas a partir del séptimo año de contrato, según denunciaron también los afectados organizados en la Asociación de Afectados de la Venta de Viviendas del Ivima.

A pesar de ello, todas las sentencias en la materia habían sido desfavorables hasta el momento. “Tras cuatro años de procedimiento nos encontramos con sentencias muy cobardes, primero del juez de lo contencioso-administrativo, que se quitaba el asunto de en medio sin ir al fondo alegando que los inquilinos no eran quiénes para denunciar la venta de vivienda pública”, y el Tribunal Superior de Justicia se pronunció en el mismo sentido, ambos en 2016. El varapalo ha venido cinco años después de la venta desde la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que anula las dos sentencias previas.

El Tribunal Supremo considera que el cambio de régimen jurídico de las viviendas “no es meramente abstracto, tiene consecuencias directas y concretas dada la diferencia entre los fines sociales que sí tiene una Administración Pública y que no concurren en una empresa privada respecto a la vivienda y a la situación del arrendador”. La sentencia sigue las mismas líneas que la ya emitida por este tribunal el 19 de diciembre pasado, que establecía que los inquilinos tenían derecho a impugnar esta venta porque menoscaba la “protección social” de los afectados, y que incidía en las “consecuencias negativas derivadas de la desaparición de los beneficios y fines sociales inherentes a la actuación que corresponde al Ivima”.

El Tribunal Supremo determina, además, que las actuaciones deben volver a los juzgados de lo contencioso-administrativo, donde los jueces deberán resolver sobre el fondo del asunto. En caso de que haya una sentencia que determine la nulidad de la venta, “habría que deshacer esa venta, las viviendas volverían a ser públicas, del Ivima, y a todas las personas que se han quedado por el camino habría que repararles el daño, bien mediante una compensación económica o a través de una vivienda de las mismas características”, añade Alejandra Jacinto.

Los responsables del Ivima, a juicio

Paralelamente, la legalidad de la venta de las viviendas del Ivima a Azora-Goldman Sachs está siendo revisada por el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, una causa en la que se hallan imputados desde hace más de dos años los dos ex directores generales del Ivima Ana Gomendio y Juan Van-Halen por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. El pasado 19 de enero, la Fiscalía de Madrid emitió un duro informe en el que define el proceso de venta como “un procedimiento de contratación trufado de irregularidades”.

En él, la Fiscalía explica que si bien los indicios “analizados individualmente podría llegar a cuestionarse el carácter delictivo, en su conjunto ofrecen una imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria”, añade que hubo "un vacío de explicaciones evidente" sobre la decisión de venta y constata la "entrada oculta y artificiosa" de Goldman Sachs en la enajenación de los bienes a través de la sociedad Encasa Cibeles, "lo que viene a aumentar el secretismo y escasa transparencia y abona el camino a la más absoluta arbitrariedad".