Derecho a la vivienda
Decenas de miles de personas toman València en una marcha reprimida con gases

El choque metálico de miles de llaves agitadas al aire retumbó este sábado en la Porta de la Mar como un preludio sonoro de la indignación acumulada en los barrios. València volvió a demostrar este sábado que la emergencia habitacional se sitúa ya en el centro neurálgico del conflicto social. Convocada por el movimiento por la vivienda y secundada por un amplio abanico de colectivos sociales, vecinales, feministas y antirracistas, una marcha multitudinaria llevó la rabia acumulada directamente hasta las puertas del Valencia Real Estate Summit 2026, la cumbre de inversión inmobiliaria celebrada en el Palau de les Arts.

A las puertas del recinto, la multitud expresó su indignación con cánticos como “Rallo, Rivera, València no està en venda” y “Els inversors són els invasors”. La tensión se incrementó cuando los manifestantes consiguieron sobrepasar el cordón de seguridad. En respuesta, la Policía Nacional cargó contra los manifestantes, disparó balas de goma y lanzó gases lacrimógenos. El episodio provocó carreras y momentos de confusión entre los asistentes, que respondieron coreando “Vergonya” y “No podemos hacer las paces, esto es lucha de clases”, mientras la policía siguió cargando contra la multitud. Según ha podido constatar El Salto PV, al menos tres personas han sido detenidas después de la manifestación.

“Vaga, vaga, vaga general!”

Poco después de las 11 horas arrancó la cabecera desde la Porta de la Mar con un mensaje muy claro: “No puede ser que vivir nos cueste la vida. Ha llegado el momento de caminar hacia una huelga general”.

A lo largo del recorrido, consignas como “No pot ser gent sense casa i cases sense gent”, “Defensem les nostres cases, defensem la nostra classe” o “Ací estan els antirendistes” retumbaban entre los asistentes.

Conforme la marcha avanzaba, el grito unánime de “Vaga, vaga, vaga general” se propagaba por la columna de un extremo a otro. Desde el Sindicat de Llogateres denuncian la asimetría de un sistema en el que, “mientras los rentistas y explotadores se quedan con una buena parte de los sueldos cada primeros de mes, la clase trabajadora se ve abocada a sobrevivir con salarios miserables y un coste de la vida imparable”.

Además, el colectivo sitúa la crisis habitacional en “una misma trinchera junto a los salarios, la sanidad, la educación y la emergencia climática”, denunciando el desmantelamiento progresivo de los servicios públicos. Por todo ello, concluyen que no queda otra salida: “Por las condiciones de vida de la clase trabajadora: ¡hacia la huelga general!”.

Desde València No Està en Venda recuerdan que “el derecho a la vivienda es una lucha diaria contra un sistema que nos expulsa de nuestras casas, de nuestros barrios, de nuestros pueblos y de nuestras ciudades”.

En la misma línea, María Alandes, La Mataobras, añade que a la proliferación descontrolada de pisos turísticos se suman nuevas dinámicas especulativas que asfixian la vida comunitaria. Y advierte sobre la acelerada transformación de bajos comerciales en “hoteles horizontales, pensiones y hostales”. Esta modalidad sortea con facilidad las restricciones locales: “Hecha la ley, hecha la trampa”, sintetiza Alandes.

Cruzar las luchas: género, migración y clase en el centro del conflicto

La movilización ha puesto de manifiesto que la crisis de la vivienda no puede analizarse como un fenómeno aislado. Nereu Soto, de Veïnat en Perill d'Extinció, enfatiza que “la situación de la vivienda en València lleva mucho tiempo siendo insostenible” y denuncia la “violencia institucional” que supone la desprotección habitacional en un contexto enrarecido por el aumento de los discursos de odio contra los sectores más vulnerables.

También los sindicatos de clase han estado presentes en la movilización. Desde CGT subrayan que “luchamos por la vivienda porque es un problema directo de la clase trabajadora que compromete nuestras vidas, y tenemos la obligación insoslayable de poner la vida en el centro”. Por su parte, Intersindical Valenciana incide en que “la crisis de la vivienda es también una cuestión laboral: cuando el alquiler absorbe una parte desproporcionada del salario, disminuye la renta disponible de las familias, dificulta la emancipación de la juventud y empeora las condiciones de vida de la clase trabajadora”. Por ello, el sindicato insiste en la necesidad de “políticas públicas que pongan las necesidades de las personas por encima del negocio inmobiliario”.

A esta denuncia se sumó Alba Iniesta, coordinadora de Intersindical Salut, vinculando ambas problemáticas: “La crisis de la vivienda y el desmantelamiento de la sanidad pública son dos caras de la misma moneda: al final es la clase trabajadora la que paga con su salud y con sus salarios el negocio inmobiliario y los recortes en los servicios públicos”.

La marcha también contó con la presencia de colectivos procedentes de las zonas afectadas por la dana, donde la crisis de la vivienda se entrelaza con la reconstrucción y la vulnerabilidad previa

La intersección entre precariedad habitacional, sesgo de género y racismo sistémico ha resonado con fuerza en las intervenciones. “No se puede hablar de vivienda sin hablar de migración y sin hablar de mujeres”, subraya Ana Belén, coordinadora de Nave Albal. “En el Estado español, buena parte de la población migrante destina más del 40 % de sus ingresos a los gastos de vivienda, mientras que el 43,8 % de los hogares afectados por procesos de desahucio corresponden a familias monomarentales”. Esta brecha salarial e inmobiliaria, señala, sitúa a miles de personas en una encrucijada límite: “Ha llegado un momento en que han tenido que elegir: o comen o pagan techo. Si los salarios rondan los 1.000 euros y la vivienda supera esa cifra, con el 100 % de un salario medio las personas no pueden tener techo y comer”.

Por su parte, la juventud vuelve a conectar la emergencia habitacional con la precariedad laboral sistémica. Mario Tercero, del Sindicat d'Estudiants del País Valencià, enmarca la marcha en la construcción de una dinámica de lucha estatal hacia la huelga general, exigiendo la expropiación de los fondos buitre y la desmercantilización de la vivienda, al tiempo que define esta pelea como una trinchera antirracista y antifascista.

De la capital al territorio: l'Horta Sud como “zona de sacrificio”

La marcha también contó con la presencia de colectivos procedentes de las zonas afectadas por la dana, donde la crisis de la vivienda se cruza con la reconstrucción y la vulnerabilidad previa. En los municipios de l'Horta Sud afectados, la emergencia habitacional se cruza de forma dramática con la reconstrucción y la vulnerabilidad social previa.

Desde la Koordinadora de Kolectivos del Parke Alcosa alertan de un aumento alarmante de la infravivienda, el sinhogarismo, el hacinamiento y los “desahucios silenciosos” en áreas con ingresos familiares inferiores a los 1.200 euros. “La vivienda se entrelaza con otros problemas sociales como la educación o la alimentación”, señalan, exigiendo topes efectivos a los alquileres, la prohibición total de los pisos turísticos y la cesión obligatoria para alquiler social del parque inmobiliario en manos de la banca y fondos buitre como paso previo a su expropiación.

Asimismo, desde los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción denuncian que “l'Horta Sud es una zona de sacrificio donde el modelo urbanístico depredador ha disparado la vulnerabilidad frente a catástrofes meteorológicas”. Ante ello, reclaman blindar el territorio, movilizar las viviendas vacías hacia el mercado regulado y unificar las fuerzas populares: “La única manera de hacer frente a un modelo y unas políticas que van contra la vida misma es la unidad de acción de todos los movimientos en lucha”.

Del rechazo en el Congreso a la ofensiva popular

El ambiente combativo de la movilización estuvo alimentado también por la indignación tras el portazo en el Congreso, donde los votos en contra de PP, Vox y Junts tumbaron los dos reales decretos del Ejecutivo sobre vivienda y escudo social, eliminando las escasas garantías sobre prórrogas de contratos y protección frente a desahucios. Frente a la parálisis parlamentaria, la lectura compartida entre la multitud era clara: la calle sigue siendo la única garantía de derechos.

A las críticas contra la inacción política se ha sumado María Teresa Pérez, coordinadora de Podemos en el País Valencià: “Decía el PSOE que esta sería la legislatura de la vivienda, pero yo solo he visto la legislatura de los desahucios”. La dirigente insta a “ir con todo para blindar el derecho a una vivienda digna” y destaca que la victoria popular conseguida esta misma semana con el freno al desahucio de Daniel en Burjassot marca el camino: “sigamos presionando para que el miedo lo tengan los especuladores y los rentistas”.

En esa misma línea, desde Anticapitalistas País Valencià remarcan que, “mientras los gobiernos se muestran incapaces de frenar la especulación, las acampadas y la presión popular sí han conquistado victorias concretas, como la derrota de Urbagestión y el retorno de Maricarmen a su vivienda en Madrid”.

Desde la PAH València coinciden en la necesidad de sostener la movilización para evitar que las normas queden en “papel mojado ante redacciones poco claras en lo relativo a la compra especulativa de fondos buitre o las ejecuciones hipotecarias”.

Tensión y represión policial para blindar al ‘Real Estate Summit’

Al alcanzar la Ciutat de les Arts i les Ciències, la manifestación se concentró frente al Palau de les Arts, donde en un entorno blindado por la Policía Nacional, ejecutivos, consultoras e inversores celebraban el Real Estate Summit —con intervenciones del exlíder de Ciudadanos Albert Rivera o el economista Juan Ramón Rallo.

Apenas a unos cientos de metros de la zona de la cumbre, en el asentamiento del antiguo circuito de Fórmula 1 viven centenares de personas sin una alternativa habitacional digna.

Alberto Ibáñez, diputado de Compromís, calificó de “indecente que el Palau de les Arts acoja una feria de especuladores; es como un circo de buitres viendo cómo pueden sacar más rentabilidad al dolor de las familias y destrozar los barrios”.

La jornada concluyó entre el humo de los gases a las puertas del Palau de les Arts con una consigna clara que resonó como declaración de intenciones: “Les cases seran sempre nostres”.

El horizonte planteado tras la marcha de este 3 de octubre rechaza los parches y busca medidas estructurales: las demandas exigen una rebaja inmediata del 50 % en las rentas de alquiler, la implantación de contratos indefinidos y la expropiación masiva de los pisos vacíos en manos de la banca y los fondos especulativos.

La jornada confirma que la sociedad civil organizada en el País Valencià parece decidida a mantener el pulso a la inacción institucional y a la voracidad rentista hasta lograr que el derecho a techo sea una realidad innegociable.