València
La movilización popular aplaza diez días un desahucio en València

Daniel llegó a su vivienda, situada en la calle Hernán Cortés de Burjassot, en septiembre de 2009, cuando todavía era estudiante. Compartía piso con otros jóvenes y pagaba unos 594 euros mensuales por el alquiler. Diecisiete años después se enfrenta a la pérdida de la que ha sido su casa durante todo este tiempo, tras una larga disputa judicial en torno a su contrato de alquiler.

Su desahucio, previsto para este miércoles, finalmente no se ha ejecutado. La movilización del Sindicat d’Habitatge de València y de las personas que se han concentrado ante la vivienda ha conseguido que se aplace diez días. Daniel gana así un nuevo margen para defender su permanencia en la casa, aunque la amenaza continúa.

Daniel, físico e investigador de la Universitat de València, lleva 17 años en esa vivienda. Dos resoluciones judiciales reconocieron su derecho a permanecer en ella, pero una tercera ordenó su desahucio y le condenó a pagar 35.000 euros

Daniel, físico e investigador de la Universitat de València, lleva 17 años en esa vivienda. Dos resoluciones judiciales anteriores reconocieron su derecho a permanecer en ella, pero una tercera sentencia, dictada en marzo de 2026, ordenó su desahucio y le condenó a pagar 35.000 euros.  El aplazamiento llega después de una larga disputa judicial alrededor de una vivienda que ha cambiado varias veces de propietario y de una relación contractual que ha recibido distintas interpretaciones judiciales a lo largo de los años.

Tal y como se ha explicado desde el Sindicat d´Habitatge, en 2017 un juzgado consideró que Daniel tenía título suficiente para continuar viviendo en el piso y descartó su desahucio. En 2020, otro juzgado desestimó una demanda presentada por Coral Homes para desalojarlo, por su condición de vulnerable.

La renta de Daniel descendió de 594 euros a 300 

La historia de Daniel comienza con un contrato de alquiler firmado en 2009 con Ingrade S.L. Dicho contrato fue modificándose durante los años siguientes, mediante diferentes anexos. Según la documentación aportada , el precio del alquiler fue reduciéndose hasta los 350 euros y en el último anexo, de noviembre de 2013, se incorporó además una opción de compra sobre la vivienda.

Pero en 2016 Ingrade S.L. entró en concurso de acreedores y la situación del piso volvió a complicarse. Daniel comenzó a consignar judicialmente las rentas. Mientras tanto, la vivienda quedó incluida en un procedimiento de ejecución hipotecaria promovido por CaixaBank contra las sociedades propietarias. En abril de 2017 la vivienda fue adjudicada a CaixaBank.

Daniel había acudido al juzgado para poner de manifiesto que tenía un título que le permitía residir en ella. La respuesta llegó en julio de aquel año. El juzgado examinó el contrato de 2009 y la resolución consideró válido y eficaz el contrato de arrendamiento, señalando que el inquilino llevaba años residiendo en el inmueble y había abonado las rentas, también durante el concurso de acreedores. Por ello, descartó el desahucio.

La demanda de Coral Homes

En 2018, la vivienda quedó vinculada a la estructura inmobiliaria de CaixaBank. Posteriormente, Coral Homes S.L. demandó a Daniel mediante un procedimiento de desahucio, sosteniendo que carecía de título para ocupar el inmueble.

Daniel volvió a defenderse en los tribunales. En abril de 2020, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Paterna volvió a darle la razón. La sentencia analiza la documentación presentada por Daniel y recoge el contrato de 2009, los anexos posteriores y la opción de compra incorporada en noviembre de 2013.

También recoge el auto dictado en 2017, que había reconocido la validez y eficacia de esos contratos y el pago de las rentas. La demanda de Coral Homes fue desestimada. Daniel volvió a quedarse en su casa.

Una tercera demanda, otro criterio

En 2023, Katalin Magyar presentó una nueva demanda de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas contra Daniel. La vivienda había vuelto a cambiar de manos: la actual propietaria la adquirió el 15 de julio de 2025, cuando hasta entonces la arrendadora era Coral Homes.

Esta vez el debate judicial se centró en buena medida en cuánto debía pagar Daniel cada mes. La defensa sostuvo que el contrato vigente era el modificado en 2013 y que la renta era de 350 euros mensuales. También sostuvo que las cantidades reclamadas habían sido abonadas.

La sentencia de marzo de 2026 adopta otro criterio. Considera que la renta mensual pactada seguía siendo la del contrato inicial, 594 euros, porque no considera acreditada una modificación de esa cantidad en los anexos de octubre y noviembre de 2013.

La sentencia termina declarando resuelto el contrato por falta de pago y condenando a Daniel a pagar 35.000 euros, además de las cantidades que se devenguen hasta el desalojo

La resolución, no obstante, reconoce que Daniel realizó diversos pagos y consignaciones. Entre ellos, 3.850 euros consignados judicialmente en enero de 2021, otros 1.750 euros en noviembre de ese año, 4.550 euros abonados a Coral Homes en diciembre de 2022 y varios pagos de 350 euros realizados durante 2023. En total, 12.250 euros que la sentencia ordena descontar de las cantidades reclamadas.

La sentencia termina declarando resuelto el contrato por falta de pago y condenando a Daniel a pagar 35.000 euros, además de las cantidades que se devenguen hasta el desalojo. El Sindicat d’Habitatge de València interpreta este recorrido como “un ejemplo de cómo el mercado inmobiliario termina imponiéndose sobre la vida de quienes habitan las viviendas”. El colectivo considera especialmente significativo que la opción de compra de Daniel estuviera fijada en 71.000 euros y que el inmueble terminara siendo transmitido posteriormente por una cantidad superior.

“Las casas son para vivir, no para especular”

El caso de Daniel ha recibido también el respaldo de distintas organizaciones políticas y sociales. Alberto Ibányez, diputado de Compromís, ha calificado el desahucio como “un fracaso del Estado de Derecho y de las administraciones públicas” y ha reclamado acelerar las reformas en materia de vivienda.

Ibányez defiende medidas como la prohibición de la compra especulativa de vivienda, los alquileres indefinidos y la regulación de los precios, y reclama que en el País Valencià se declaren las zonas tensionadas que cumplen los requisitos.

Para el diputado, los actuales decretos sobre vivienda son “un punto de partida, no un punto de llegada” y ha defendido que la vivienda debe dejar de ser un privilegio para convertirse en un derecho.

Desde Podem País Valencià, su secretario de Organización, Pau Vivas, ha puesto el foco en la movilización social frente a los desahucios. “Agradecemos la movilización social y a la gente organizada que pone su cuerpo para parar desahucios que no deberían estar produciéndose”, señala. “El negocio de la vivienda, del rentismo y la especulación está provocando un drama social que debemos atajar con medidas estructurales y de fondo”.

Vivas reclama que las casas dejen de ser tratadas como un activo para obtener rentabilidad. “Las casas son para vivir, no para especular”, reivindica, y reclama medidas que frenen el poder de los fondos buitre y den una respuesta a las demandas de los colectivos de vivienda.

Diez días más

La movilización de este miércoles no ha conseguido acabar con el procedimiento, pero sí ha evitado que Daniel perdiera hoy su casa. El desahucio ha quedado aplazado diez días. Durante este tiempo, la defensa de Daniel continuará trabajando en las vías judiciales abiertas, mientras el Sindicat d’Habitatge mantiene la movilización.

El propio Daniel, tras conocer el aplazamiento, ha reivindicado la necesidad de continuar protestando para que otras personas no tengan que atravesar una situación similar. “Nadie que tenga un contrato legal de alquiler tiene que soportar que unos fondos buitre acaben echándolo de su casa”, ha señalado.

Su caso, sostiene, no debería ser únicamente una batalla personal. Daniel considera que lo ocurrido muestra hasta qué punto una persona puede acabar perdiendo su vivienda pese a haber tratado de cumplir con sus obligaciones y haber acudido a los tribunales para defender sus derechos.

Para Esteban Arellano, portavoz del Sindicat d’Habitatge de València, el caso refleja una crisis de carácter estructural: “Se ha mercantilizado una cuestión tan necesaria y tan básica para el conjunto de la clase trabajadora como nuestras casas”, señala. “Tener un trabajo y pagar el alquiler ya no te garantiza que no te tiren de casa. La gente debería ser consciente de que está más cerca de perder la casa que de comprarla”.

El sindicato vincula el caso de Daniel con una situación más amplia de encarecimiento de la vivienda y presión sobre las personas inquilinas. Su apuesta pasa por rebajar los precios de los alquileres y por reforzar la organización de quienes viven de alquiler. “La única solución es organizarse en los sindicatos de vivienda, porque ha quedado claro que tenemos unas instituciones que han sido incapaces de dar respuesta a esta situación”, sostiene Arellano.

El aplazamiento abre ahora diez días más de margen para seguir negociando, para continuar recurriendo a las vías judiciales y, sobre todo, para mantener la movilización. La amenaza sobre Daniel no ha desaparecido. Pero este miércoles, al menos por diez días, su casa sigue siendo su casa.