Opinión
Capitalismo racial: si hay un 15M.2, que sea antirracista

El pasado 16 de septiembre seis familias eran desahuciadas en Badalona. Las imágenes mostraban a una mujer marroquí agarrada a sus hijos, desesperada, preguntándose dónde se iban a meter ahora. Unos días antes, en Ceuta, la violencia contra las personas migrantes seguía ocupando las calles y los campamentos improvisados en los que algunas de ellas intentaban resguardarse eran destruidos o quemados. La lógica de la invasión y de los invasores parece haberse asentado definitivamente y, cuando determinadas personas son construidas como una amenaza, la violencia ejercida contra ellas resulta mucho más fácil de justificar y se transforma en una respuesta coherente y posible.

El 23 de septiembre, pocos días después, Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido durante más de siete décadas en la misma vivienda, era desahuciada en Madrid. Durante semanas diferentes organizaciones habían intentado impedirlo y el dispositivo antidesahucios terminó dejando también imágenes de la violencia ejercida para sacar de su casa a una mujer de prácticamente 90 años. Su caso se convirtió rápidamente en un símbolo y, poco después, las protestas por la vivienda volvieron a ocupar las calles de Madrid. De ella supimos su nombre y su historia, de la madre marroquí no conocimos nada más. La manifestación del pasado sábado terminó además con la instalación de un campamento en Sol que inevitablemente remite a la acampada que, en 2011, convirtió una plaza en el centro de una movilización que terminó desbordando las formas tradicionales de protesta y organización política en España dando lugar al 15M.

No entraré a valorar qué condiciones hacen que Maricarmen se transforme en ese símbolo y no la mujer marroquí que unos días antes aparecía en las imágenes del desahucio junto a sus hijos. Tampoco pondré ahora el foco en todas las personas, muchas de ellas niños y niñas, que siguen en las calles de Ceuta sin un lugar donde alojarse, ni en la dificultad para que las demandas de las compañeras migrantes y racializadas sean incorporadas como parte de las luchas que se presentan como generales. Pero sí creo necesario preguntarnos qué puede ocurrir si la acampada de Sol termina convirtiéndose en el inicio de un nuevo ciclo de movilización alrededor de la vivienda. Lo que algunas ya denominan como un 15M 2.0. Y sobre todo, cómo tal movilización debe estar profundamente articulada con los movimientos antirracistas.

Las condiciones materiales llevan tiempo alimentando un malestar profundo. La vivienda se ha convertido para buena parte de las generaciones más jóvenes en una de las principales barreras para desarrollar una vida con unas condiciones mínimas de autonomía. Los precios del alquiler y compra se alejan cada vez más de los ingresos de una parte importante de la población y el acceso a una vivienda digna parece haberse convertido en uno de los principales conflictos sociales de nuestro tiempo. La esperanza de tener una vivienda propia parece que recae en la herencia, y por lo tanto solo la tienen quienes tiene la suerte del patrimonio familiar.

Pero el tema de la vivienda no afecta a todo el mundo de la misma manera. Se trata de entender que la propia crisis de vivienda se experimenta de forma racialmente desigual. Como ocurre con prácticamente cualquier otro derecho y recurso material, también está atravesada por la dimensión étnico-racial y el estatus de ciudadanía. Los datos disponibles permiten observarlo. En 2024, mientras el 70 % de la población española residía en una vivienda en propiedad, la proporción descendía al 23,9 % entre la población de extracomunitaria. En sentido contrario, el alquiler era la forma de tenencia predominante entre la población extracomunitaria. El 70,5 % se encontraba en régimen de alquiler. Además, el 63,4 % de la población extracomunitaria residía en viviendas de alquiler a precio de mercado, frente al 11,7 % de la población española (1).

No se trata únicamente de tener o no tener una casa, sino de qué porcentaje de los ingresos hay que dedicar para conservarla y de qué condiciones habitacionales se aceptan

No estamos hablando simplemente de dos formas distintas de vivir o de marcos culturales. La posición laboral y económica (condicionada por el estatus legal) de una parte importante de la población inmigrante dificulta el acceso a la propiedad y obliga a permanecer durante más tiempo en un mercado de alquiler cada vez más caro e inestable, es decir, cada vez más mercantilizado.

El problema, por tanto, no empieza cuando llega una orden de desahucio. Mucho antes pueden aparecer dificultades para pagar el alquiler, cambios forzados de vivienda, desplazamientos hacia zonas más baratas y precarizadas, hacinamiento o necesidad de compartir vivienda. En 2024, el 29 % de la población de nacionalidad extracomunitaria había tenido que retrasar pagos relacionados con la vivienda, frente al 17 % de la población extranjera comunitaria y el 9,2 % de la población de nacionalidad española (1).

La desigualdad también aparece en las condiciones de habitabilidad. Los datos disponibles muestran una incidencia del hacinamiento muy superior entre la población extranjera que entre la población española, concretamente, alrededor del 19 % frente al 5,5 %(1). Y cuando se observa el esfuerzo económico, las brechas de desigualdad vuelven a ser importantes. El mismo análisis muestra también una mayor exposición de los hogares extranjeros a las dificultades de acceso y mantenimiento de la vivienda (1). No se trata, por tanto, únicamente de tener o no tener una casa, sino de qué porcentaje de los ingresos hay que dedicar para conservarla y de qué condiciones habitacionales se aceptan cuando las alternativas son cada vez más reducidas.

Por eso conviene mirar más allá del momento concreto en el que una comisión judicial ejecuta un lanzamiento (desalojo forzoso). En 2024 hubo 27.564 lanzamientos en España, pero las estadísticas judiciales no permiten saber cuántas de las personas afectadas eran inmigrantes porque no registran sistemáticamente su nacionalidad o lugar de nacimiento (2). Tampoco sabemos la condición étnico racial de estas personas, sean españolas o no. No podemos afirmar, por tanto, qué porcentaje de los desahucios afecta a población inmigrante. Pero sí podemos observar que estas poblaciones están mucho más expuestas a diferentes mecanismos que preceden al desahucio. Un estudio realizado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida encontró que los hogares encabezados por personas de fuera de la Unión Europea presentaban una probabilidad aproximadamente tres veces mayor de encontrarse bajo presión de desplazamiento residencial que los hogares encabezados por personas españolas (3). No se trata de un indicador de desahucio judicial, pero permite observar una parte del proceso que las estadísticas de lanzamientos dejan fuera.

La posición económica no puede ser leída sin la condición étnico racial, y esta trae consigo la experiencia del racismo. En 2024, el 8,9 % de las personas que habían intentado alquilar o comprar una vivienda durante los cinco años anteriores manifestó haber experimentado discriminación (4). Entre quienes se sintieron discriminados al intentar alquilar o comprar una vivienda, el 36 % señaló como razón principal su origen inmigrante o étnico. Diferentes experimentos de campo realizados en España han encontrado una menor respuesta ante solicitudes asociadas a nombres de origen marroquí que ante solicitudes equivalentes asociadas a nombres españoles(5).

Las investigaciones recientes de Provivienda muestran además que, en un experimento realizado en 2024, 99 de las 100 agencias inmobiliarias contactadas aceptaron aplicar una petición explícita de excluir a personas extranjeras (6). El dato no significa que el 99 % de todas las inmobiliarias españolas discriminen a las personas extranjeras, sino que prácticamente todas las agencias de la muestra experimental aceptaron esa petición concreta, lo cual es clarificador. El estudio también encontró diferencias en el número de alternativas ofrecidas a perfiles españoles y extranjeros (6). No estamos, por tanto, únicamente ante una población con menos recursos intentando acceder a las mismas viviendas que el resto. En determinados casos, las propias reglas de acceso al mercado reducen las opciones disponibles.

La posición subordinada de una parte importante de la población inmigrante en el mercado laboral reduce sus ingresos y su capacidad de ahorro 

La combinación de estos factores importa. La posición subordinada de una parte importante de la población inmigrante en el mercado laboral reduce sus ingresos y su capacidad de ahorro. Esa posición dificulta el acceso a la propiedad y obliga a permanecer más tiempo en un mercado de alquiler más caro e inseguro, y a ello se añaden mecanismos de discriminación racial que pueden reducir todavía más las viviendas disponibles. El resultado es una mayor exposición al desplazamiento residencial, al hacinamiento y a la exclusión.

Y aun con todo esto, nos encontramos con un problema clave a la hora de poder establecer un mapa más concreto de todo el panorama. No contamos con todos los datos que nos permitan conocer bien la dimensión de la brecha en el acceso a la vivienda. Y es que, lo que no se ve no se puede contar. Y en términos de política pública, para contar las cosas se necesitan datos. En 2024, el 18,2 % de la población residente en España había nacido en el extranjero, mientras que el 13,4 % tenía nacionalidad extranjera (7). Si queremos analizar cómo opera la desigualdad étnico-racial en la vivienda, limitar el análisis a la nacionalidad deja fuera a una parte importante de la población que ha experimentado procesos migratorios y de racialización. Si las estadísticas sobre desahucios no permiten conocer adecuadamente quiénes son las personas afectadas y si no contamos con información sistemática sobre racismo en el alquiler, estamos construyendo políticas públicas sobre un diagnóstico incompleto. Las administraciones trabajan a ciegas. El problema es que es una ceguera voluntaria. Y por lo tanto, es una condición más del racismo de Estado.

Esto no es una cuestión técnica. Los datos determinan también qué problemas reconocemos políticamente. Si no sabemos quién es expulsado de una vivienda, quién tiene más dificultades para acceder a ella o quién encuentra más obstáculos para alquilar, resulta mucho más sencillo construir la vivienda como un problema homogéneo y hablar de una ciudadanía igualmente afectada. Pero las condiciones materiales no son homogéneas y tampoco lo son las posibilidades de responder ante ellas. La asimilación de estos marcos generalistas por parte de las organizaciones sociales, termina por aceptar los postulados de la blanquitud. Por que solo la blanquitud se permite el lujo de no tener que nombrarse.

Por eso, si la protesta de Sol crece (y si no también) y termina articulando una nueva movilización alrededor de la vivienda, debería hacerlo incorporando desde el principio esta dimensión. No como una cuestión de representación simbólica ni como la incorporación posterior de algunas reivindicaciones específicas, sino como parte de la propia definición del problema. Una articulación transversal del antirracismo con las propias organizaciones. Porque una política de vivienda que no tenga en cuenta el componente étnico-racial corre el riesgo de presentar como universal una realidad que no lo es.

Las administraciones trabajan a ciegas. El problema es que es una ceguera voluntaria. Y por lo tanto, es una condición más del racismo de Estado

El 15M fue capaz de convertir problemas que durante mucho tiempo habían sido presentados como fracasos individuales en cuestiones políticas estructurales. Esa fue una de sus grandes potencias. Pero también desde diferentes espacios antirracistas se ha señalado durante años la dificultad que supuso incorporar plenamente las experiencias y demandas de las personas migrantes y racializadas dentro de aquello que se presentaba como una lucha común. No se trata de negar la potencia de aquella movilización, sino de reconocer que lo universal también puede construirse desde posiciones concretas y que, cuando esas posiciones no se hacen visibles, algunas experiencias terminan apareciendo como particulares mientras otras adquieren la apariencia de representar al conjunto.

Quizá por eso las imágenes de estos últimos días deberían servirnos para algo más que para indignarnos. La mujer marroquí con sus hijos y Maricarmen representan dos situaciones de exclusión y violencia diferentes, más aún el desalojo de 400 personas inmigrantes en Badalona el 17 de diciembre del 2025. Pero no han ocupado el mismo lugar dentro del imaginario social ni la misma respuesta. Una aparece rápidamente asociada a la inmigración, la frontera y la amenaza. La otra puede convertirse en la imagen de una sociedad entera que envejece y es expulsada de la vivienda en la que ha construido su vida. No hace falta elegir entre ambas historias para reconocer que esa diferencia existe y que también forma parte del mismo problema económico-político del capitalismo racial.

Si hay un 15M.2, debería ser profundamente antirracista. Las personas migrantes y racializadas no deberían aparecer únicamente cuando se habla de racismo, sino también cuando se habla de vivienda, alquileres, propiedad, desahucios, barrios y derecho a la ciudad. Sus experiencias tienen que formar parte de la definición del problema, de las formas de organización y de las políticas que se quieran impulsar. Y no solo porque los datos lo respaldan, sino por coherencia política. Esa coherencia alcanza también a los medios de comunicación, que tienen la responsabilidad de decidir qué rostros y qué historias hacen visible el problema de la vivienda y de hacerlo sin reproducir los mismos sesgos raciales que atraviesan el acceso a ella.

Porque la vivienda no es solo una cuestión de precios, tampoco es una realidad social racialmente neutra. También es una cuestión de quién puede acceder a ella, en qué condiciones y durante cuánto tiempo puede permanecer allí. Y si queremos construir una movilización capaz de convertir la vivienda en un derecho efectivo, tendremos que empezar por mirar también a quienes llevan mucho tiempo sufriendo las formas más duras de su exclusión. No basta con volver a llenar Sol. La cuestión es quiénes tienen un lugar en esa movilización, quiénes pueden definir sus demandas y qué experiencias quedan reconocidas cuando hablamos del derecho a la vivienda.