Opinión
¿Cañones o viviendas?
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
El desahucio por orden judicial de la vivienda donde habitaba Maricarmen, de 78 años de edad, ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar por no impedirlo; al de la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento de la capital en manos del PP por no haber hecho absolutamente nada para evitarlo.
Considerando que hoy, en España, la escasez de viviendas y sus altos precios, sean de compra o de alquiler, son la principal preocupación de la juventud española, pues les impide emanciparse y construir un proyecto de vida, el deshumanizado desalojo de Maricarmen ha multiplicado las protestas de la población para obligar al Gobierno a actuar y poner remedio a las arbitrariedades que la actual ley de la vivienda permite perpetrar contra los inquilinos.
Los expertos señalan que la mejor manera de hacer bajar el precio de los alquileres y el de adquisición de vivienda sería que las administraciones invirtieran en construir vivienda social pública en alquiler
Una crisis de la vivienda que se produce no solo por los altos precios de los alquileres sino también por los de compra pues, como dicen los expertos, en España harían falta un millón de viviendas para que los precios se estabilizaran. Los mismos expertos añaden que la mejor manera de hacer bajar el precio de los alquileres y el de adquisición de vivienda sería que las administraciones —central, autonómicas y municipales— invirtieran en construir vivienda social pública en alquiler, para que los precios de mercado, tanto de alquileres y de compra bajaran.
A tal efecto, bueno es conocer que presupuesto tiene asignado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para hacer frente a la escasez de vivienda y poder frenar los altos precios del mercado. Este Ministerio tiene una asignación total de 2.480 millones de euros para un programa de vivienda social: 500 millones están destinados a la construcción de vivienda social y 1.980 millones a la rehabilitación de viviendas. Sin duda un presupuesto exiguo. Cierto es, que las comunidades autónomas y ayuntamientos también tienen competencias en vivienda y por tanto tienen, se supone, políticas y presupuestos asignados a tal efecto.
El Ministerio de Defensa tiene asignados en 2026 un total de 6.142 millones; el Ministerio de Vivienda tiene una asignación total de 2.480 para vivienda social, de ellos 500 millones para la construcción
Pero hagamos una comparativa entre lo asignado en inversiones al Ministerio de Vivienda y las inversiones del Ministerio de Defensa. Este, en 2026, tiene asignados 6.142 millones. Y ello, sin contar con las ayudas en I+D a las industrias militares para desarrollar nuevos Programas Especiales de Armamentos que este año 2026, de momento, han sido de 2.882 millones. Pero aún hay más, el Gobierno prevé aprobar este año 32.000 millones para producir catorce nuevos programas de armamentos para los próximos años, según informó el propio ministerio en septiembre.
Entonces, ¿por qué no sacar a colación el viejo dilema de “¿cañones o mantequilla?” de los años 1970 del siglo pasado, y ahora traducirlo por: “¿cañones o viviendas?”? Esta es una cuestión a tener en cuenta, pues mientras el ámbito militar tiene presupuestos multimillonarios para producir armamentos que, por cierto, la sociedad española no reclama, la población sí reclama viviendas. Solo hace falta invertir los términos, y dedicar las fuertes inversiones previstas en armamentos (esos 32.000 millones) y destinarlos a construir vivienda social.
Eso sería cambiar el paradigma y en lugar de adquirir armas para una supuesta seguridad militar, invertir en seguridad para las personas necesitadas de vivienda que, como indican los líderes de la UE/OTAN son para hacer la guerra con Rusia. Cuando lo sensato sería que dedicaran todos sus esfuerzos diplomáticos para evitar una confrontación con Rusia, quera que además podría ser nuclear. Esfuerzos encaminados a evitar la guerra, creando espacios de dialogo, de cooperación, de seguridad compartida y de coexistencia pacífica.
Ese es el camino de la paz, construir viviendas y servicios sociales que proporcionan bienestar a la población e impedir una carrera de armamentos que retrae recursos del Estado de bienestar.
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