Derecho a la vivienda
Activistas bloquean la sede del PSC en Barcelona ante la enmienda antiocupación

Son las 9.30h y ya hay dos furgones de Mossos d’Esquadra bloqueando la sede central en Barcelona del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), formación autonómica del PSOE. Las calles colindantes, Pallars y Roc de Boronat, están aún vacías, salvando el moderado ajetreo matutino en el barrio de Poblenou. “Es como si supieran que veníamos”, dice una de las jóvenes activistas que aguarda en la avenida perpendicular. 

Durante los minutos posteriores, todo pasa muy rápido: uno de los furgones de policía sube a la acera bloqueando la puerta de entrada a la sede y llegan dos patrullas más, aunque no serán las últimas. Acto seguido, más de un centenar de integrantes de colectivos de vivienda avanzan en la misma dirección sosteniendo una pancarta en la que se lee “Nos quieren sin casa, nos encontrarán luchando en la calle”. Los Mossos no se sorprenden: ya en posición, acordonan la zona. Sin embargo, los activistas se acercan cada vez más al grito de “¡tenemos derecho a agua, luz y techo!”.

Activistas consiguen una reunión con el PSC para negociar la reforma de la LECrim y evitar la aprobación de desalojos express. En breve tendremos crónica completa de @ana_rox_ en nuestra web pic.twitter.com/OfdSiYU3EG

— El Salto (@ElSaltoDiario) November 7, 2022

El origen de la protesta se debe a la reforma anunciada por el Grupo Socialista el pasado septiembre en el Congreso, con el objetivo de agilizar los desalojos en casos de ocupación, es decir, de delitos de usurpación. Mediante una enmienda a la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), se propone que la autoridad judicial pueda ejecutar el desahucio de los ocupantes en un plazo de 48 horas si estos no aportan un título legítimo.

La “cruzada antiokupas” que no menciona la urgencia habitacional

“El Partido Socialista pretende vulnerar derechos fundamentales para echar fuera a familias vulnerables alineándose con los discursos de la ultraderecha”, sentencian desde la coordinadora de las PAH (Plataformas de Afectados por la Hipoteca) catalanas, organizadoras de la convocatoria. “Tenemos claro que esta medida, que supuestamente ha de servir para combatir ocupaciones conflictivas, lo que hace es facilitar que los grandes tenedores puedan echar fuera a familias vulnerables y saltarse la obligación de hacer alquileres sociales”, indican, haciendo referencia a la ley antidesahucios catalana. 

En realidad, la reforma de la LECrim no es el primer intento destacado por parte del PSOE para endurecer la respuesta a los delitos de usurpación: en 2020 ya se presentó otra Proposición No de Ley para la creación de “puntos focales” en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ámbito de la “ocupación ilegal de viviendas”. Una propuesta que pretendía optimizar la respuesta policial a través de la creación de una red de “interlocutores territoriales sobre la vivienda”, aunque fue posteriormente retirada por el partido del debate congresual. 

“El Partido Socialista pretende vulnerar derechos fundamentales para echar fuera a familias vulnerables alineándose con los discursos de la ultraderecha”, denuncian desde la PAH

Esta proposición fue presentada en el marco de una campaña generalizada contra la ocupación que se traslada a la exposición de motivos de la misma, donde se presenta como un “fenómeno” que ha producido una “alarma social”, y que demanda “una reacción coordinada por parte del Estado”. Un discurso igualmente respaldado en Catalunya por el PSC, donde también se ha elevado la ocupación a la categoría de problema social.

Sin embargo cabe destacar que 2020, año en el que se puso el foco mediático y político en la ocupación y cuando el Ministerio Fiscal solicitó el endurecimiento de medidas ejecutivas para estos casos, fue también el año en el que menos delitos de usurpación se registraron: concretamente 3.157 infracciones en todo el territorio nacional, según datos del INE, y la tendencia había sido hasta entonces decreciente, volviendo a aumentar hasta los 4.302 casos en 2021 por primera vez en siete años.

Los movimientos vecinales destacan el carácter innecesario de las nuevas enmiendas a la normativa penal, indicando que podrán ser instrumentalizadas por grandes propietarios: “Si hablamos de proteger a pequeños propietarios, el PP ya aprobó una reforma para agilizar procedimientos civiles contra la ocupación, por lo que estas enmiendas no sirven para justificar un mecanismo que ya existe”, señalan desde el Sindicat de Habitatge del Casc Antic de Barcelona. “Lo que no vamos a hacer mientras haya pisos vacíos de fondos de inversión o bancos es tener a las familias hacinadas en pensiones de servicios sociales”.

Más allá del debate: ¿por qué se produce la ocupación?

La usurpación de bienes inmuebles contempla diversas causas y una de las principales es la falta de acceso a una vivienda digna. “La mayor parte de la gente que ocupa son personas en una situación muy precarizada. Generalmente lo que más nos encontramos en las asambleas son personas con hijos menores y que solo tienen una persona adulta a su cargo, proliferando sobre todo el perfil de madre monoparental con niños que, a pesar de tener un contrato de 40 horas semanales, tienen un acceso imposible a la vivienda. También tenemos casos de las personas migrantes que no pueden acceder al mercado laboral porque no tienen la posibilidad de acceder a trabajos bien pagados”, indican desde el Sindicat d’Habitatge del Casc Antic.

En 2017, se estimaba que había en torno a 87.500 familias ocupando viviendas a lo largo del territorio nacional, una cifra que equivale a 262.500 personas de acuerdo con un estudio llevado a cabo por el Institut Cerdá. Según la institución, el principal motivo que explica estas cifras es el déficit de vivienda social, la creciente precarización de los hogares desde 2007 y la existencia de un número de viviendas vacías superior al medio millón. 

En esta línea, la lucha contra la ocupación no se incluía en el programa electoral del PSOE, pero la consolidación del alquiler social sí, y aunque durante este legislatura se hayan puesto en marcha diferentes iniciativas relacionadas con la vivienda —como las ayudas al alquiler para jóvenes— el problema residencial en España abarca mucho más allá de las medidas sectoriales. En este sentido, y a pesar de que la inversión presupuestaria nacional en el ámbito residencial ha aumentado notablemente, no se ha fortalecido el parque de vivienda pública ni asequible, de acuerdo con la organización Provivienda.

“No sabemos a qué llegará, pero que tengan una cosa muy clara: no dejaremos de molestar hasta que tengamos una normativa que proteja a los más vulnerables y no deje a nadie en la calle”

A través de acciones directas como la de este pasado lunes, los colectivos vecinales pretenden “forzar a los socialistas a retirar estas medidas e impulsar otras que den respuesta a la crisis habitacional y dejen de criminalizar la pobreza”. Y, de hecho, el primer paso para ello se ha conseguido tras más de tres horas de protesta: un grupo de integrantes del PSC liderados por Lluïsa Moret, miembro de la Comisión Ejecutiva, han concretado junto a los activistas una reunión la próxima semana. “No sabemos a qué llegará, pero que tengan una cosa muy clara: no dejaremos de molestar hasta que tengamos una normativa que proteja a los más vulnerables y no deje a nadie en la calle”, sentenciaban desde los movimientos sociales al finalizar la acción. Sin embargo, el PSC ha confirmado a El Salto que, aunque escucharán las demandas de los colectivos, no está previsto que modifiquen su posición contra la ocupación.