Derecho a la vivienda
Acampada por la lucha de una vivienda digna en Tenerife

En la Plaza de La Candelaria, en el centro de Santa Cruz de Tenerife, se encuentran acampadas más de 19 familias del barrio del Tablero. Las casetas de campaña de la Plataforma en defensa de una vivienda digna se han instalado sin fecha de retorno. Las familias piden al Gobierno de Canarias que adquiera las viviendas a través de su empresa pública, tal y como hizo con 358 viviendas en el barrio de Añaza.

Tras dos semanas acampadas en las inmediaciones del Edificio de Presidencia del Gobierno de Canarias, el grupo consiguió una primera reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; la responsable del área de Derechos Sociales, Noemí Santana; y el consejero de vivienda, Sebastián Franquis. Durante la reunión los responsables políticos se comprometieron a extender la moratoria de alquileres y suspensión de desahucios en Canarias.

Las 19 familias acampadas solicitan al gobierno autonómico que la empresa pública de vivienda sociales e infraestructuras de Canarias (Visocan) compre los pisos donde viven para no ser desahuciadas por la propietaria Coral Homes SL

Sin embargo, para las 19 familias acampadas, esto supone solo un parche, y por ello solicitan al gobierno autonómico que la empresa pública de vivienda sociales e infraestructuras de Canarias (Visocan) compre los pisos donde viven para no ser desahuciadas por la propietaria Coral Homes SL. “Eran pisos propiedad de Cajacanarias, que pasaron a manos de la Caixa y luego a Coral Homes”, comenta Lolo Dorta, conocido activista de la isla que se encuentra ayudando a las familias en la acampada. El activista plantea que el Gobierno de Canarias apruebe una ley del derecho de tanteo y retracto, donde los organismos públicos tengan preferencia para comprar vivienda y atender las necesidades habitacionales de la población. Una alternativa que se planteó durante la primera reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, y que ya está instaurada en otras comunidades autónomas.

Después de pasar el mes de julio acampados frente al edificio de presidencia, las familias han decidido situarse en un sitio mucho más visible y emblemático, ya que la plaza de la Candelaria no solo es un punto de encuentro para los carnavaleros, sino que además es el sitio donde se produjeron las acampadas durante el 15M y donde ahora finalizan muchas manifestaciones. 

Piden que el Gobierno de Canarias apruebe una ley del derecho de tanteo y retracto, donde los organismos públicos tengan preferencia para comprar vivienda y atender las necesidades habitacionales de la población

Lolo Dorta explica que tras la primera toma de contacto han decidido solicitar una  segunda reunión con los representantes de los cuatro partidos que conforman el conocido ‘Pacto de Las Flores’ (PSOE, Nueva Canarias, Unidas Podemos y Agrupación Socialista Gomera). “Tuvimos una reunión con Visocan y nos dijeron que ellos no tienen problemas para comprar las viviendas, pero que el presupuesto que les otorga el gobierno de Canarias era limitado”. En materia de vivienda existe división de competencias entre el PSOE y la Agrupación Socialista Gomera; mientras los socialistas gestionan el Instituto Canario de la Vivienda el partido de Casimiro Curbelo gestiona Visocan.

Desde la Consejería de Derechos Sociales se explica que se está barajando la posibilidad de que Visocan pueda comprar las viviendas del Tablero: “Estamos barajando distintas opciones y analizando si es posible la compra. Pero queremos dejar claro que hay muchas personas que son demandantes de vivienda, así que el hecho de que se compren esas viviendas no significa que vayan a ser propiedad de las personas que están viviendo ahí”, matiza la consejera de Derechos Sociales, Noemi Santana, argumentando que “eso sería injusto para las personas que llevan años como demandantes de viviendas” y explicando que “se están buscando fórmulas como la de que en caso de ser compradas pasen a tener un alquiler social”. La consejera señala que está previsto sacar un decreto ley a partir de septiembre para prorrogar la moratoria, además de contemplar en el mismo decreto la posibilidad de tanteo y retracto, “sobre todo de cara a grandes tenedores de vivienda”. Ya en 2019, durante el mandato de Coalición Canaria, el Gobierno de Canarias compró 358 viviendas en el barrio de Añaza por 24,8 millones al Banco Santander a través de su empresa pública, Visocan. 

Tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) han alertado sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las familias que están en riesgo de desahucio. Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz abogan porque el Gobierno de Canarias negocie con Coral Homes la adquisición de estas viviendas con el objetivo de ponerlas a disposición de las familias. El pasado 30 de julio el Ayuntamiento aprobaba una moción en la que se insta al gobierno regional a crear una mesa técnica, en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (FECAM), para abordar la cuestión de las familias en situación de vulnerabilidad que viven bajo la amenaza de desahucio, negociar la adquisición de la vivienda y retomar un plan de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Canarias y las corporaciones locales.

Las familias

Entre las familias acampadas se encuentra Lorena (35 años) con su pareja Airam (37 años) y su hijo. Aunque no pertenecen al grupo de familias en riesgo de desahucio de El Tablero, ha sido acogida por la plataforma debido a que lleva meses sin un hogar: “Fui al Ayuntamiento de Santa Cruz y me derivaron al albergue municipal, esos días mi marido y mi hijo se quedaron en casa de mi suegra, pero ella a los pocos días les dijo que se fueran. El Ayuntamiento nos pagó una pensión durante dos meses”. Explica que al terminarse los dos meses que cubre el consistorio estuvieron ocupando una casa en el barrio de Ofra, de la que tuvieron que irse a comienzos de agosto. Lorena señala que han solicitado a Visocan una vivienda en el municipio de Icod de Los Vinos, pero al encontrarse los dos sin ingresos les han denegado la petición. 

Tanto Lorena como su hijo tienen diferentes problemas de salud. “El niño nació con problemas en las piernas, por eso va en silla de ruedas. Ha tenido que someterse a más de 20 operaciones con tan solo nueve años”, cuenta la madre, que explica también que el niño tiene que tomar medicación todos los días debido a que sufre epilepsia. “Nosotros siempre hemos vivido de alquiler, pero las operaciones y los viajes a la Península nos han supuesto un gran coste económico porque por mucho que ahorres llega un punto en el que el dinero se te va”, lamenta.