A la calle unas semanas antes de la operación de corazón de su hija

“Hace tres años llegué a la PAH porque estuve alquilando y se hizo muy difícil llegar a pagarlo”, comienza a narrar Vera, una de las más de 30 compañeras vallecanas desahuciadas por Bankia entre abril y mayo. Entonces pasó a vivir en un piso de una habitación con su pareja y sus tres hijos, mientras estaba embarazada de su cuarta hija. Como tantos otros, tuvieron que elegir entre pagar el alquiler de aquellos escasos metros cuadrados o comer.

Desde el primer momento se movilizaron para buscar recursos, pero la respuesta institucional no les sirvió de mucho. “Si lo que te ofrecen los servicios sociales es quitarte los hijos, no te están ayudando, te están jodiendo más”, critica Vera. Fue en la asamblea de PAH Vallekas, a la que llegaron en pleno auge de la campaña de la Obra Social de la PAH, donde encontraron la solución. En poco tiempo la pareja se asentó en un piso recuperado a SAREB. No obstante, Vera tuvo que irse de la vivienda poco más de un año después de separarse del padre de sus dos hijas pequeñas. Se trasladó a otro piso recuperado, esta vez de las manos de Bankia.

En el nuevo piso, Vera –que ahora se ocupa sola del cuidado de sus hijas de 3, 4 y 12 años y su hijo de 10– se preparó para negociar un alquiler social para su familia. Sin embargo se enfrentó a las adversidades que trae la figura judicial cada vez más habitual del “ignorado ocupante”. Ésta permite desahuciar a cualquier persona habitante de un inmueble sin necesidad de identificarla, por lo que obstruye también el acceso de los habitantes a su propia defensa jurídica. Es lo que le pasó a ella: al llegar la primera orden de lanzamiento de desahucio, le denegaron repetidamente su derecho a la justicia gratuita, necesario para recurrir la orden del Juzgado. Fue tan solo después de insistir repetidamente en que la identificaran como ocupante del inmueble cuando le permitieron, con una comparecencia en el Juzgado mediante, ser parte de su propio procedimiento de desahucio.

Vera solicitó la justicia gratuita. Estaba aún a la espera de que le asignasen el abogado de oficio cuando llegó el día marcado en la orden de lanzamiento. Sus compañeros de la PAH le habíamos dicho que estuviese tranquila, ya que durante el trámite de justicia gratuita se paraliza el resto del procedimiento. Así que aquel día Vera fue a trabajar, dejando en casa a su hija de 12 años que padece de cardiopatía congénita grave y llevaba meses esperando una operación que alivie su estado. Nadie esperaba lo que pasó unas horas más tarde: la comisión judicial –acompañada de un cerrajero y la policía municipal– se presentó en la casa. Los vecinos más cercanos nos acercamos corriendo.

En la puerta de Vera estaba una procuradora de Bankia cuyo enfoque humanista remitía al Ayuntamiento de Madrid: lo sentía mucho todo, pero ya no iba a ser con la PAH con la que Bankia iba a negociar los alquileres sociales porque, según ella, el Ayuntamiento se hacía cargo de todo. Los mismos cimientos de la casa se alborotaron al oír semejante broma. Los activistas de la PAH recordaron que la alcaldesa de Madrid había, al fin y al cabo, conseguido pisos cedidos de Bankia en números redondos: cero. Pero con esa noticia la procuradora barría de la casa de Vera a los integrantes de la PAH mientras el secretario del Juzgado mostraba sus ganas de ejecutar el desalojo.

Vera, sin trabajo, se enfrentaba al segundo intento de desahucio con menos recursos aún que en el primero

Vera llegó corriendo del trabajo. Enseñando los certificados médicos de la niña consiguió un aplazamiento de dos meses. Como peaje, Vera tuvo que dejar aquel trabajo del que salió con fuego en los talones para proteger a su hija y a su casa. Es auxiliar de geriatría pero todo lo que encuentra es temporal, así que sobrevive con los 400–500 euros que le aportan al mes los trabajos precarios. “Te revientan, pero es lo que hay”, afirma. Y, ahora sin trabajo, se enfrentaba al segundo intento de desahucio con menos recursos aún que en el primero.

Pero Vera no paraba de buscar una solución. Lo que le ofrecieron desde las instituciones a la madre sola de cuatro hijos, no llegabas ni a ser un parche. “Los servicios sociales me decían que ayudaban a pagar la fianza y una cuota de alquiler. Pero luego ¿cómo pago yo un alquiler?” se pregunta Vera. En la víspera del segundo intento acudió a la desesperada a las oficinas de la Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento para hablar con la concejala Marta Higueras. Le pusieron en contacto por teléfono con Dolores Sancho, su asesora. “Sabían de mi desahucio”, afirma Vera. “Lo que pasa es que la jefa de servicios sociales de San Diego [Vallecas] le había dicho a Dolores Sancho que yo había rechazado una vivienda de emergencia social, por lo que entendían que no estaba necesitada”. Vera asegura que es una mentira, porque nunca me la han ofrecido una alternativa. “Igual que Bankia, intentan pasar la pelota de una a otra”, resume.

El viernes 19 de mayo Vera madrugó, junto a varios compañeros de la PAH, para ver un circo policial de hasta 15 furgones de la unidad policial –popularmente conocida como los antidisturbios– en los alrededores de la casa. No cabía ni mencionar una prórroga. La comisión judicial ni siquiera se acercó a la puerta; solo había diez hombres armados con un ariete y cara de pocos amigos. Una semana después le pregunto a Vera cómo vivió aquello. “Aunque yo estuve allí súper entera, tengo unas secuelas…” dice y rompe a llorar. “Me dejó muy tocada, llevo tres años en la PAH y no he visto nunca tanta policía en el desahucio como en el mío.”

Vera fue realojada inmediatamente después en Sierra de Llerena, uno de los edificios recuperados dentro de la campaña de Obra Social de la PAH. Allí su lucha por vivienda digna, iniciada tres años atrás, sigue junto a otras familias. Dice que se siente acompañada, pero no se va a olvidar de cómo la han tratado Bankia y el Ayuntamiento. “Me está saliendo todo ahora, toda la rabia, sobre todo por como jugaron con nosotros. ‘Ahora sí lo paramos, luego no, ahora sí’…” cuenta. “Eso te destruye por dentro.”

Ha solicitado un piso de la Empresa Municipal de Vivienda hace años y sigue a la espera. Tiene claro que el sistema actual de adjudicación de vivienda es insuficiente. Destaca que las promesas y esperas sucesivas de entrar en la convocatoria le hacen sentir que lo que recibe es caridad e insiste en que no es como debería ser: “No es que me vayan a ayudar en la EMVS, sino porque a mí me corresponde. Estoy en atención primaria porque soy madre soltera y reúno unas condiciones, no porque ellos me van a echar una mano”, concluye Vera.