Violencia sexual
Iglesias revela el nombre de las mujeres que lo han denunciado, declaradas testigos protegidas por la Fiscalía

Julio Iglesias ha publicado este jueves un segundo comunicado tras ser denunciado por dos extrabajadoras de sus mansiones, que señalan haber sido agredidas sexualmente por el cantante en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas), unos hechos sucedidos en 2021 tal y como recoge una investigación de eldiario.es y Univisión Noticias. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha abierto diligencias para investigar los hechos. Además, y tal como explicaba una de las abogadas de Women’s Link Worldwide —organización que ha asumido la representación de las denunciantes—, la Fiscalía ha concedido dos de las medidas solicitadas por las representantes de las dos mujeres: acceder a tomar declaraciones de las denunciantes y que las mujeres sean consideradas como testigos protegidas.

El cantante ha publicado un comunicado en Instagram por considerar que es “el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa”

A pesar de esta medida, Iglesias ha hecho públicos sus nombres este jueves junto a un escrito que responde a la negativa de la Fiscalía a tener acceso formal a la denuncia, algo que dice le ha “obligado” a pronunciarse públicamente por “el único medio que me permite ejercer legítimamente mi derecho a la defensa”, justifica el investigado en Instagram. “A continuación, adjuntó algunas de las comunicaciones de WhatsApp que ponen de manifiesto la incoherencia de las denuncias”, indica. A este mensaje difundido en sus stories de Instagram siguen un total de seis capturas de pantalla en las que se pueden ver los nombres y apellidos de las mujeres. 

Iglesias publicó un primer mensaje hace una semana, un breve post, también en Instagram, donde negaba las acusaciones. El abogado de Iglesias, José Antonio Choclán, presentó un escrito en el que pedía que se archivara la denuncia.

El relato de la denuncia

En la denuncia, presentada el 5 de enero, las mujeres relatan casos de violaciones, con tocamientos y penetraciones sin consentimiento, así como violencia física y trato degradante, según describe la investigación de los dos medios. La menor de ellas tenía 22 años durante los hechos. Esta empleada, de origen dominicano, a quien se refieren como Rebeca (nombre ficticio) explicó en Univision cómo en el proceso de selección le pidieron referencias, cinco fotografías, un currículum y le preguntaron si tenía hijos. Tanto ella como el resto de empleadas entrevistadas trabajaban en régimen interno, alojadas en la casa y sin apenas contacto con el exterior. Según el relato recogido por eldiario.es, Iglesias la mandaba llamar a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral. Allí, según ha relatado, la penetraba con los dedos anal y vaginalmente sin que ella diera su consentimiento. 

La otra trabajadora, una joven venezolana conocida como Laura (nombre ficticio) que tenía 28 años, recibió la noticia de su contratación con una llamada del propio artista a comienzos de 2021, en la que, según relatan estos medios, la explicó que la iba a cambiar la vida. Esta mujer describe tocamientos sin consentimiento y agresiones sexuales. 

Women’s Link Worldwide sostiene que la nacionalidad española del cantante permite que pueda ser juzgado en España ya que la legislación española permite investigar y perseguir delitos cometidos por un ciudadano español aunque estos sean cometidos fuera del territorio nacional

Ambos medios explicaron que han entrevistado a 15 extrabajadores del cantante, quienes describieron las condiciones de aislamiento de las mujeres, los conflictos laborales, la estructura jerárquica del personal y la tensión ambiental que generaba el “carácter irascible de Iglesias”. Estas declaraciones habrían sido contrastadas con abundantes pruebas documentales, como fotografías, registros de llamadas, mensajes de WhatsApp, visados o informes médicos.

Women’s Link Worldwide sostiene que la nacionalidad española del cantante permite que pueda ser juzgado en España ya que la legislación española permite investigar y perseguir delitos cometidos por un ciudadano español aunque estos sean cometidos fuera del territorio nacional bajo el principio de extraterritorialidad. Además, este principio se aplica especialmente a las violaciones de derechos humanos previstas en tratados internacionales que España ha ratificado, como el conocido Convenio de Varsovia contra la trata, que es el Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata y el Convenio de Estambul.