Violencia machista
Las trabajadoras de la Red de violencia de género piden mejoras en los recursos destinados a la atención

Una representación de las trabajadoras de la red de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid se ha hecho escuchar durante el pasado pleno del Ayuntamiento de Madrid. El último punto de la jornada trataba una proposición realizada por parte del grupo municipal de ultraderecha que pretendía la creación de una comisión para investigar si en el Centro de Atención Psico-Socio-Educativa (CAPSEM) Norte “se han producido actuaciones que hayan podido resultar lesivas en los derechos fundamentales de los varones como la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva e igualdad ante la ley, y que se adopten las demás medidas”, rezaba la petición. Asimismo, pedía una fiscalización sobre el uso los recursos municipales de atención a la violencia de género basada en su conocida negación de la violencia machista.

Las trabajadoras de la red que atienden a las mujeres decidieron contestar públicamente desde las puertas del Ayuntamiento, el mismo día del pleno, contra el discurso de Vox. “La proposición es la confirmación de la negación de la violencia de género que viene repitiendo como mantra el partido de ultraderecha”, plantea a El Salto Elena Fernández, portavoz de las trabajadoras. Para ellas va en la línea de las políticas que este partido ha puesto en marcha en territorios donde ha entrado a cogobernar, y conseguido que se cierren programas y recursos. “Está en continuidad con su política de atacar todo lo que son los derechos y libertades de las mujeres. En Madrid no tienen tanta fuerza, pero sabemos que pueden tener apoyo”, admite Fernández. Por ello, las profesionales han querido hacerse presentes y explicar su trabajo, “cómo lo hacemos, qué requisitos tenemos para poder tomar decisiones tan importantes como las que realizamos”.

Y se han hecho escuchar explicando que el Servicio CAPSEM Norte “es un centro municipal del Ayuntamiento de Madrid que atiende multidisciplinariamente a mujeres y sus menores víctimas de violencia de género que no cuentan con medidas de protección y han finalizado la relación”. Subrayan que su trabajo y dedicación va dirigido a ofrecer a las mujeres apoyo y orientación para una recuperación que les ayude a salir adelante de forma segura y autónoma.

“Atendemos las mismas trabajadoras al doble de mujeres pero reivindicamos la calidad en el servicio, y eso se consigue al invertir en las plantillas y en recursos materiales"

Mayor atención a víctimas, misma plantilla

Con la oportunidad de poner el debate sobre la mesa, las trabajadoras han aprovechado para llamar la atención hacia las condiciones en las que trabajan, no siempre las ideales, teniendo en cuenta que hay dos CAPSEM, uno al norte y otro en el sur de la ciudad de Madrid. El primero atiende a la población de 14 distritos: Centro, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Ciudad Lineal, Hortaleza, Vicálvaro, San Blas y Barajas. El segundo da cobertura a los otros siete distritos: Arganzuela, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Valllecas, Villa de Vallecas y Villaverde. A la red de recursos municipales de violencia de género pertenece también el centro SAVG, con atención 24 horas los siete días de la semana, así como los centros de emergencia y los puntos de violencia.

En cuanto al trabajo realizado por las profesionales las cifras les respaldan: 1.570 mujeres fueron atendidas en la red en el primer semestre de este año, solo un poco menos de las 1.893 que utilizaron alguno de los recursos durante todo 2022. En este sentido, Elena Fernández acota que actualmente los recursos dedicados a las víctimas de violencia machista llegan a ser insuficientes para atender cada vez a más mujeres: “Atendemos las mismas trabajadoras al doble de mujeres pero reivindicamos la calidad en el servicio, y eso se consigue al invertir en las plantillas y en recursos materiales para que las mujeres encuentren espacios seguros y cómodos en los que contar cosas tan desgarradoras como las que nos cuentan”.

Alta cualificación reconocida

Las trabajadoras de la red de violencia de género del Ayuntamiento de Madrid consideran que con la proposición de Vox —que fue rechazada por el resto de partidos incluyendo el Partido Popular— se llegó a poner en duda su profesionalidad. Por ello han reiterado que el mismo ayuntamiento les exige titulaciones técnicas o universitarias (trabajadoras sociales, psicólogas, educadoras sociales y abogadas) y estar colegiadas por el organismo oficial de cada profesión. Además, les requieren entre 100 y 150 horas de formación en violencia de género y entre uno o dos años de experiencia profesional en atención a mujeres víctima. Con ello dan cuenta de la alta cualificación que tienen todas las profesionales que actualmente laboran en estos centros de atención.

En cuanto a la puesta en duda de supuestas actuaciones discriminatorias contra los varones, el personal de estos centros asevera actuar en coordinación con las autoridades como parte de sus propios protocolos. “Somos un servicio que nos coordinamos con Servicios Sociales, los Centros de Atención a la Infancia (CAI) y otras instituciones. Si hay una mujer en riesgo nos coordinamos con la policía municipal a través de la Unidad de Apoyo y Protección la Mujer, Menor y Mayor (UAPMMM). Incluso nos llaman si tienen un caso para el que necesitan nuestro apoyo y nos traen a las mujeres”.

“Si nos citan como testigos peritos es porque tenemos un reconocimiento y una acreditación como para poder valorar si esa mujer ha sufrido violencia o no. Esa es nuestra profesionalidad."

Asimismo, a solicitud de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer, aportan informes e incluso “nos citan como testigos peritos para que aportemos nuestras valoraciones de los casos que hemos atendido desde los servicios”, destaca la portavoz de las trabajadoras, y agrega, “si nos citan es porque tenemos un reconocimiento y una acreditación como para poder valorar si esa mujer ha sufrido violencia o no. Esa es nuestra profesionalidad”. A su vez Fernández destaca que su trabajo está más que justificado a través de memorias, de indicadores, de procesos y procedimientos. “Lo medimos todo sabiendo que esto es serio y dedicamos parte de nuestro tiempo de trabajo a esa tarea, con alta carga burocrática, pero precisamente porque es importante que todo quede reflejado para que se sepa a qué número de mujeres atendemos, en qué condiciones vienen y sobre todo, qué necesitan”.

En cuanto a las alegaciones sobre las supuestas lesiones de la presunción de inocencia mencionadas por la ultraderecha madrileña, las trabajadoras aseguran que estas se caen por el propio peso de la ley. Explican que los mecanismos que la Ley Integral contra la violencia de género 1/2004 pone en marcha para proteger a las mujeres, son los mismos contemplados por la ley de enjuiciamiento criminal de 1882 para cualquier delito, que permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la detención de una persona durante un máximo de 72 horas hasta pasar a disposición judicial.

Por su parte las trabajadoras reiteran que su trabajo profesional está reconocido por el Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género (un acuerdo de todos los partidos políticos), donde en su artículo 23 contempla la acreditación de violencia de género sin necesidad de que existan medidas de protección o denuncia.

El SAVG, que es la puerta principal de las mujeres a la red principal, en 2021 atendió a 1700 mujeres entre enero y agosto. En el mismo periodo de 2023 se han atendido 3.017 mujeres, casi el doble de hace dos años

Rechazo a Vox en el pleno 

Las trabajadoras de la red de violencia de género salieron reforzadas en su petición a las afueras del pleno. Más Madrid y PSOE en sus intervenciones también apoyaron el trabajo que han venido realizando las profesionales de los centros de atención a las víctimas de violencia. En su alocución Carolina Elías, de Más Madrid aprovecho para señalar su apoyo las demandas de las profesionales como la contratación de más personal y mejora de sus condiciones laborales. Elías argumentó con otro ejemplo, el Servicio de Atención a Víctimas 24 horas, que es la puerta principal de las mujeres a la red principal, en 2021 atendió a 1700 mujeres entre enero y agosto. En el mismo periodo de 2023 se han atendido 3.017 mujeres, casi el doble de hace dos años, con el mismo personal, como bien explicaron las trabajadoras.

La concejala llamó también a atención sobre la falta de plazas de alojamiento y las condiciones del mobiliario, “muchas veces las mujeres y sus hijos acaban en recursos habitacionales no especializados que no cuentan con los niveles de protección necesarios”. Elías se pronunció también a favor de fortalecer los recursos de estos servicios tanto para mejorar la atención a las mujeres como las condiciones laborales de las trabajadoras.

Por su parte el concejal del PP José Fernández, delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, en su respuesta a Vox hizo explícito su reconocimiento y apoyo a las profesionales que trabajan en la red de violencia de género del ayuntamiento, así como a las víctimas. “Si tiene una denuncia, váyase a los juzgados”, contestó Fernández a la concejala Carla Toscano del partido de ultraderecha —quien presentó la propuesta— señalándole además, que no mezclara los procesos administrativos con los judiciales. “En ningún momento se actúa de manera arbitraria ni discrecional”, zanjó el concejal.

Finalmente, las trabajadoras satisfechas del rechazo de la proposición por parte de la mayoría del pleno de Madrid, hacen un llamado a los y las políticas de ayuntamiento que quieran conocer los servicios que ofrece la red de violencia de género a que vayan y hablen con las trabajadoras pero no desde la fiscalización, como lo propone Vox. “Ir, interesaros para ver qué es lo que hace falta, qué cosas están bien y cuáles hay cambiar. Las puertas están abiertas” concluye Elena Fernández.