Violencia machista
Martínez Perza pide disculpas a las víctimas pero dice que “siempre han estado protegidas”

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha comparecido este jueves en la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso de los Diputados. Allí ha explicado el funcionamiento y el estado del sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual, conocido como sistema Cometa. La comparecencia se produce después de una semana en la que la publicación en un medio de extrema derecha de un fallo en la migración de los datos tras el cambio de adjudicataria del contrato desatara la peor crisis hasta el momento de Ministerio de Igualdad de Ana Redondo.

El fallo, recogido en la Memoria de la Fiscalía, se produce cuando a finales de 2023 se produjo la transición del servicio de gestión de las pulseras, que dejó de estar en manos de Telefónica - Securitas Direct a la UTE entre Vodafone y Securitas. En esta transición, se produjo el supuesto fallo en la migración de datos, que impidió el volcado de la información histórica de la geolocalización de los agresores. Redondo pasó de minimizar el fallo a anunciar que licitará de nuevo el contrato. 

Martínez Perza ha pedido disculpas “a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas por la situación que estamos viviendo” y ha anunciado que contactará a las víctimas personalmente

Esta mañana, Martínez Perza ha comenzado su intervención pidiendo disculpas “a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas por la situación que estamos viviendo”. Sin embargo, ha insistido en que las víctimas “siempre han estado protegidas” y que “las pulseras salvan vidas todos los días”. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha anunciado luego que se pondrá en contacto personalmente con las víctimas para “pedirles disculpas por el ruido en torno a los dispositivos Cometa y para poner a su disposición a la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género a través de nuestro personal en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno”.

Más de 4.000 mujeres

A fecha de 31 de agosto, existían 4.730 mujeres en este sistema de protección y “pueden sentirse seguras”, ha afirmado, para añadir que, de hecho, “ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada” y se trabaja “a diario por y para su seguridad y su bienestar”.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha recordado que el sistema COMETA no es la única medida de protección a las víctimas, y que estos dispositivos se instalan cuando la víctima desea contar con ese plus de protección o cuando el órgano judicial lo considera conveniente. De esta forma, la confianza en estos dispositivos ha ido en aumento, pasando de 1.800 en 2018, a las 4.730 del último dato registrado.

La delegada ha detallado su funcionamiento y ha puesto de relieve que el sistema controla cada día de media 30 millones de geoposicionamientos. Ha expuesto, además que, si el agresor entra en las zonas de exclusión o intenta manipular los dispositivos, en la Sala COMETA salta una alerta e inmediatamente se despliegan los protocolos de actuación, que son activados por profesionales especializados en violencia de género y formados para ello.  

“Sin ser infalible, con nuestro sistema no se ha producido ningún asesinato de ninguna mujer portadora de estos dispositivos.  Es mentira que en 2024 una mujer fuera asesinada mientras portaba un dispositivo. Tampoco antes ni después”, ha dejado claro Martínez Perza.

La UTE comenzó a operar el 8 de febrero de 2024, aunque existió un periodo de transición, de tres meses, en el que se subcontrató a Telefónica, anterior adjudicataria y encargada del servicio desde su puesta en funcionamiento, y que en esta ocasión no había concurrido a la licitación

Sobre el contrato en vigor, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha relatado que la UTE formada por Vodafone y Securitas fue la única empresa que superó la licitación, adjudicándose el servicio por un total de 42,6 millones de euros. La UTE comenzó a operar el 8 de febrero de 2024, aunque existió un periodo de transición, de tres meses, en el que se subcontrató a Telefónica, anterior adjudicataria y encargada del servicio desde su puesta en funcionamiento, y que en esta ocasión no había concurrido a la licitación.

La delegada ha expuesto algunas de las mejoras que se introdujeron con el cambio de contrato: la ampliación del uso de los dispositivos a las víctimas de violencia sexual, la instalación de nuevos dispositivos con una mayor autonomía y mejor localización, el que se ofrezca smartphones a las víctimas para no estigmatizarlas, o la utilización de dispositivos multiagresor y multivíctima, para que sólo se necesite uno, aunque puedan existir varios agresores. Se ha incorporado, asimismo, un botón SOS para contacto instantáneo.

Sobre el proceso de migración, Martínez Perza, ha aclarado que las dificultades detectadas afectaron a los procesos judiciales tramitados por delitos de quebrantamiento de pena o medida de alejamiento ya sucedidas, no a la seguridad de las mujeres. Igualmente, ha negado que exista un elevado número de sobreseimientos y absoluciones, matizando que, en la mayoría de los casos en los que no se pudieron aportar datos en el momento requerido se resolvieron posteriormente.

En cualquier caso, la delegada ha indicado que, tras conocer las incidencias, tanto la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género como la División TIC del Ministerio de Igualdad trabajaron intensamente logrando, a finales de noviembre del año pasado, el pleno acceso a la información de las bases de datos de la anterior adjudicataria. “La falta de información momentánea en ningún caso ha afectado a delitos de violencia de género, como puede ser una agresión, sino a delitos de quebrantamiento de condena, es decir, el incumplimiento de una orden de alejamiento”, ha remarcado la delegada.

Además, ha adelantado que ya se trabaja en el borrador del próximo pliego en el que se incluirán mejoras como el desarrollo, actualización, gestión y explotación de la plataforma y aplicación de dispositivo; la exigencia de desarrollo de una aplicación de consulta en tiempo real para la Delegación; o el que los dispositivos, que seguirán siendo propiedad del ministerio, sean “compatibles con el sistema” y no puedan “ser manipulables”. Por otro lado, se requerirá una configuración individualizada de idioma en los dispositivos, así como la atención a las víctimas en los idiomas necesarios, la exigencia de desarrollo de un módulo de quejas, o el refuerzo de personal especializado para mejor servicio en las llamadas.

El Congreso reprueba a Redondo

La intervención de Martínez Perza se produce después de que el Congreso de los Diputados reprobara el martes a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y exigiera su cese con los votos del Partido Popular y de Vox y la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria. El PP logró recabar los apoyos necesarios para sacar adelante la moción mediante la cual la Cámara Baja en una moción que califica a Redondo de “negligente” y que pide su “cese inmediato” por los “graves fallos en el sistema Cometa encargado de las pulseras antimaltrato”. 

La moción del PP, que ha calificado la situación como un nuevo “sí es sí”, pedía además actualizar los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena de agresores sexuales como consecuencia de la entrada en vigor la ley de libertad sexual.

La iniciativa también solicita que se ofrezca información urgente sobre las circunstancias en las que se han producido esos fallos y sobre las medidas adoptadas para solventar los “graves perjuicios causados a las víctimas afectadas”.

El PP, que ha calificado la situación como un nuevo “sí es sí” en alusión a en referencia a la crisis del Ministerio de Igualdad de la legislatura anterior provocada por la rebaja de penas a condenador por delitos contra la libertad por la aplicación de la ley de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, pedía además actualizar los datos sobre excarcelaciones y reducciones de condena de agresores sexuales como consecuencia de la entrada en vigor la ley de libertad sexual.

PP, Vox y UPN votaron a favor, mientras que ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria se han abstenido. Los votos favorables han sido 170, frente a 162 en contra. Junto al bloque de PSOE y Sumar, contrarios a la reprobación, se han mantenido Podemos, EH Bildu y el PNV.