Violencia machista
Madres protectoras, denunciar el abuso y cambiar el relato

Incumplidoras, desobedientes, alienadoras son los nombres que les han dado la justicia y los medios. A veces, también criminales, secuestradoras, brujas. De ellas se dice que tienen preocupación mórbida por sus hijos e hijas o que persiguen una ganancia secundaria cuando denuncian ante las autoridades lo que les cuentan sus hijos. Pero ellas reivindican otra acepción: la de “madres protectoras”. “Nos llaman locas, histéricas, obstaculizadoras de las relaciones paternofiliales, despechadas, progenitoras maliciosas... todo salvo lo que somos: madres que sabemos la verdad y la defendemos a muerte”, dice una de ellas, que prefiere no dar su nombre ni hablar de los detalles de su caso.

Su historia no aparece en el manifiesto hecho público hace unas semanas y que firman como Consejo Nacional de Mujeres Resilientes de la Violencia de Género, una federación que se ha ido gestando en los últimos dos años gracias al contacto entre diferentes organizaciones que trabajan sobre la violencia machista junto a supervivientes de la misma, y que se formalizó hace un año. El manifiesto denuncia que el maltrato institucional es la respuesta que les da la justicia ante las denuncias de abusos sexuales a sus hijos, pero también la violencia vicaria que sufren muchas de ellas. Y es que estas mujeres hablan de un concepto incómodo que ni siquiera aparece en el Código Penal y del que hay pocas estadísticas: el incesto.

“No soportan que destapemos que en España el incesto y el maltrato infantil no se está penalizando, que existe una absoluta indefensión de los menores, que existen padres ‘normales’, de esos que van al parque o los ves montando los legos que cuando están a solas con sus hijos e hijas disfrutan torturándoles para someterlos a su poder, y lo hacen porque se les permite”, abunda esta misma madre que pide ser citada como “madre protectora en confidencialidad” .

‘Backlash’ institucional

Tras el manifiesto de las madres protectoras hay un centenar de mujeres que tienen en común el haberse enfrentado a acusaciones de secuestro y la pérdida de la custodia cuando han denunciado abusos sexuales contra sus hijos o malos tratos hacia ellas y los niños, o que están al borde de llegar a esta situación.

V. S. ha denunciado ambas cosas. En este momento, tiene una orden de alejamiento de tres años de su maltratador, pero el juez le ha solicitado que reanude de inmediato las visitas con el padre, que ha amenazado de muerte a los niños. “Creo que estamos en el tema de abuso y maltrato infantil como estábamos con la violencia de género hace veinte años; entonces una mujer iba a denunciar y nadie la creía”, dice esta madre. Tras la respuesta que ha tenido la justicia ante sus denuncias, V. es tajante al afirmar que, de haber sabido cómo responde el sistema judicial, no hubiera denunciado. “En mi primera denuncia yo ya explico que no había ido antes [a denunciar a comisaría] porque no creía que pudieran protegerme, si lo hice fue porque me animó mi entorno”, dice. Hoy cree que, de no haber denunciado, estaría en mejores condiciones para proteger a sus hijos, aunque tuviera que convivir con el hombre al que ha denunciado por maltrato y abuso.

Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Themis: “Desde el derecho penal y de familia se soporta mal que las mujeres denuncien a los hombres, bien por violencia de género o bien por abusos sexuales”

Altamira Gonzalo, jurista especializada en derecho de familia y vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, lo explica así: “Desde el derecho penal y de familia se soporta mal que las mujeres denuncien a los hombres, bien por violencia de género o bien por abusos sexuales, y es frecuente la reacción de no creer el relato de las mujeres y tampoco el de los niños y las niñas”. Gonzalo resume así esta reacción adversa de las instituciones ante lo que es un paso adelante de estas madres. “Este descreimiento de los relatos de las mujeres y de sus hijos tiene la causa en el sistema patriarcal”, explica. Un sistema donde la falta de perspectiva de género por parte de quien tiene que examinar esas situaciones brilla por su ausencia: “A eso lo llamamos maltrato institucional”.

Por eso, la pelea de estas mujeres no es solo contra un sistema que se vuelve en su contra, sino también contra un relato que las criminaliza. Beatriz Gimeno, activista feminista de larga trayectoria, conoció algunos de estos casos mientras era diputada en la Asamblea de Madrid en la legislatura de 2015 a 2019. Es en ese contexto donde entra en contacto con varias madres que ya entonces alertaban sobre estas situaciones, y a las que una investigación policial trató de acusar de organización criminal en un informe plagado de contradicciones que la Fiscalía no consideró suficiente para abrir un juicio contra ellas, en lo que se llamó el caso Infancia Libre.

“Yo antes no era tan consciente, no había mirado los abusos sexuales a la infancia hasta que me empecé a reunir con estas madres, y de lo que me he dado cuenta es de que realmente, en España, es muy difícil denunciar un abuso sexual a un niño o niña dentro de la familia, que eso puede suponer que te quiten la custodia, y estas mujeres lo último que quieren es perder la custodia”, dice Gimeno, que luego ha sido directora del Instituto de las Mujeres —dependiente del Ministerio de Igualdad— y entiende los reproches de estas madres hacia unas instituciones que se dicen igualitarias y no demuestran serlo. “Las instituciones encargadas de igualdad tradicionalmente —Ministerio, direcciones generales, observatorios— asumen responsabilidades pero tienen muy pocas fuerzas para enfrentarse a todo un aparato judicial profundamente conservador y machista y que van incorporando medidas a regañadientes”, lamenta. “Desde mi experiencia institucional, entiendo que quien esté fuera te eche la culpa”. Gimeno pone en valor el esfuerzo de estas mujeres por cambiar la forma en que se escribe su historia: “El lenguaje construye realidad, usar el término de ‘madres protectoras’ es un buen intento de resignificar la situación”, valora.

El manifiesto de las madres protectoras trata de dar otro giro al referirse a sus hijos e hijas como “criaturas heroicas”: Esos niños y niñas están siendo victimizados por juzgados, psicólogos o Servicios Sociales... son pequeños héroes”

En ese intento de “construir realidad”, el manifiesto de las madres protectoras trata de dar otro giro al referirse a sus hijos e hijas como “criaturas heroicas”. Sobre por qué son heroicas estas criaturas, V. S. se explica así: “Esos niños y niñas están siendo victimizados por juzgados, psicólogos o Servicios Sociales, donde les hacen contar el caso una y otra vez; además, en la mayoría de los casos, se les está obligando a seguir viendo a su presunto abusador o maltratador: es heroico cómo ellos son capaces de gestionarlo, son pequeños héroes”. Esta madre insiste en una idea: la de que ella y las otras madres que se han movilizado para denunciar esta situación lo que han hecho es denunciar lo que les han contado unos niños y niñas que les han confiado su historia. La situación es kafkiana: “Cuando vamos a los juzgados a denunciar un hecho que dice tu hijo, en lugar de investigar por qué el niño ha dicho eso sobre el progenitor lo que se hace es investigar a la madre para ver si está induciendo al niño, pero es que si no denuncias, estás encubriendo”.

Ese término “induciendo”, es también clave en esta historia de justicia patriarcal y relatos sesgados. Porque pertenece al ámbito del Síndrome de Alienación Parental (SAP), un falso síndrome acientífico por el que las denuncias de las madres pasan a ser tratadas como conflictos entre dos partes donde la madre trata de manipular a niños o niñas en contra de los progenitores. La receta que prescribe el SAP es una separación de madres e hijos, a veces sin miramientos y mediante el uso de la fuerza.

No se investiga ni se condena

Como recoge el informe de Save the Children Ojos que no ven (2017), son pocos los casos en que una persona adulta da credibilidad a la revelación de un niño o niña de que está sufriendo abusos sexuales y denuncia: un 15 % del total. Del escaso porcentaje de casos denunciados, un 72% termina sobreseído, es decir, no se investiga, generalmente por insuficiencia de prueba.

A falta de una estadística judicial específica, Save the Children extrae sus datos del número de denuncias al año que registra el Ministerio del Interior y del número de sentencias tres años después. Porque los datos sobre abusos sexuales a la infancia en el ámbito familiar son escasos. El informe La respuesta judicial a la violencia sexual que sufren niños y niñas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, publicado en 2020, es otra referencia. Sin embargo, no analiza solamente el abuso sexual intrafamiliar, sino que se basa en resoluciones judiciales sobre delitos contra la indemnidad sexual de menores en España —en concreto, 455 documentos extraídos del Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial y referidos a los años 2010 a 2019—, un término mucho más amplio.

Este informe concluye que los niños y niñas se encuentran especialmente desprotegidos frente a este tipo de violencias y que estas suelen ser de carácter recurrente o continuo en el 64% de las veces. Los resultados del estudio muestran que el 98% de los agresores son hombres y que el 74% forman parte del ámbito familiar o del entorno cercano de la víctima. Asimismo, el informe concluye que los delitos sexuales suelen perpetrarse en el propio domicilio del menor, seguido del domicilio del agresor, si bien los centros educativos donde se realizan actividades deportivas o lúdicas también suelen ser el escenario de los abusos en el 12,8% de los casos. Las niñas, que constituyen el grueso de las víctimas (72%), suelen ser objeto principalmente de trata de abusos y agresiones sexuales (97,9%), mientras que los niños sufren este tipo de agresiones en un 53,16% de los casos, seguido de prostitución, corrupción de menores y pornografía en un 47,8%.

Otros datos de interés que ofrece el informe tienen que ver con graves carencias en la aplicación de las medidas condenatorias y en la falta de una perspectiva de género en los procedimientos judiciales. Por ejemplo, la pena de inhabilitación profesional a los condenados con ocupaciones que impliquen contacto con menores, que constituye una medida obligatoria desde la reforma penal de 2015, no se aplica en el 74% de las sentencias en las que se debería. A su vez, el informe da fe de una disminución en el promedio de años de condena por delitos sexuales contra la infancia al comparar los datos recientes con el año 1995, a pesar de las reformas establecidas para adecuar la normativa estatal a las directrices europeas sobre abuso y explotación sexual de menores.

También menciona la realización de informes psicológicos forenses, para señalar que estos informes son incompletos, puesto que no suelen considerar los daños a la integridad derivados de la violencia sexual sufrida, sino que se suelen centrar exclusivamente en la valoración de la credibilidad del testimonio de la víctima.

Violencia vicaria

Junto a la deficiente respuesta institucional, el manifiesto de madres protectoras denuncia también la violencia vicaria, un término que el caso de Rocío Carrasco ha puesto de actualidad y que ha movilizado a la sociedad tras confirmarse esta semana el asesinato de las niñas Olivia y Anna por su padre.

Este concepto, acuñado por la psicóloga clínica y forense Sonia Vaccaro hace una década, que se usa para complejizar las formas en que opera la violencia contra las mujeres, hace alusión a “una forma de violencia de género que utilizan los maltratadores quizá alejados de las mujeres —por las leyes, órdenes de alejamiento, pulseras electrónicas etc.— pero con acceso a los hijos, a quienes utilizan para seguir maltratando a la madre”, según explica la misma Vaccaro a El Salto.

La forma más extrema de la violencia vicaria, concepto acuñado por Sonia Vaccaro, es el asesinato de los hijos: “El término lo acuñé porque veía que había madres que no sabían cómo mostrarle a la justicia la relación entre lo que las exparejas hacían a los niños y el maltrado”

Se trata, ahonda, de dar a las mujeres donde más duele: “No dicho esto por mí ni caprichosamente, sino por ellos mismos”. Y pone un ejemplo: el de un hombre que, antes de arrojarse por un balcón con su hijo bebé en brazos, le dijo a la madre: “Mira lo que te hago”. Porque Vaccaro entiende que la forma más extrema de la violencia vicaria es el asesinato de esos hijos y que, de hecho, esta conceptualización ha permitido reconocer como víctimas de violencia de género a Itziar Prats, Ángela Carreño o Ruth Ortiz, tres nombres propios de la memoria histórica de la violencia de género por tener en común el que sus hijos e hijas fueron asesinados por las exparejas de ellas y padres de los pequeños. “El término lo acuñé porque veía que había madres que no sabían cómo mostrarle a la justicia la relación entre lo que las exparejas hacían a los niños y el maltrado”. Vaccaro pone otros ejemplos: amenazas hechas llegar a las mujeres en notas a través de los niños o el caso de una niña diabética que regresa de una visita con el padre con una bolsa de chucherías. “Me di cuenta de que eso era un tipo de violencia por interpósita persona; como la justicia sigue permitiendo tener acceso a los hijos, el maltratador lo utiliza, y que estas mujeres llegan a desarrollar sintomatología específica a causa de esta violencia”.

Altamira Gonzalo recuerda que la ley prevé instrumentos para que los jueces limiten el acceso a los hijos, bien a través de medidas cautelares mientras hay un procedimiento por violencia de género en curso o bien, fuera de estos procesos, en interés superior de los menores. Pero la estadística es contundente y apenas varía año a año. El Consejo General de Poder Judicial refleja en su informe anual de 2020 que solo en un 3,01% de los casos los jueces suspendieron las visitas como medida cautelar o derivada de una orden de protección. La suspensión de la potestad fue una medida que se tomó en el 0,72% de los casos. “Lo que hay es una resistencia enorme del sistema judicial a privar a los padres de lo que se denominan derechos, y que no son derechos sobre los menores, en todo caso son deberes”, zanja Gonzalo. “Y hay una resistencia enorme porque se parte de la base de que un maltratador en todo caso es un buen padre y eso es un error”, apostilla.

Escuchar a la infancia

Altamira Gonzalo menciona la ley de infancia como el lugar donde podrían haberse puesto los cimientos para revertir esta resistencia judicial. Pero, en su opinión, el texto no lo hace. Presentada como un ambicioso proyecto de ley integral al que el Congreso daba la aprobación definitiva el 20 de mayo y que ha implicado varios años de trabajo y la participación de las principales organizaciones de infancia, la ley se presenta como una que cambiará el paradigma sobre la infancia, al promover su escucha y participación, tal y como establece el Comité de los Derechos del Niño y plasma el texto en su artículo 11, que recoge el “derecho de las víctimas a ser escuchadas”.

“Los jueces y juezas pueden escuchar a los niños pero, salvo excepción, no les quieren creen, les es más cómodo culpar a la madre que investigar el atroz delito que tienen delante”, dice una madre que conoce el sistema en primera persona 

Sin embargo, las madres protectoras se preguntan si el sistema de justicia está dispuesto a tomarse en serio esta escucha. “Los jueces y juezas pueden escuchar a los niños pero, salvo excepción, no les quieren creen, les es más cómodo culpar a la madre que investigar el atroz delito que tienen delante”, razona la madre anónima del comienzo de este texto: “¿Cómo van a proteger estas personas a las criaturas de sus agresores si basan toda su ideología, tesis, conferencias y su negocio en las ideas de quien defiende la pederastia? ¿En manos de quién estamos?”. Frente a eso, estas madres anuncian que no van a callar: “Queremos que sepan que jamás vamos a tirar la toalla, por ellos, por ellas  y por el resto, porque hoy me pasa a mí pero mañana puede ser tu hija, tu sobrino, tu alumna, y nadie les va creer, porque no les compensa”.