Violencia machista
Denuncia colectiva contra un influencer por incitación al odio: “Hay que parar a este tipo de personas”

La Fiscalía Provincial de Guipúzcoa ha hecho llegar un escrito de denuncia a un  juzgado para pedir que se investiguen varios perfiles en redes sociales por entender que existen indicios sólidos de su uso para cometer delitos contra los derechos fundamentales y las libertades públicas. En concreto, la fiscalía entiende que los hechos podrían enmarcarse en el artículo 510 del Código Penal, que castiga los delitos de odio, y el artículo 173.1 del Código Penal, que castiga el trato degradante. La fiscalía añade que las conductas señaladas en la denuncia serían indiciarias de un posible delito de revelación de secretos recogido en el artículo 197.5 del Código Penal. El procedimiento fue iniciado tras acumular varias denuncias interpuestas por la asociación Stop Violencia Vicaria y por su presidenta, Andrea Cabezas, a las que luego se sumaron las de otras usuarias. Algunas de las denuncias individuales ya fueron recogidas por el periódico Artículo 14.

La denuncia de la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, de enero de 2026, se dirige contra Hugo López Arteaga, responsable de diferentes cuentas en Instagram, TikTok y Facebook. La actividad denunciada es la referente a uno de sus perfiles de Instagram, en el que llegó a tener 120.000 seguidores. Los perfiles de esta persona en esta red social están cerrados desde finales de 2025. La misma persona gestionaba otros dos perfiles en Instagram. Tras el cierre de estas cuentas, el hombre ha trasladado su actividad principal a TikTok, donde difunde su contenido a sus docenas de miles de seguidores.

El escrito de la fiscalía recoge cómo el 17 de noviembre el influencer compartió un vídeo donde aseguró que es “normal que asesinen a las mujeres” y que “poco pasa”, ya que “la paciencia tiene un límite y la cabeza también”. El vídeo continúa así: existen tres opciones para los hombres, que son 1) suicidarse y matarse, 2) suicidarse, 3) matarla y suicidarse y 4) matarle e ir a la cárcel. Poco después, el 30 de diciembre, el investigado colgó la imagen de una usuaria de Instagram que respondió con un insulto a este vídeo en sus comentarios. Tras difundir la imagen y el nombre de usuaria de esta mujer, numerosas personas se dirigieron a ella de forma intimidante, dice el escrito. La denuncia hace alusión a dos hechos más, ambos del 21 de enero de 2026. En primer lugar, recoge cómo el influencer difundió publicaciones sobre la vida personal de la presidenta de Stop Violencia Vicaria, Andrea Cabezas, así como de su hija. En segundo lugar, recoge cómo otro usuario de Instagram fue calificado por el influencer como “delincuente” y cómo López Arteaga pidió a sus seguidores datos sobre la vida privada de esta persona. 

La querella recoge hechos relativos a diez denunciantes y aporta informaciones sobre otras diez personas más

Tras la denuncia de la fiscalía, la asociación Stop Violencia Vicaria y su presidenta,  junto a nueve mujeres más, han iniciado un procedimiento colectivo. Lo han hecho dirigiendo un escrito de personación en el que se suman a la denuncia de la fiscalía y recogen hechos posteriores y relativos a más personas. La querella recoge hechos relativos a diez denunciantes y aporta informaciones sobre otras diez personas más, que han preferido no personarse en la denuncia pero sí han accedido a que se aporte documentación relativa a ellas “a efectos de contextualización, acreditación del patrón delictivo y valoración del riesgo”. 

El escrito, como ha podido comprobar El Salto, señala que el hombre difundiría este tipo de contenidos en sus redes para “justificar abiertamente la violencia contra las mujeres”, “incitar directa e indirectamente a la violencia contra mujeres concretas y contra colectivos feministas”, “exponer públicamente datos de mujeres concretas” y “atribuir falsamente delitos gravísimos a dichas mujeres”. 

La denuncia colectiva

El 18 de noviembre de 2025, Andrea Cabezas difundió un vídeo expresando apoyo a las víctimas de violencia de género y anunciando la interposición de varias denuncias ante fiscalía como respuesta a la publicación del influencer en la que se mofaba de una mujer que había dado su testimonio de una violación en redes, dice el escrito. Tras el vídeo de apoyo de Cabezas, el denunciado publicó en sus redes sociales el 20 de enero diversos contenidos contra ella en los que la acusaba de ser una “madre secuestradora”. Además, difundió una fotografía de la mujer con la que invitaba a sus seguidores a proporcionar datos sobre ella con la finalidad declarada de “exponerla” públicamente. El investigado difundió contenidos en los que avalaba expresamente que se atacara a Cabezas “donde más le duele”. Tras estos vídeos, Cabezas recibió mensajes explícitos de amenazas como: “Vas a acabar presa o bajo tierra y no voy a mancharme ni las manos” o “pedófila”. Cabezas ha explicado a El Salto que este señalamiento en redes supuso no solo un menoscabo personal, sino también un desprestigio profesional. La presidenta de Stop Violencia Vicaria estuvo en situación de baja médica por la ansiedad provocada por esta situación.

Yolanda Costumero es otra de las denunciantes. Costumero acudió a la Policía inicialmente en calidad de testigo para poner en conocimiento de las autoridades diversos contenidos compartidos por el influencer, después de que el video en el que el hombre se ríe del testimonio de violación de una mujer sirviera como detonante. Tras la comparecencia policial, que no fue de carácter público, el influencer difundió varios contenidos sobre Costumero. Según el escrito de personación, López Arteaga se refirió de forma expresa a ellas en varios vídeos, exhibió su rostro, la calificó de “madre secuestradora” y aportó datos sobre su lugar de residencia. Tras publicar estas manifestaciones, Costumero fue objeto de hostigamiento por otras cuentas. Una en concreto difundió de forma reiterada datos que la identificaban, “amplificando el señalamiento iniciado por el investigado”, dice el escrito de personación. Tras estos hechos, se produjo una entrada no autorizada en el domicilio de Costumero, hecho que también motivó la interposición de una denuncia.

Yolanda Costumero es una de las diez denunciantes y quiere que el miedo cambie de cambio: “Sé que no es sólo él, pero él es la cara visible, hay que parar a este tipo de personas”

En conversación con El Salto, Yolanda Costurero explica que se ha sumado a la denuncia “porque somos muchas las mujeres a las que está atacando”. Las consecuencias, explica, no se detienen en la vida digital: “Me he sentido insegura, he estado noches sin dormir”, explica. La mujer reconoce haber reducido su actividad en redes como consecuencia y es consciente de que no se trata solo de una persona en concreto, sino que la situación la han provocado muchas personas: “Sé que no es sólo él, pero él es la cara visible, hay que parar a este tipo de personas”.  Esta mujer quiere “que perdamos el miedo, que el miedo cambie de bando”, añade.

El Salto ha hablado con una tercera denunciante, la mujer que gestiona el perfil de Instagram @madresprotectorasdebarcelona y que prefiere permanecer en el anonimato. En su caso, el escrito recoge cómo, tras comprobar esta mujer la gravedad de las afirmaciones del investigado en sus redes  y percatarse de que publicaba imágenes y nombres de usuarias incitando a su audiencia atacarlas, @madresprotectorasdebarcelona publicó un reel crítico en el que repudiaba ese discurso. Esta actuación “marcó el inicio de la represalia directa del investigado contra su persona”, con acciones como el etiquetado directo de la cuenta para señalarla ante su seguidores, calificativos de “madre secuestradora” o llamamientos en su cuenta a “ponerla en su sitio”.

“Yo no sabía quién era este personaje, cuando vi lo que publicaba no me lo podía creer”, explica. Tras el reel crítico, él “se ensañó”. “Nos provocaba, nos etiquetaba, sacó un vídeo de más de seis minutos diciendo que éramos una banda criminal… por eso decidí sumarme a la denuncia”, explica a El Salto.

Hostigada tras compartir su testimonio

El Salto ha podido hablar también con la mujer que compartió en redes su testimonio sobre una violación sufrida hace más de un año, y que también está entre las denunciantes. En el vídeo, ella explicaba cómo se había sentido desamparada tras haber denunciado judicialmente una violación. Este caso es particularmente grave y así lo recoge el escrito de personación. Y es que el 20 de enero un juzgado ya condenó a Hugo López Arteaga como autor de un delito leve de amenazas contra ella, sin que esta condena sirviera para disuadir al influencer de persistir en sus conductas.

La sentencia, como también han podido certificar este medio, da por probado que el investigado se dirigió públicamente a la mujer con expresiones intimidatorias, “solicitando información sobre su domicilio y generando un clima real de miedo”. “Vi un vídeo de esta persona en una cuenta de madres protectoras y me salió el impulso, le dije que le deseaba el peor año de su vida… que no está bien, pero me salió la rabia”. Lo que pasó desde entonces, explica a El Salto, “fue terrible”. “Me decía que ojalá me hubiera matado el que me violó, me decía que me suicidara, se me infectó Instagram con una plaga de mensajes: en mis publicaciones, por privado, por historias”. El influencer hacía vídeos “diarios” de ella y llegó a pedir su dirección: “Ahí dije: por aquí no paso”.

El investigado tiene una sentencia que lo condena por un delito leve de amenazas a una mujer a la que señaló después de que ella compartiera su testimonio de violencia sexual

Tras el juicio rápido y la condena, la situación se intensificó. “Fue salir del juicio e ir a la comisaría para ampliar la denuncia”. Además, lamenta la mujer, la juez no ordenó que le cerraran las cuentas, por lo que el hombre siguió publicando: “Cada vez que lo hacía me rebotaba en mi perfil he llegado a tener miles de mensajes… me desbordó completamente”.

El escrito de personación en la querella colectiva recoge cómo, pese a la condena, el hombre volvió a mencionarla en distintos contenidos, “retomando la dinámica de hostigamiento mediante señalamientos públicos reiterados, burlas y deslegitimación de su condición de víctima, presentándola como exagerada o mentirosa”, dice el escrito de personación. “Esta conducta resulta especialmente grave al producirse con pleno conocimiento del daño causado y de la ilicitud de los hechos, dado que ya existía una condena firme por amenazas contra la misma víctima”.

Andrea Cabezas, presidenta de Stop Violencia Vicaria: “Esta acción colectiva no es solo una respuesta jurídica, es un mensaje claro de que los delitos de odio en redes sociales contra las mujeres no pueden quedar impunes”

Para Andrea Cabezas, “esta acción colectiva no es solo una respuesta jurídica, es un mensaje claro de que los delitos de odio en redes sociales contra las mujeres no pueden quedar impunes”. Cabezas espera que este caso “pueda sentar un precedente importante y contribuir a generar jurisprudencia que ponga freno a la violencia digital y a la desinformación sistemática contra la violencia machista”. “Las mujeres ya no nos callamos: nos unimos, nos organizamos y utilizamos todas las herramientas legales para defender nuestra dignidad. Esta demanda demuestra que frente al odio y la desinformación, hay unidad, acción jurídica y responsabilidad”.

Contactado por El Salto, el influencer no ha querido responder de forma específica a las preguntas en torno a si es cierto que publicó un vídeo en el que trivilizaba con el feminicidio o uno en el que se reía de una violación, pero ha asegurado “no justificar ninguna muerte ni tampoco ningún tipo de maltrato”. “En mis mensajes cotidianos comunico y hablo de que a los hombres, con el feminismo salvaje actual, y sus políticas abusivas, se nos está maltratando". Tampoco ha respondido sobre si cree que sus mensajes han podido causar daño a algunas usuarias de Instagram. “Expongo en mis redes mensajes como ‘feminismo no es igualdad’, ‘soy inocente y no merezco esta situación’, ‘feminismo es parte de la agenda 2030’, y las hay que se ofenden de manera desmedida, pues estoy recibiendo acoso, diario, acusaciones, tremendas, amenazas, de muerte incluso, por parte de muchas mujeres”. “Después, cuando me dirijo a estas mismas mujeres que me insultan, y que me agreden de una forma digital, pasan a victimizarse”. Además, dice haber sido objeto de una denuncia falsa y asegura que los hombres no tiene presunción de inocencia.

Violencia machista digital, un fenómeno preocupante

Eva Cruells y Alex Cadon son fundadoras de Fembloc, un proyecto sin ánimo de lucro en Catalunya dedicado a combatir las violencias machistas digitales, y de Donestech, un proyecto para investigar sobre mujeres y tecnología. “Las violencias machistas digitales pueden fácilmente dañar la reputación, son una invasión a la privacidad y ponen en entredicho tu derecho a la confidencialidad, a la privacidad y a sentirse seguras, generan mecanismos de autocensura y aislamiento de la vida pública o de roles en los cuales podrías participar plenamente; además se traducen en pérdidas de de oportunidades educativas y profesionales, en daño a proyectos vitales, abandono a las tecnologías”, enumera Cadon. Pero, sigue, la violencia machista digital tiene consecuencias en el mundo analógico: “A nivel físico se pueden traducir en mecanismos de depresión, miedo, ansiedad, trastornos del sueño, angustia, falta de apetito, tensión corporal y pensamientos suicidas... esta violencia tiene verdaderamente todo un conjunto de aspectos y de impactos”.

A medida que se ha ido intensificando el uso de las tecnologías, se han ido diversificando también las formas de violencia y sus víctimas, explica la experta Eva Cruells

Preguntadas por la evolución de la violencia machista digital en los últimos años, explican que no existe un repositorio de datos sistemático y longitudinal que permita comparar la situación desde el inicio del uso masivo de las redes sociales, que fijan en 2014, hasta hoy. Pero sí algunas pistas. Por ejemplo, dice Eva Cruells, a medida que se ha ido intensificando el uso de las tecnologías, se han ido diversificando también las formas de violencia y sus víctimas. “Antes esta violencia era principalmente hacia personas que estaban mucho más presentes en las redes sociales como comunicadoras, políticas, periodistas, activistas”. Otro factor en esa evolución es que las violencias machistas digitales tienen hoy mucha más atención institucional. Un hito sería la inclusión de la violencia digital en la ley de violencia de género catalana, que se reformó en el 2020. El segundo pacto de Estado, renovado en 2025, también pone el foco en la violencia machista online.

Cadon suma a esta análisis un cambio radical en el contexto: “Durante 12 años ha habido en teoría de intentos de reportes, se han creado equipos de moderación en las plataformas, aunque fuera solo una cuestión cosmética... pero con la llegada al poder de Trump y Musk, la primera cosa que han hecho ha sido desmontar los equipos de moderación”. Eso, razona, crea un caldo de cultivo en el que los ataques pueden seguir produciéndose y amplificándose. Las plataformas, dicen estas expertas, son las que manejan datos reales y las que pueden tomar medidas contra la violencia machista digital, pero “estamos en un momento muy malo para que las plataformas hagan su trabajo”. Sobre estrategias para combatirla, explican: “Es difícil saber qué respuestas son más efectivas, y sabemos que la estrategia de judicializar puede provocar una reacción o puede ser revictimizante; pero hay una que funciona muy bien, que es construir una red de apoyo para poder responder en colectivo”.

Esta misma semana, el Ministerio de Igualdad ha presentado una compilación de datos sobre violencia machista digital que recoge claves de diferentes estudios. Según este documento, el 80% de las mujeres jóvenes españolas de entre 16 y 24 años ha sufrido acoso en redes sociales de manera puntual. El informe apunta que determinados colectivos profesionales y públicos sufren además un acoso sostenido: ocurre con el 73% de las periodistas y el 58,2% de las europarlamentarias. Además, el 70% de las denuncias en canales especializados como la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) corresponden a casos de violencia digital contra las mujeres.