Islas Canarias
El Sindicato de Inquilinas frena el desahucio de una mujer con cáncer terminal en Canarias

La movilización del Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha logrado suspender cautelarmente el desahucio en Granadilla de Abona de una vecina de 54 años con cáncer terminal, metástasis en pulmones y ovarios y dependencia severa. Este y otros tantos casos activos reflejan la violencia estructural de un sistema que empuja al abismo a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y cómo los intereses del capital siguen imponiéndose al derecho constitucional a la vivienda.

Sin embargo, el colectivo advierte de que paralizar la orden solo supone ganar tiempo ante la inacción política e insiste en que la única salida real pasa por asegurar una alternativa residencial digna y estable que ponga fin a la emergencia habitacional que atraviesa Canarias: “Actualmente seguimos esperando al Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y al Ayuntamiento para que nos confirmen qué alternativa habitacional le darán a esta vecina. El desahucio se puede reactivar en cualquier momento. De hecho, este fue el tercer intento de lanzamiento”, cuenta para El Salto David González Martín, activista por el derecho a la vivienda en Canarias, quien señala que los precios de los alquileres en las islas están totalmente desorbitados. Asimismo, explica que desde el ICAVI dan a la afectada un plazo de dos meses para acudir al mercado privado alegando falta de vivienda pública, pero desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife, junto a Amnistía Internacional, exigen que el desahucio se suspenda hasta garantizar una alternativa habitacional adecuada “con lo que si en dos meses no lo han conseguido no debería ejecutarse”.

Esta victoria ha permitido poner el foco sobre un caso que “nunca debería haber llegado a esta situación y sobre una realidad que afecta a muchas otras personas en Canarias y en el conjunto del país”.

El sindicato celebra esta paralización como una victoria de la organización social, así como de la solidaridad vecinal y la movilización sindical: “La presión ejercida durante estos últimos días ha conseguido frenar el lanzamiento de un desahucio que amenazaba con dejar en la calle a una mujer con un cáncer terminal, en tratamiento de quimioterapia y en una situación de extrema vulnerabilidad.” Aseguran, además, que esta victoria ha permitido poner el foco sobre un caso que “nunca debería haber llegado a esta situación y sobre una realidad que afecta a muchas otras personas en Canarias y en el conjunto del país”.

Frente a ello, las activistas del sindicato recuerdan que “no podemos asumir como normal que para evitar que una persona sea desahuciada haya que activar una movilización en cuestión de días, llamar a las puertas de las instituciones, conseguir cobertura mediática y que activistas tengan que poner su cuerpo, su tiempo y su energía para impedir que una persona vulnerable termine en la calle. No podemos ir a contrarreloj en cada desahucio”.

Y es que la vivienda es un derecho fundamental al que les está resultando muy complicado acceder a muchísimas personas. El incremento de los alquileres y los precios inaccesibles de la vivienda son consecuencias de un problema mayor que es sistémico. España tiene más de un millón de viviendas en manos de grandes propietarios. Nos hablan de meritocracia, pero no olvidemos que, en realidad, el 1% más rico posee más riqueza que el 95% de la población mundial en conjunto (Oxfam Intermón, 2024). Otro dato: una persona joven debería destinar el 92,3% de su salario para vivir sola, tal y como recoge el informe de emancipación del Consejo de la Juventud de España (2025). 

La segunda comunidad con el salario medio más bajo

Si nos vamos a los datos de Canarias en concreto, la situación que nos encontramos es que es la segunda comunidad autónoma con el salario medio más bajo del país, según la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE. Ante esta situación, el acceso a la vivienda acaba siendo más una odisea, una situación precaria y desigual, que un derecho real. Basta con saber que si los precios suben el doble que los salarios, no nos salen las cuentas, ¿no? Jonathan Mesa, activista de Derecho al Techo de Gran Canaria, cuenta para este medio que “el desahucio es el último eslabón de una cadena que empieza mucho antes: alquileres inasumibles, contratos inestables, precariedad, especulación y ausencia de alternativas”.

Además, Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor tasa de alquileres vacacionales (INE, 2025). Como se detalla en el informe de EsadeEcPol sobre alquiler vacacional (2024), este auge masivo ha reducido drásticamente las opciones de vivienda estable para las personas residentes, elevando los precios por la escasez generada. Estamos ante un problema de base que tiene que ver con la desigual distribución de los bienes, a lo que se suma que España tenga más de 3,8 millones de viviendas vacías, según los últimos datos del INE. 

Sobre ello, el doctor en antropología económica, Jaime Palomera, en El secuestro de la vivienda (2025), asegura que “el mercado de la vivienda está rompiendo la sociedad”, ya que explica que, en lugar de garantizar el acceso a un derecho básico, se crearon las condiciones necesarias para que el negocio inmobiliario siguiera generando beneficios: “Para lograrlo organizaron la mayor estafa de nuestros tiempos [...] Las casas no son solo la base de la estabilidad y seguridad de las personas, sino el pilar fundamental de la sociedad”. 

En esta línea, David González explica para El Salto que “la prueba de este hartazgo y de la concienciación en Canarias fueron, por ejemplo, las más de 5.000 personas que salimos a las calles en junio, las más de 200 que nos organizamos este jueves, en menos de 24 horas, para concentrarnos de urgencia por Maricarmen y por la vecina de Granadilla o las más de 10.000 que marcharon este sábado en Gran Canaria junto a otros colectivos, feministas, por Palestina, etc., poniendo la vivienda en el centro”. Por otro lado, apunta que estamos presenciando el final de un ciclo y el inicio de uno nuevo, “con la perspectiva de clase, el antifascismo y el antirracismo en el centro, porque será la única manera para transformar este modelo parasitario, además de frenar el avance reaccionario y de extrema derecha. Esta es la revolución inquilina y vamos a recuperar nuestras plazas, calles y casas”.

Jainaba Danso, cofundadora de Mujeres Afro (en) Canarias, pone el foco en la importancia de tener un enfoque antirracista e interseccional en la lucha por el derecho a la vivienda que nos permita identificar que estas problemáticas relacionadas con la vivienda afectan de manera diferente a las personas racializadas a causa del racismo estructural. Así lo recoge el informe ‘Mujeres africanas y afrodescendientes en españa’ (MPDL, 2021), que concluye que cuando las personas buscan un piso para alquilar, a menudo les piden más requisitos y ponen más obstáculos que a las personas blancas, a razón de los sesgos racistas y clasistas: “Piensan que por ser negra tengo menos recursos económicos para pagar el alquiler”.

Solo en Canarias, ya van más de cien desahucios en lo que va de año, según datos del Consejo General del Poder Judicial 

Desde el Sindicato de Inquilinas de Tenerife nos cuentan que están recibiendo un aluvión de nuevas consultas y alertas de desahucio en los últimos días. Un volumen de casos que desborda su capacidad operativa actual y por el que hacen un llamamiento urgente a la afiliación y al apoyo militante para sostener el apoyo sindical en las islas. Solo en Canarias, ya van más de cien desahucios en lo que va de año, según datos del Consejo General del Poder Judicial recopilados por Europa Press.

En el caso de Fuerteventura, Txus Vila, activista del Sindicato de Inquilinas de la isla, explica que para este jueves, 1 de octubre, hay una orden de desalojo contra una pareja en Puerto del Rosario. Las personas afectadas habitaban una de las viviendas de protección oficial (VPO) de la isla que no se adjudicaron a quienes las necesitaban y acabaron en manos de empresas privadas. Como recogen los datos del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (2025): “Si las viviendas que se han construido con fondos públicos no hubieran acabado en manos privadas, a día de hoy tendríamos cerca de un 40% de parque público estatal”. Frente a esta situación, convocan todos los meses asambleas abiertas organizativas, así como también realizan mesas informativas para brindar su apoyo frente a la dificultad de acceso a la vivienda. En definitiva, pretenden que la vivienda pública siga siendo pública y nunca propiedad privada. 

Canarias se organiza

El movimiento por el derecho a la vivienda en Canarias no solo sucede en Tenerife. Esta semana se están organizando en otras islas como Gran Canaria o Fuerteventura para convocar nuevas protestas con una agenda antifascista y de clase frente al rentismo, asegurando que “la revolución inquilina está viva en las islas”.

Entre estas movilizaciones, la plataforma Derecho al Techo de Gran Canaria convocó la asamblea abierta Ni una Maricarmen más: se acabó el negocio con la vivienda, este 29 de septiembre a las 19:00 h en la Plaza de la Feria (Las Palmas). Un evento en el que se pidió la unión ciudadana porque “lo que viene, nos necesita organizadas”. Esta misma organización comparece este miércoles a las 11:00h ante el Instituto Canario de la Vivienda (Gran Canaria) para reclamar al Gobierno de Canarias que se posicione públicamente incorporando las principales medidas planteadas por los sindicatos de inquilinas y Derecho al Techo.

También el Sindicato de Inquilinas de Fuerteventura convoca, por su parte, una asamblea ciudadana el próximo 1 de octubre a las 18:00 en el Centro Polivalente de El Charco (Puerto del Rosario). Así, expresan que se están organizando reuniones interinsulares de urgencia para acordar próximas convocatorias en las calles y que no descartan cualquier tipo de acción “para que la vivienda no nos cueste más la vida”. Y en Tenerife, el día 30 de septiembre a las 18:00h se convoca una asamblea de vivienda en la Rambla de Presidencia del Gobierno de Canarias.

Algunas de las medidas para evitar desahucios que reivindican los sindicatos de las islas son: Frenar la compra de vivienda con fines especulativos, así como limitar que fondos buitre compren viviendas para especular.

Al Gobierno de Canarias le pide la aprobación de su Plan de Emergencia Habitacional que contempla 13 medidas urgentes y de aplicación inmediata para acabar con el negocio especulativo de la vivienda, así como que se proteja y amplíe el parque público de vivienda.

Por otro lado, piden al gobierno insular que reclame públicamente al Gobierno central un Decreto Maricarmen que dé respuesta real a la emergencia habitacional. Además, piden que se impulse y facilite la declaración de zonas de mercado residencial tensionado allí donde se cumplan los requisitos legales, así como que se actúe frente al fraude de los alquileres de temporada y otras vías utilizadas para eludir la regulación de la vivienda habitual.

A ello se añade la petición de poner en marcha medidas para recuperar vivienda vacía para uso residencial, y que se garantice que ninguna persona vulnerable sea expulsada de su hogar sin una alternativa habitacional digna y adecuada.

Canarias cuenta con más de un tercio de su población (36,2%) en riesgo de pobreza y/o exclusión social

El informe Estado de la pobreza en las islas Canarias (EAPN, 2023) indica que Canarias cuenta con más de un tercio de su población (36,2%) en riesgo de pobreza y/o exclusión social. En cuanto a ello, en el libro Vivienda. La nueva división de clase (2024), las autoras Lisa Adkins, Melinda Cooper y Konings plantean que, para comprender la reconfiguración más amplia de la clase social y la desigualdad, es necesario situar la problemática de la vivienda en un lugar central. Esto se debe a que los salarios ya no son lo único que determina la posición de clase: dos personas que realizan trabajos similares pueden encontrarse en situaciones socioeconómicas muy distintas si una cuenta con viviendas heredadas u otros activos y la otra no. Para abordar este problema, es crucial la conciencia de clase y recuperar el término “clase trabajadora”, como defiende Yol Segura.

El problema es sistémico. Poder tener un techo es un derecho básico. Optar por unas vidas mejores para todas es vital. Ya Angela Davis escribió que, en la defensa de los derechos humanos, “hay que actuar como si fuera posible transformar radicalmente el mundo. Y hacerlo todo el tiempo”. Negarnos a aceptar la precariedad, desigualdad feroz, meritocracia y “ley del más fuerte” es crucial para una vida en comunidad, así como reivindicar que somos interdependientes frente a ese individualismo tan dañino que opera en la sociedad. En palabras de la escritora Elvira Navarro, “las soluciones solo pueden venir desde medidas pensadas en colectivo y para lo colectivo”.