València
El bloqueo de la bolsa de empleo sanitaria valenciana abre un nuevo conflicto sindical con Conselleria

La falta de apertura de la bolsa de empleo de la sanidad pública valenciana y los retrasos acumulados en la baremación de expedientes han abierto un grave conflicto entre sindicatos y la Conselleria de Sanidad. Las organizaciones sindicales denuncian que el sistema ordinario de acceso al empleo público sanitario no está funcionando con normalidad y que la situación está generando incertidumbre entre miles de profesionales.

El sistema de bolsa de empleo es el mecanismo ordinario mediante el cual la sanidad pública valenciana organiza la contratación temporal de personal sanitario y no sanitario. A través de este procedimiento se ordena a los aspirantes en función de los méritos acreditados —experiencia profesional, formación y otros criterios baremables — y se realizan los llamamientos para cubrir sustituciones, refuerzos asistenciales o vacantes temporales.

El sistema está diseñado para actualizarse periódicamente mediante nuevas ediciones y actualizaciones de méritos que permitan reflejar la trayectoria profesional de los candidatos. Cuando estos procesos se retrasan o se paralizan durante largos periodos, la clasificación deja de corresponder con la situación real de los profesionales, lo que genera distorsiones en el acceso al empleo público. El volumen de expedientes pendientes de baremación llegó a superar los 50.000, según cifras manejadas por sindicatos en las reuniones mantenidas con la Administración, una cifra que ilustra la magnitud del colapso denunciado por los sindicatos.

Sindicatos denuncian el bloqueo del sistema

Desde Intersindical Salut - IV valoran la situación con gran preocupación: “El bloqueo de la bolsa está provocando que miles de profesionales no puedan actualizar sus méritos ni incorporarse al sistema en igualdad de condiciones”, denuncia Nasser Shami, responsable de Acción Sindical. “La Conselleria de Sanitat, dirigida por Marciano Gómez, está actuando con improvisación y con una clara falta de planificación en la gestión de un instrumento clave para el acceso al empleo público”.

Shami habla de un impacto especialmente grave en dos colectivos: por un lado, los profesionales que ya forman parte de la bolsa y que ven como su situación se queda congelada al no poder actualizar méritos; y por otro lado, los recién titulados o quienes intentan acceder por primera vez. “Este bloqueo está generando una paradoja muy preocupante y es que pese a que la sanidad valenciana sigue necesitando profesionales, quienes intentan acceder por primera vez encuentran enormes dificultades para incorporarse”, afirma.

El sindicato Intersindical Salut - IV teme la fuga de profesionales hacia el sector privado, otras Comunidades Autónomas e incluso al extranjero, ante la falta de estabilidad y oportunidades dentro del sistema público

Intersindical Salut - IV denuncia además la falta de inversión en la modernización del sistema de gestión. “No hay voluntad política de implementar herramientas digitales capaces de gestionar el volumen de datos que maneja una bolsa de empleo de estas características, pese a que existen soluciones de automatizado que agilizarían enormemente el proceso”, afirma Shami. El sindicato  teme la fuga de profesionales hacia el sector privado, otras Comunidades Autónomas e incluso al extranjero, ante la falta de estabilidad y oportunidades dentro del sistema público.

También desde CSIF valoran la situación con preocupación: “La bolsa de empleo debería ser el instrumento ordinario, transparente y garantista para el acceso al trabajo en el sistema sanitario público.”, afirma Omar Ruiz, su presidente en la Comunidad Valenciana. Y advierte: “Cuando la bolsa no se actualiza de forma periódica pierde su función principal: ordenar el acceso al empleo público con criterios objetivos de mérito y capacidad”.

El sindicato alerta además del uso de listas extraordinarias en algunas categorías. “Funcionan por orden de inscripción y no por puntuación, lo que genera una situación de indefensión para muchos aspirantes y vulnera el principio de mérito.”, explica Ruiz. Desde CSIF señalan además que la falta de actualización periódica del sistema tiene efectos acumulativos que terminan afectando al funcionamiento global del sistema sanitario. “El impacto es muy negativo”, explica Ruiz. “Hay profesionales que llevan mucho tiempo acumulando experiencia, formación y méritos que no pueden ver reflejados en la bolsa, lo que les impide mejorar su posición y acceder a contratos que por puntuación les corresponderían”.

Insisten en que que “el problema responde a una combinación de falta de recursos y deficiencias en la gestión y planificación” y exigenque la Administración dote al sistema de una herramienta informática capaz de autobaremar las solicitudes. “Gestionar bien el acceso al empleo sanitario es una garantía de transparencia y también de estabilidad para el sistema sanitario público, algo que finalmente repercute directamente en la calidad de la atención que recibe la ciudadanía.”, añade Ruiz.

Desde UGT coinciden en señalar que la situación actual es muy complicada y está generando gran malestar entre profesionales y decepción en los recién titulados. Eva Plana, secretaria del sector de Salud, Sociosanitario y Dependencia de UGT-SP-PV, sostiene que “la bolsa nunca debería cerrarse” y advierte de que su paralización supone “un auténtico bloqueo en el acceso al empleo público sanitario”.

El sindicato considera además que la Administración debería haber reforzado los recursos destinados a la gestión del sistema para evitar los retrasos acumulados. “Esta situación no debería haberse producido. Es inadmisible que la Administración invierta en programas para evaluar acuerdos de gestión y abonar una productividad complementaria y no lo haga en una herramienta ágil que permita mantener la bolsa abierta y actualizada”, afirma Plana.

Posibles implicaciones jurídicas

El conflicto también ha abierto un frente jurídico. Desde los Servicios Jurídicos de Intersindical Salut - IV advierten de que la falta de actualización de la bolsa puede tener implicaciones legales. Según explican, cuando el sistema no se actualiza durante largos periodos “se puede generar una situación de desigualdad material entre los aspirantes, ya que los méritos adquiridos dejan de reflejarse y se distorsiona el principio de mérito y capacidad”. El funcionamiento regular de la bolsa, insisten “no es únicamente una cuestión organizativa, sino también una garantía para el acceso al empleo público en condiciones de igualdad”.

Los juristas señalan además que la Administración tiene la obligación de tramitar los procedimientos administrativos y resolverlos en un plazo razonable. “La normativa de procedimiento administrativo (Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común) establece que los órganos administrativos son responsables directos de la tramitación y deben remover los obstáculos que impidan el ejercicio de los derechos de los interesados”, explican.

Las acciones legales anunciadas por Intersindical Salut - IV se fundamentan en la posible situación de “inactividad administrativa o funcionamiento anormal de la Administración”

En relación con las listas extraordinarias utilizadas para cubrir determinadas necesidades asistenciales, añaden que ordenar las solicitudes por orden de entrada “prioriza un criterio temporal frente al principio de mérito”, por lo que solo podría justificarse como una medida excepcional y limitada en el tiempo.

Las acciones legales anunciadas por Intersindical Salut - IV se fundamentan, según explican, en una posible situación de “inactividad administrativa o funcionamiento anormal de la Administración, cuando un procedimiento que debe tramitarse queda paralizado sin una justificación jurídica suficiente”. Entre otras cuestiones, han solicitado que la Administración explique formalmente la decisión de paralizar la baremación, que motive jurídicamente esa medida y que establezca un calendario claro para reactivar el procedimiento.

Si las acciones prosperaran, concluyen “podrían obligar a la Administración a reanudar el procedimiento, adoptar medidas organizativas para tramitar la baremación y garantizar que el sistema de bolsa vuelva a funcionar conforme a los principios de mérito, capacidad e igualdad”.

Profesionales atrapados entre categorías

La situación está afectando especialmente a profesionales que esperan actualizar méritos o incorporarse a nuevas categorías. Manuela Casado y Alejandro Torres, estudiantes de cuarto curso de Enfermería en la Escuela de Enfermería de La Fe, temen no poder acceder a la bolsa ordinaria cuando finalicen sus estudios este mes de junio.

“Estamos terminando la carrera y no sabemos cuándo podremos entrar en la bolsa”, explica Casado. “Es frustrante porque el sistema necesita profesionales, pero nosotros no sabemos cuándo podremos empezar a trabajar en la sanidad pública”. Torres, que actualmente figura en la bolsa como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, se encuentra en una situación similar. “He estado trabajando como auxiliar mientras estudiaba, pero ahora que voy a terminar Enfermería no sé cuándo podré incorporarme a la nueva categoría ni actualizar mis méritos”, señala.

La incertidumbre afecta también a profesionales que ya trabajan en el sistema y buscan progresar profesionalmente. Juan Carlos García, celador del hospital Clínico de València, que recientemente ha finalizado sus estudios de Fisioterapia, explica que tampoco puede introducir la nueva titulación en la bolsa.

En las últimas semanas, sindicatos y partidos de la oposición han denunciado irregularidades en la derivación de pruebas diagnósticas desde la sanidad pública a clínicas privadas

“Después de años trabajando como celador he conseguido terminar la carrera de Fisioterapia, pero ahora no puedo incorporar la titulación a la bolsa”, afirma. “Da la sensación de que el esfuerzo por formarte y mejorar profesionalmente se queda congelado”. La polémica sobre la bolsa de empleo se suma además a otras controversias recientes en la gestión sanitaria de la Conselleria dirigida por Marciano Gómez.

En las últimas semanas, sindicatos y partidos de la oposición han denunciado irregularidades en la derivación de pruebas diagnósticas desde la sanidad pública a clínicas privadas. A ello se suma una denuncia presentada ante la Fiscalía por el PSPV contra el conseller de Sanidad, su cuñada —directora financiera de Ribera Salud— y el gerente de la Clínica Benidorm, hermano del conseller, por presuntos delitos de negociaciones prohibidas y conflicto de intereses, administración desleal, corrupción en los negocios, prevaricación administrativa, delitos contra la salud pública, malversación y omisión del deber de supervisión.

Además, la Conselleria prepara la aprobación de un decreto de ordenación del personal sanitario que contempla la posibilidad de que personas ajenas a la Administración puedan dirigir centros públicos mediante contratos de alta dirección. En ese contexto, el bloqueo del principal mecanismo de acceso al empleo público sanitario alimenta el debate sobre la orientación que está tomando el sistema sanitario valenciano. La Conselleria de Sanidad no respondió a las preguntas remitidas por este medio antes del cierre del artículo.