València
El ayuntamiento de Carcaixent niega el padrón a familias vulnerables en un bloque de la Sareb

En Carcaixent, un grupo de familias lleva cuatro años residiendo en un edificio propiedad de la Sareb, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Las familias afectadas, acompañadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València, denuncian lo que consideran un caso extremo de exclusión institucional.

Según la PAH València, el caso no responde a un procedimiento judicial de desahucio, sino a “acoso institucional por parte del Ayuntamiento que les niega el empadronamiento. No hay demanda de la propiedad; lo que hay es acoso para que desalojen y tapiado de puertas sin ofrecer alternativa habitacional, sabiendo que hay menores, personas mayores, gente con discapacidad y embarazadas”, denuncian las activistas Amparo Delgado y Maribel Llopis.

Fuentes jurídicas de esta plataforma explican el marco legal que avala las denuncias de las familias: “La Ley 4/1996 obliga a los ayuntamientos a empadronar a todas las personas que residan en el municipio, con independencia de que dispongan o no de contrato de arrendamiento o título de propiedad. Esta obligación se refuerza en la Ley 8/2010 de la Comunitat Valenciana y en la Resolución 17 de febrero de 2020 de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística, donde se regula un procedimiento especial para inscribir en el padrón a personas sin documentación o en situación irregular, incluidas las que ocupan una vivienda”, detallan.

“Negar el empadronamiento en estos casos supone incumplir la ley y vulnerar derechos básicos como el acceso a la sanidad, la educación o las ayudas sociales”, recuerda Delgado. La PAH señala que, pese a ello, el consistorio se niega incluso a tramitar los informes de vulnerabilidad pertinentes y evita responder por escrito a las solicitudes de las familias: “Las familias han intentado por todos los medios regularizar su situación censal. Ni siquiera nos atendieron por teléfono, nos dijeron que todo lo que quisiéramos lo presentáramos por registro. Tampoco han querido hacerles los informes de vulnerabilidad”.

“Desde hace semanas vivimos sin luz ni agua corriente porque nos las han cortado, en pleno verano y con menores, personas mayores y una mujer embarazada en el edificio”

La falta de empadronamiento tiene consecuencias graves. “Es como si no existiéramos para la administración”, relata Laura Rodríguez, una de las afectadas. “No podemos solicitar ayudas sociales, escolarización adecuada para nuestros hijos ni acceder a programas de inserción laboral”.

Pero el hostigamiento, denuncia la afectada, no se limita al plano administrativo. “Desde hace semanas vivimos sin luz ni agua corriente porque nos las han cortado, en pleno verano y con menores, personas mayores y una mujer embarazada en el edificio, lo que hace imposible una vida digna y segura para nuestras familias. El Ayuntamiento llegó incluso a tapiar la única salida de emergencia del edificio, poniendo en riesgo nuestras vidas”.

En cuanto a los cortes de luz y agua, las mismas fuentes jurídicas recalcan que “el Real Decreto-ley 8/2021 y sus prórrogas, vigentes al menos hasta el 31 de diciembre de 2025, así como la Ley 2/2017 de la Generalitat Valenciana prohíben interrumpir el suministro de electricidad, agua y gas a personas vulnerables, entre las que se incluyen familias con menores, personas mayores o con discapacidad”.

Según la plataforma, “estas interrupciones de suministros pueden constituir coacción e incluso acoso inmobiliario o institucional, y recomiendan denunciar los hechos ante la Guardia Civil, así como ante la Conselleria de Servicios Sociales y la Secretaría Autonómica de Vivienda”

“No somos delincuentes, somos familias trabajadoras que pedimos pagar lo que podamos y vivir con dignidad. Nadie merece que le corten la luz y el agua”

La PAH acusa al Ayuntamiento de negarse a mediar con Sareb para facilitar alquileres sociales y optar simplemente por mantener las viviendas vacías y tapiadas. “Amenazan a las familias con quitarles a los menores en lugar de activar soluciones”, lamentan. Las demandas inmediatas que plantean son claras: “restablecimiento urgente de agua y luz, certificación de vulnerabilidad para estas familias y mediación con la Sareb, para que firme contratos de alquiler social”.

“Lo que nos pasa a nosotros puede pasarle a cualquiera”, concluye Rodríguez. “No somos delincuentes, somos familias trabajadoras que pedimos pagar lo que podamos y vivir con dignidad. Nadie merece que le corten la luz y el agua, menos aún si hay personas vulnerables. Necesitamos solidaridad y presión social para que esto cambie”.

“los Servicios Sociales nos rechazan por vivir aquí, nos tratan con desprecio y llegan a insinuar que, si no nos marchamos, lo ‘mejor’ sería quitarnos la tutela de nuestros hijos”

En un comunicado remitido a este medio, las familias afectadas describen un deterioro radical de su situación tras el cambio de gobierno municipal en 2023: “Somos 25 personas, entre ellas 8 menores de edad, una mujer embarazada, 4 personas con discapacidad, una anciana y 3 bebés. Vivimos desde hace más de cuatro años en este edificio de la Sareb. Antes, con PSOE y Compromís en el gobierno local, podíamos empadronarnos, llevar a nuestros hijos al colegio y vivir con normalidad. Todo cambió con el PP: nos niegan el padrón y la escolarización, sufrimos cortes de luz y agua, e incluso han cerrado las fuentes cercanas para impedir que podamos beber”.

Los residentes aseguran en el comunicado que “los Servicios Sociales nos rechazan por vivir aquí, nos tratan con desprecio y llegan a insinuar que, si no nos marchamos, lo ‘mejor’ sería quitarnos la tutela de nuestros hijos. No nos entregan los informes de vulnerabilidad necesarios para regularizar la situación con la Sareb. La policía llegó a decirnos que ‘esto es una guerra’ y desplegó patrullas que pedían DNI hasta a los niños, provocando bullying en el colegio. Todo esto nos ha convertido en invisibles, despreciados y criminalizados por ser pobres.”

La PAH afirma haber enviado escritos directamente al presidente ejecutivo de la Sareb, así como a su Servicio de Vivienda Social y Asequible y al departamento de Relaciones Institucionales de la entidad, reclamando la apertura de un proceso para formalizar contratos de alquiler social con las familias afectadas.

La Sareb, creada en 2012 para absorber los activos tóxicos del rescate bancario, mantiene más de 33.500 viviendas en todo el Estado, de las que un 43% permanecen vacías. En el País Valencià, su catálogo incluye 7.178 viviendas a la venta —3.441 en València, 2.178 en Castelló y 1.559 en Alicante—, además de solares, locales y promociones en curso. Mientras más de 50.000 familias figuran en el registro oficial de demandantes de vivienda social de la Generalitat, casi la mitad de estos inmuebles permanecen vacíos o se venden a fondos de inversión. Lejos de destinarse a alquiler social —como reclama la PAH— la estrategia sigue centrada en liquidar activos antes de su disolución prevista para 2027, perpetuando la emergencia habitacional.