Urbanismo
Aranjuez permitirá construir miles de viviendas en la vega del Tajo

El Ayuntamiento de Aranjuez publica la modificación de un plan urbanístico que permite construir en terrenos de “importancia nacional”. La Comunidad de Madrid ha recurrido esta decisión.

Vega del Tajo 2
Ecologistas en Acción recuerda que estos terrenos agrícolas de regadío poseen “la mayor capacidad agrológica” de la Comunidad de Madrid. David Fernández

publicado
2017-05-30 09:00:00

A falta de dos meses para las elecciones del 2003, el alcalde de Aranjuez en aquel momento, José María Cepeda, del Partido Popular, licitó un programa de actuación urbanística en el sector de Las Cabezadas para construir entre 4.000 y 6.000 viviendas. Lo ratificó a falta de trece días para los comicios.

Estos terrenos se encuentran en el margen izquierdo de la vega del río Tajo, en la confluencia con el río Jarama. Desde el primer momento en el que salieron a concurso, no se contemplaba que fuesen terrenos urbanizables por su “interés edafológico”. Así figura en plan general de ordenación urbana del municipio, realizado en 1996.
Catorce años después de la licitación, y sin contar con un informe medioambiental favorable de la Comunidad de Madrid que autorice construir en ese terreno —tal y como obliga la normativa de evaluación ambiental regional que estaba en vigor cuando este expediente se tramitó—, el Ayuntamiento de Aranjuez decidió publicar el 4 de febrero de este año en el Boletín Oficial regional (BOCM) una modificación del plan de ordenación urbana por la que el terreno de Las Cabezadas pasaba a ser “suelo urbanizable sectorizado”.

Terrenos inundables

“Se toma esta decisión a pesar de que la mayoría del ámbito está considerado, por la Confederación Hidrográfica del Tajo, como terrenos inundables”, recuerda Ecologistas en Acción en una nota de prensa en la que también destaca que este terreno agrícola de regadío posee “la mayor capacidad agrológica de la Comunidad de Madrid”. El alcalde impulsor de esta adjudicación se encuentra actualmente inhabilitado por favorecer ilegalmente a varias constructoras, sin que haya relación con esta adjudicación. El Tribunal Supremo ratificó hace tres años esta condena por un delito continuado de prevaricación urbanística durante su mandato como regidor de Aranjuez. Durante estos catorce años, la paralización de la construcción en Las Cabezadas ha provocado conflictos entre la empresa adjudicataria, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

De hecho, la publicación de la recalificación es un decreto que se emitió en 2011 y que el Consejo de Gobierno regional no aprobó para que fuese divulgado. “No entendimos por qué la Comunidad de Madrid no lo publicó en ese momento”, apunta David Estrada, primer teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, Arquitectura, Infraestructuras, Vivienda, Patrimonio Municipal y Patrimonio Histórico. Así, su administración decidió hacerlo público este año alegando “silencio administrativo” por parte del Gobierno regional. "La Comunidad de Madrid no resolvió, ni para darle viabilidad a la modificación ni para desestimar, dado que la desestimación hubiera podido implicar responsabilidades económicas al cambiar el criterio”, añade este concejal. Sin embargo, desde el Gobierno regional no están de acuerdo con esta argumentación y han anunciado que van a pleitar esta decisión. “Hemos presentado un recurso contencioso-administrativo porque nunca se subsanaron los problemas medioambientales que tiene esa zona y, por lo tanto, los informes son desfavorables”, responde un portavoz del gabinete de prensa de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad. 

Una sentencia judicial emitida por el Tribunal Superior de Justicia regional (TSJM) avala la actuación tanto de la Comunidad de Madrid como la que el Ayuntamiento había mantenido hasta ahora. Asimismo, recoge que en 2008 y en 2009 la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Consejería emitió conclusiones desfavorables ante la petición de recalificación porque, según el mapa de capacidad agrológica de las tierras de la región, Las Cabezadas se incluye en lo que denominan clase dos, que corresponde a “tierras de mayor capacidad agrológica de la Comunidad de Madrid, las cuales se consideran un recurso de importancia nacional”. El tribunal considera que estos informes son “claros y contundentes”.

Por su parte, Ecologistas en Acción también ha presentado un recurso contra esta decisión. “El principal límite a la operatividad del silencio administrativo positivo es el principio de legalidad, y el desarrollo urbanístico de Las Cabezadas vulneraría diversa normativa urbanística, ambiental y de aguas”, apuntan en este documento.
El TSJM se pronunció sobre este tema en julio, después de que la adjudicataria, una filial perteneciente al grupo Isolux, denunciara a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento exigiendo responsabilidades contractuales, extracontratuales y solicitando una reclamación de más de 300 millones de euros.

Sin responsabilidades

Los magistrados declararon “resuelto el citado convenio urbanístico suscrito por ambas partes por la causa de imposibilidad de su ejecución”. Desde el Consistorio no consideran que la publicación de la recalificación contradiga lo dictado por los magistrados, tal como mantiene el primer teniente de alcalde, que se justifica alegando que han recurrido esa sentencia ante el Tribunal Supremo. La justicia determinó que los representantes de la sociedad sabían que el suelo no era urbanizable y, por lo tanto, no pueden reclamar responsabilidades.

¿Por qué ha supuesto un problema que un tribunal haya declarado resuelto el convenio urbanístico? Porque la Sala de lo Contencioso-Admnistrativo del TSJM condenó al Gobierno actual a pagar los 12 millones de euros que la compañía ya había depositado en las arcas municipales de los Ejecutivos anteriores. Una cantidad difícil de asumir para este equipo, que cuenta anualmente con un presupuesto de 40 millones .“No hemos abonado esa cantidad y vamos a luchar por los intereses municipales de Aranjuez”, apunta el concejal de Urbanismo, que carga contra la Comunidad y el anterior equipo de Gobierno, a los que considera cómplices de este “desaguisado”.


ley del suelo sin participación
El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el pasado abril el proyecto de la nueva Ley de Urbanismo y Suelo. A pesar de que el Ejecutivo pretende “conseguir una ley que cuente con el mayor consenso posible”, desde la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y Ecologistas en Acción denuncian que “el Gobierno regional ha ignorado las reiteradas solicitudes de participación de colectivos sociales y se ha negado a abrir la preceptiva consulta pública
a la que obliga diversa normativa”. Ambos colectivos remarcan que el texto “retrocede en la lucha contra la especulación y corrupción”.


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