Análisis
La motosierra de la UE al servicio del capital fósil

Diecinueve dirigentes europeos, entre ellos Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Donald Tusk, escribieron este lunes al presidente del Consejo Europeo, António Costa, exigiendo una “revisión sistemática” de todas las leyes de la UE. “Pedimos una revisión sistemática de toda la normativa de la UE para identificar las normas superfluas, excesivas o desequilibradas”, rezaba la carta. “Debemos examinar todo el acervo de normas de la UE para determinar si siguen siendo adecuadas para su propósito”, tal como propuso Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo y antiguo ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs, en su informe sobre competitividad el año pasado.

Casi todos los Estados de la UE han designado un funcionario en Bruselas para que se dedique a tiempo completo a recortar la legislación comunitaria. Estos “diplomáticos de motosierra” negocian hasta dos días enteros a la semana y reciben instrucciones directas de las jefaturas de gobierno, de acuerdo a la información que maneja Euroactiv. En el caso de la Representación Permanente de España en la UE, los funcionarios encargados de la coordinación para los temas Ómnibus son Ignacio Garrido y Alejandra Sánchez.

Según los 19 mandatarios, los próximos cuatro años de legislación se caracterizarán por un “flujo constante” de propuestas Ómnibus, los paquetes jurídicos que pretenden recortar las normas existentes. De hecho, la mayoría neoliberal de conservadores, liberales y socialdemócratas del Parlamento Europeo acaba de aprobar —aún falta el voto definitivo en Pleno— el primer paquete Ómnibus para reescribir las directivas sobre diligencia debida en la cadena de suministro e información empresarial con el fin de que las transnacionales sigan recurriendo impunemente al trabajo infantil, la esclavitud moderna o destruyendo ecosistemas, algo sobre lo que volveremos en este texto.

Cuando los titulares sobre la agenda internacional están copados por cada exabrupto de Trump, se hace cada vez más difícil destapar que las políticas de la UE equivalen a las del gobierno estadounidense

El poder económico ha utilizado todo la influencia a su alcance para impedir que estas directivas entren en vigor. En los últimos meses ha habido un cabildeo sin descanso. Petroleras como ExxonMobil o TotalEnergies, así como la élite económica, presionaron a los gobiernos europeos. El canciller alemán, Friedrich Merz visitó a Pedro Sánchez para pedirle que llamara a Iratxe García, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y presidenta de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo (PPE) amenazó a las bancadas de S&D y Renew con votar con la extrema derecha si estas no aceptaran sus medidas. Incluso, el Gobierno de Donald Trump intimidó a la UE por estas leyes, especialmente sus disposiciones climáticas que afectarían a las grandes sociedades estadounidenses que operan en la UE.

“Necesitamos su influencia”

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dejado muy claro que la prioridad de la UE para los próximos años será impulsar la “competitividad” de la industria, entre otras cosas mediante la desregulación de las normas comunitarias que el sector industrial percibe como gravosas. Esta ofensiva capitalista incluye el desmantelamiento de las normas sociales y medioambientales existentes, vías de escape que permitan a las empresas eludir la regulación, así como nuevos obstáculos para la regulación a nivel nacional. Para eso fue investida con los votos de PPE, S&D, Renew y Los Verdes.

En febrero de 2025, la Comisión Europea presentó los dos primeros paquetes Ómnibus para rebajar el marco regulatorio para las empresas, incluyendo las directivas relativas a información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD), además de un proyecto de Acto Delegado sobre Taxonomía y un anexo para la simplificación del Reglamento Mecanismo en Ajuste de Frontera de Carbono (CBAM).

De aquí a diciembre, la Comisión tiene previsto publicar otros tantos paquetes Ómnibus sobre simplificación digital, medio ambiente, seguridad alimentaria y de los piensos, movilidad militar, automoción y energía 

Von der Leyen admitió que procede mano a mano con la industria. En una conferencia organizada por la Federación de Industrias Alemanas (BDI), la Asociación de Cámaras de Industria y Comercio Alemanas (DIKH) y otros grupos de presión, celebrada en Berlín el 18 de septiembre, dijo: “Hay que reducir la burocracia. Por eso, junto con las asociaciones y las empresas de los distintos sectores, estamos examinando los distintos ámbitos de la legislación europea. Hemos lanzado los seis primeros paquetes de simplificación: los omnibuses. (…) Y hay más en camino”.

De aquí a diciembre, la Comisión Europea tiene previsto publicar otros tantos paquetes Ómnibus sobre simplificación digital (19 de noviembre), medio ambiente (25 de noviembre) y seguridad alimentaria y de los piensos (10 de diciembre), así como movilidad militar, automoción y energía (fechas por confirmar).

Además, Von der Leyen animó al empresariado a contribuir a la aprobación de los recortes: ”Señoras y señores, para conseguir que todo el mundo apoye este programa en la práctica, también necesitamos su influencia. La influencia de una industria fuerte, de unas pymes fuertes. Pongan esa influencia sobre la mesa. En el Parlamento, en el Consejo. No es momento de vetos“. Los organizadores del acto habían preparado cinco peticiones, entre ellas ”una aplicación estricta del principio de 'uno dentro, dos fuera'“ (lo que significa que sólo se podrán introducir nuevas leyes si se suprimen dos de las ya existentes).

Aunque von der Leyen enfatizó en numerosas ocasiones que los paquetes Ómnibus no tienen que ver con la desregulación, hizo esta intervención en la Cumbre de Competitividad de Copenhague el 1 de octubre: ”Cuando hablamos de simplificación, todos estamos de acuerdo en que necesitamos simplificación, necesitamos desregulación. La necesitamos a nivel europeo. En realidad, también la necesitamos a nivel nacional, en lo que se refiere a la sobrerregulación. Pero espero que con los omnibuses estemos dando un buen ejemplo para que otros puedan seguirlo“.

Esta agenda, asumida por toda el ejecutivo de la UE, incluyendo a la vicepresidenta Teresa Ribera (PSOE), se inspira en gran medida en las propuestas de los grupos de presión empresariales. El momento se parece mucho a cuando las clases dirigentes determinaron tanto el sistema de gobernanza económica así como los tratados de la UE (de Maastricht a Lisboa) que consagraron el objetivo central de salvaguardar una economía de mercado neoliberal asegurando que la maquinaria institucional estuviera al servicio del gran capital.

Pero cuando los titulares sobre la agenda internacional están copados por cada exabrupto de Trump, se hace cada vez más difícil destapar que las políticas de la UE equivalen a las del gobierno estadounidense, que está ejerciendo poder en favor de un orden mundial basado en los combustibles fósiles, frustrando activamente la descarbonización.

Las prioridades del Consejo Europeo

En lo más inmediato, los jefes de Estado o de Gobierno de la UE buscan acelerar la mal llamada simplificación legislativa con el fin de facilitar a las grandes corporaciones la obtención de beneficios, según un documento filtrado obtenido por Politico. El borrador de las conclusiones del Consejo Europeo, la reunión que se celebrará este jueves en la capital belga, subraya ”la necesidad de avanzar urgentemente en una agenda ambiciosa y horizontal de simplificación y mejora de la regulación a todos los niveles“.

La propuesta de declaración conjunta insta a la Comisión Europea y al Parlamento a acelerar el trabajo para recortar las medidas reguladoras ”con carácter prioritario“, instando a la aprobación de los paquetes ”Ómnibus“ propuestos por el brazo ejecutivo del bloque este año y en línea con la carta de la mayoría absoluta de la derecha europea en el Consejo.

Al mismo tiempo, pide a la Comisión ”que presente rápidamente otros ambiciosos paquetes de desregulación en los ámbitos de la automoción, la movilidad militar, el sector digital, el medio ambiente y la seguridad alimentaria, así como una revisión del reglamento REACH“, el principal reglamento de la UE sobre sustancias químicas tóxicas. Además de los nuevos ámbitos, se aboga por ”reforzar la simplificación“ en el sistema bancario.

El director ejecutivo de ExxonMobil presionó con éxito a Trump con el fin de que utilizara las negociaciones comerciales con la UE para atacar las legislaciones europeas

Otras medidas del necrocapitalismo europeo son los llamamientos para garantizar que la transición ecológica no obstaculice la industria, la ampliación del régimen de guerra de la UE, nuevas leyes contra las personas migrantes y el apoyo financiero a Ucrania.

Al final, todo se resume en dinero. Los ministros de industria de la UE debatieron a finales de septiembre el Fondo Europeo de Competitividad, dotado con 410.000 millones de euros, una de las principales partidas del presupuesto comunitario de 2 billones de euros para el periodo comprendido entre 2028 y 2034. El Gobierno de España ha defendido una “mayor presencia de los sectores industriales” en el instrumento y más dinero a sectores como la automoción y la química.

ExxonMobil fusila la legislación climática

Con el lanzamiento de la Declaración de Amberes, en febrero de 2024, asociaciones empresariales como Cefic y BusinessEurope comenzaron a abogar por una normativa Ómnibus destinada a ”corregir“ las leyes del Pacto Verde de la UE, incluida la Directiva sobre diligencia debida. Mientras que la mayoría de las compañías dejan que las asociaciones empresariales lideren el cabildeo, una ha destacado por lograr cambios radicales en la legislación de la UE: el gigante estadounidense del petróleo y el gas ExxonMobil, como reveló una investigación de la ONG SOMO.

Los documentos de ExxonMobil, a los que SOMO ha tenido acceso, muestran que desde 2023 la petrolera ha presionado duramente contra la diligencia debida y, concretamente, los planes de transición climática. Debatió la propuesta Ómnibus I en al menos 25 reuniones con la Comisión Europea y el Parlamento entre enero de 2024 y julio de 2025, lo que la convirtió en la empresa más activa en esta cuestión. Igualmente ha financiado grupos de expertos y eventos mediáticos que han promovido la misma narrativa contra la burocracia comunitaria. Todo ello dio sus frutos: tres de las cuatro prioridades del gigante energético para debilitar la directiva debida acabaron en la propuesta Ómnibus de la Comisión Europea, así como en las posiciones del Consejo y del ponente del Parlamento Europeo, Jörgen Warborn.

El 1 de octubre Merz instó a sus homólogos a acelerar lo que llaman eufemísticamente la “reducción de la burocracia” pero que en realidad implica amplías medidas para blindar los intereses del poder económico y financiero

El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, presionó con éxito al presidente estadounidense Trump con el fin de que utilizara las negociaciones comerciales con la UE para atacar las legislaciones europeas. El documento acordado entre la Casa Blanca y la Comisión Europea de agosto de 2025 incluye un compromiso con al menos tres de sus demandas.

Días antes de una votación relevante en la eurocámara, algunos de los actores corporativos más poderosos de Europa, encabezadas por TotalEnergies y Siemens, han reclamado la abolición total de las directivas de rendición de cuentas sobre los derechos humanos, el daño ambiental y la acción climática. En una carta dirigida al presidente Macron y al canciller Merz, firmada por 46 empresas francesas y alemanas, los directores ejecutivos pidieron, la “abolición total de CS3D como una señal clara y simbólica para las empresas europeas e internacionales de que los gobiernos y la Comisión están realmente comprometidos con la restauración de la competitividad en Europa” (la lista completa de firmantes se puede consultar aquí).

Merz-Sánchez: unidos en la desregulación

Ahora sabemos que estas maniobras han llegado a las más altas esferas políticas. Ha salido a la luz que el canciller alemán presionó personalmente al presidente del Gobierno español para que aceptara los recortes en las legislaciones sobre responsabilidad empresarial en el Parlamento Europeo. Una maniobra con peso real, dado que el PSOE lidera el grupo S&D.

El pasado 1 de octubre, en la reunión informal de jefes de Estado o de Gobierno en Copenhague, Merz instó a sus homólogos a acelerar lo que llaman eufemísticamente la “reducción de la burocracia” pero que en realidad implica amplías medidas para blindar los intereses del poder económico y financiero. Sólo una semana después se produjo un importante desenlace en el Parlamento Europeo: el grupo socialdemócrata (S&D) abandonó su oposición para descafeinar aun más, si cabe, las normas de carácter medioambiental y de derechos humanos.

El 13 de octubre, y como consecuencia de todo el cabildeo anterior, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobó una sustanciosa reversión de dos leyes europeas destinadas al mundo empresarial: la de información corporativa en materia de sostenibilidad y  la de diligencia debida

La rapidez con la que el S&D cedió tiene que ver, en parte, con la amenaza del Partido Popular Europeo (PPE) de aprobar los cambios con los votos de la extrema derecha, pero aún más importante fue la presión conjunta de Merz y Sánchez. El pasado 18 de septiembre, Merz visitó al presidente del Gobierno español en La Moncloa, poniendo fin así a un pequeño periodo de enfriamiento de relaciones entre Berlín y Madrid, después de que Sánchez había mantenido una estrecha relación con el ex canciller del SPD, Olaf Scholz.

A puerta cerrada en Madrid, Merz apremió a Sánchez que influyera en los eurodiputados del PSOE —el grupo más importante del S&D y que preside García Pérez— para que cedieran en leyes importantes como el paquete “Ómnibus” de desregulación. Sánchez accedió a esta petición, convenció a García Pérez y S&D dio marcha atrás en la ley de sostenibilidad empresarial. La eurodiputada neerlandesa y ponente del grupo en las negociaciones para recortar las obligaciones empresariales, Lara Wolters, dimitió de su cargo en señal de protesta.

El propio Merz insinuó el nuevo eje Berlín-Madrid: tras la reunión de septiembre afirmó que ambos jefes de Gobierno cooperarían “muy estrechamente” en adelante para permitir “una colaboración realmente buena” entre los dos grupos políticos en el Parlamento Europeo.

En España, de todo ello no trascendió nada a la opinión pública. Sumar, el socio minoritario del Gobierno de coalición, tampoco protestó ante lo ocurrido.

Ómnibus I: más impunidad corporativa

El 13 de octubre, y como consecuencia de todo el cabildeo anterior, la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo aprobó, con 17 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, una sustanciosa reversión de dos leyes europeas destinadas al mundo empresarial, que ya de por sí eran laxas y poco ambiciosas: la de información corporativa en materia de sostenibilidad y diligencia debida conocidas por sus terribles acrónimos en inglés CSRD y CSDDD. La primera apremia a las empresas a informar sobre sus impactos sociales y ambientales. La segunda requiere que identifiquen y prevengan abusos en sus cadenas de suministro.

Adoptados en 2023 y 2024, respectivamente, las directivas sobre información corporativa (CSRD) y diligencia debida (CSDDD) únicamente obligarían a las empresas de cierto tamaño a presentar informes de sostenibilidad verificados por terceros (suelen ser las multinacionales de la auditoría cómplices de sus clientes), por un lado, e integrar la diligencia debida en sus políticas y sistemas de gestión, por el otro, —o sea,rellenar formularios con información del propio interesado sin la garantía que se ajuste a la verdad— para, presuntamente, identificar, prevenir, mitigar y reparar los efectos adversos que sus actividades tienen en los derechos humanos y la naturaleza a lo largo de toda su cadena de valor. No realizar las diligencias podría acarrear multas de hasta el 5% de la facturación mundial. La segunda ley también estableció un plan de transición climática, así como la implementación de mecanismos de reclamación y la supervisión de las medidas adoptadas.

Numerosos actores sociales, como la campaña para desmantelar el poder corporativo, han criticado ambas directivas argumentando que podrían ser utilizadas como herramientas de greenwashing (lavado de cara verde) para que las grandes corporaciones parezcan más sostenibles permitiéndoles eludir responsabilidades y no realizar cambios significativos en sus modelos de negocio. Afirman que las leyes carecen de mecanismos de control y rendición de cuentas suficientes para garantizar una aplicación efectiva.

Este año, las instituciones de la UE han debilitado ambas legislaciones aún más, si cabe, mediante el paquete Ómnibus I, eludiendo cualquier procedimiento democrático, desde la evaluación de impacto a la consulta pública, como remarca la ONG ClientEarth.

¿Cuáles han sido los cambios principales aprobados?

El Parlamento Europeo, en su propuesta, ha excluido al 90% de las empresas del ámbito de alcance de la directiva sobre informes empresariales (solo estarán obligadas las empresas de más de 1.000 empleados de media y más de 450 millones de euros de facturación anual neta), lo que representa dos tercios menos de sociedades que las incluidas en la Directiva sobre informes no financieros de 2014.

Respecto a la ley de diligencia debida, se reduciría en un 70% el número de empresas afectadas. La obligación se limitaría a grandes empresas con más 5.000 empleados y más de 1.500 millones de euros de facturación (idéntico umbral para empresas extracomunitarias en relación con su facturación en la UE). En lugar de exigir sistemáticamente información a las contrapartes, las empresas solo deberían pedir datos cuando exista una probabilidad razonable de impacto adverso.

También se rebajaría la ambición de los Planes de Transición (se habla de “contribución” en vez de exigir compatibilidad con el Acuerdo de París) y una cláusula de opt-out de 2 años que haría no obligatorios esos planes ese periodo. Se ha eliminado el requisito anterior de “ponerlos en práctica”. El Parlamento también propone eliminar la obligación de detallar las “acciones de implementación”. La eficacia climática es nula.

Se decidió asimismo no crear una responsabilidad civil a nivel UE (las víctimas sólo podrán reclamar reparación vía tribunales nacionales). Se fijaría además un límite de sanción del 5% del volumen de negocio global como máximo.

Washington reclama la eliminación de los requisitos europeos que obligan a las empresas a presentar “planes de transición climática” y la modificación de las normas de diligencia debida en las cadenas de suministro para excluir a las compañías estadounidenses

La negociadora del grupo S&D, Lara Wolters, quien ha impulsado la directiva de diligencia debida desde 2019, advirtió que “no hay acción para evitar que las maquiladoras colapsen sobre los trabajadores”. El eurodiputado Jörgen Warborn, que redactó el texto aprobado, se mostró indiferente: “Sopesamos los pros y los contras, pero al final del día nos quedamos con lo que las empresas están acostumbradas”, dijo. “Esto es lo que las empresas querían de la votación”, enfatizó. “El objetivo del Partido Popular Europeo siempre ha sido simplificar las normas y recortar los costes para las empresas”, agregó el político sueco.

¿Cuántos miembros de la Eurocámara habrán recibido algún tipo de favor para garantizar el resultado? Lo que es seguro es que, una vez más, ha funcionado la presión de las empresas y sus lobbies que afirman que el cumplimiento de las normas obstaculizaría la competitividad de las industrias europeas. En realidad, nada que ya no supiéramos que iba a ocurrir.

Ayer, el pleno del Parlamento Europeo decidió no enviar el texto del Ómnibus I a trílogos con 309 a favor y 318 en contra. La extrema derecha solicitó una votación secreta por lo que no podremos ver cómo ha votado cada eurodiputado, una hipocresía muy habitual en estas formaciones que pactan acuerdos secretos a la vez que claman contra la élite irresponsable que tiene algo que ocultar. Esto significa que el texto aprobado por la Comisión JURI será sometido a votación en la próxima sesión plenaria (10-13 de noviembre), lo que también abrirá la posibilidad de presentar nuevas enmiendas.

Esta votación indica que la alianza neoliberal (PPE, S&D, Renew) podría carecer de los números necesarios para sacar adelante el compromiso actual y se antoja la posibilidad de que el PPE y los grupos de extrema derecha vuelvan a alinearse. Esto significa que las modificaciones aprobadas por JURI no son todavía la ley ni el mandato final, sino que están sujetas a la decisión del pleno y a negociaciones posteriores con el Consejo y la Comisión.

Mientras tanto, los grupos de extrema derecha (ECR, Patriots for Europe, ESN) presionan por una versión que eliminaría todas las obligaciones climáticas.

Tras el voto en el pleno de noviembre, comenzarían las negociaciones del diálogo tripartito, unas negociaciones informales entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión destinadas a alcanzar un acuerdo político provisional. Está previsto que concluyan en diciembre.

Los chantajes comerciales de la Casa Blanca

El Gobierno de EE UU ha exigido a la UE que rebaje o elimine varias partes clave de su legislación ambiental apenas unas semanas después de la declaración conjunta sobre un marco para un acuerdo comercial. Según un documento oficial estadounidense filtrado al Financial Times, Washington reclama la eliminación de los requisitos europeos que obligan a las empresas extranjeras a presentar “planes de transición climática” y la modificación de las normas de diligencia debida en las cadenas de suministro para excluir a las compañías estadounidenses.

La Administración Trump considera que la legislación ambiental europea es una “grave e injustificada extralimitación regulatoria”. Concretamente, se refiere al impuesto fronterizo al carbono por penalizar industrias contaminantes extracomunitarias; la ley antideforestación (EUDR), que vetaría importaciones de madera, soja, cacao y otros bienes asociados a la destrucción de bosques—; así como las reglas sobre grandes tecnológicas, vistas como una amenaza a las firmas estadounidenses.

Estados Unidos y Catar han advertido a la UE de que su comercio, sus inversiones y su suministro energético se verán perjudicados a menos que dé marcha atrás en sus normas sobre clima y derechos humanos

Estas presiones forman parte de una estrategia más amplia del Gobierno de Trump para debilitar las políticas climáticas globales en instituciones como el Banco Mundial o los reguladores bursátiles. EE UU ha vinculado la continuación del pacto comercial —“Turnberry deal”— a que la UE relaje sus regulaciones. Aunque el acuerdo fijó tarifas del 15 % para la mayoría de los productos europeos, la administración Trump deja claro que podría endurecer el pacto si la UE no cede.

Ursula von der Leyen ya ha cedido parcialmente, retrasando o suavizando leyes sobre deforestación, impacto ambiental y trabajo forzoso.

No van a parar

En un nuevo intento para influir en las negociaciones legislativas, Estados Unidos y Catar han advertido a la UE esta semana de que su comercio, sus inversiones y su suministro energético se verán perjudicados a menos que el bloque dé marcha atrás en sus normas sobre clima y derechos humanos. Los dos gobiernos afirmaron que las normas perjudicarían sus exportaciones de gas fósil licuado, que se volvió central para la UE tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en 2022.

“Más allá de los riesgos directos para la seguridad energética, la CSDDD también amenaza con perturbar el comercio y las inversiones en casi todas las economías asociadas a la UE. Su aplicación podría poner en peligro las inversiones actuales y futuras, el empleo y el cumplimiento de los acuerdos comerciales recientes”, reza una carta conjunta dirigida a los líderes de la UE firmada por los ministros de Energía de Estados Unidos y Catar, a la que ha tenido acceso el Financial Times. Estados Unidos argumenta que el alcance extraterritorial de la ley podría exponer a sus empresas a litigios.

En 2024, la UE recibió el 16,5% del total de importaciones de gas de EE UU y el 4,3 % de Catar. Si nos fijamos sólo en el segmento de importaciones de GNL (gas natural licuado), EE UU proporcionó el 45% del GNL importado por la UE y Catar alrededor del 10 %. Recientemente, los ministros de Energía europeos acordaron eliminar gradualmente el 19% restante del gas que compra a Rusia para finales de 2027, lo que agudiza el impacto de estas amenazas.

En esta semana la mayoría reaccionaria del Parlamento Europeo ha rechazado la Ley de Monitoreo Forestal, un revés profundamente decepcionante para la capacidad de la UE de proteger y restaurar sus bosques

La carta conjunta del secretario de Energía de EE UU, Chris Wright y el ministro de Energía de Catar, Saad al-Kaabi, afirma que la UE y los Estados miembros deben actuar con rapidez para abordar sus “preocupaciones legítimas” sobre la directiva, incluyendo su alcance extraterritorial, las sanciones, las responsabilidades civiles y los planes de transición energética.

También cabe destacar, que QatarEnergy ya tiene contratos para suministrar gas fósil a largo plazo con algunos de los gigantes energéticos europeos, como Shell, TotalEnergies y ENI. Así que, aunque la retórica se intensifica, la realidad es que los negocios siguen adelante.

La derecha sigue amputando leyes ambientales

En esta semana la mayoría reaccionaria del Parlamento Europeo ha rechazado la Ley de Monitoreo Forestal, un revés profundamente decepcionante para la capacidad de la UE de proteger y restaurar sus bosques, lo que socavará los esfuerzos para responder a la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad. La propuesta legislativa iba proporcionar datos fiables y armonizados sobre la salud de los bosques y los riesgos climáticos en toda la UE. Apoyar la gestión forestal o ayudar a detectar y responder a incendios forestales, plagas y sequías de manera más efectiva.

A su vez, la Comisión Europea ha publicado su propuesta para modificar elementos clave del Reglamento de Deforestación (EUDR) que pretende evitar las importaciones de materias primas agropecuarias (como soja, aceite de palma, café o cacao) causantes de deforestación, degradación forestal y violaciones de derechos humanos.

La aplicación de esta ley ya fue aplazado un año por iniciativa del Partido Popular Europeo, y la Comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, planteó retrasarla otro año (alegó problemas informáticos) coincidiendo con la firma del acuerdo comercial UE-Indonesia. El Gobierno de Jakarta lleva años montado en cólera por la legislación antideforestación debido a que la expansión de la palma aceitera ha sido uno de los motores principales de la deforestación en Indonesia. Se estima que el negocio con el aceite de palma ha eliminado más de tres millones de hectáreas de bosque tropical antiguo convertido en monocultivos. Una fracción significativa de esa deforestación está ligada a exportaciones a la UE.

Se prevé un ciclo legislativo maratoniano, durante el cual el ejecutivo de la UE tratará de recortar numerosas legislaciones, impulsar las inversiones militares y profundizar el mercado único

En la modificación del reglamento, se propone introducir una nueva categoría de “operadores intermedios” y se eliminaría la obligación presentar una declaración de diligencia debida para los comerciantes y operadores intermedios que sólo deberían garantizar la trazabilidad completa de sus productos. Se aplicaría una nueva definición de “micro y pequeños operadores primarios” —para pequeños productores agrarios, ganaderos y forestales— simplificando su papeleo y retrasando los plazos para la entrega de documentación (30 de diciembre de 2026) y sanciones por incumplimiento (30 de junio de 2026).

Desde WWF consideran que el intento de “simplificar” el reglamento sería “peligrosamente irresponsable” porque “aumentarían los riesgos de deforestación e ilegalidad en las cadenas de suministro, penalizando precisamente a las empresas que ya han invertido en sostenibilidad y cumplimiento”.

Una ola de desregulación

El martes pasado, la Comisión Europea publicó su programa de trabajo detallado para 2026 en el que se exponen los planes legislativos en todos los ámbitos, desde la agricultura hasta la sanidad y la defensa. Se prevé un ciclo legislativo maratoniano, durante el cual el ejecutivo de la UE tratará de recortar numerosas legislaciones, impulsar las inversiones militares y profundizar el mercado único. Por ejemplo, en el primer trimestre del próximo año, se anunciará la propuesta legislativa sobre el denominado “28º régimen”, que permitiría a determinadas empresas eludir las leyes nacionales.

También se espera una nueva “ley Ómnibus fiscal” en el segundo trimestre, así como una propuesta actualizada sobre las normas de contratación pública y nuevas regulaciones sobre la vigilancia del mercado.