Opinión
No esa clase de Europa, por favor

¿Dónde se encuentra la Unión Europea en estos momentos en lo que respecta a los grandes retos sociales: la desigualdad, el cambio climático, la reducción de la biodiversidad y el control de los excesos de las grandes empresas? Según una declaración de 470 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, los responsables políticos de la UE están tomando un camino equivocado. Se ha producido una ola de desregulación y, en muchos sentidos, nos encontramos en una senda destructiva. Es hora de encontrar una salida y un nuevo camino para la UE. 

La declaración se publicó el 9 de septiembre, el día antes de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunciara su discurso anual sobre el estado de la Unión Europea. En su discurso, se felicitó a sí misma y a sus partidarios en el Consejo y el Parlamento Europeo por garantizar “menos papeleo, menos solapamientos, menos normas complejas” y reducir “los costes burocráticos para las empresas europeas”. Y es cierto. Bajo su liderazgo, la UE ha hecho grandes esfuerzos para reducir el “papeleo” y las normas de obligado cumplimiento para las empresas. Lo que omitió mencionar fue el coste para la sociedad en general.

Por citar solo algunos ejemplos de los últimos meses, se prevé debilitar los objetivos climáticos para satisfacer los deseos de las empresas en lugar de las necesidades del planeta, como ocurre con las propuestas para permitir a los Estados miembros ser más creativos a la hora de intentar alcanzar los objetivos de reducción. Los créditos de carbono internacionales, poco fiables, podrían sustituir a los esfuerzos reales por reducir las emisiones. 

Además, se podría deshacer una década de avances en materia de derechos digitales: la reapertura prevista del núcleo del reglamento digital de la UE, el Reglamento General de Protección de Datos, significa que los datos sensibles de las personas podrían ser tratados sin protección.

También se avecinan recortes en los derechos y protecciones sociales, ya que la propuesta prevista del “Régimen 28” ofrecería a las empresas un conjunto de normas europeas más indulgentes. Esto abre la puerta a la elusión de las leyes laborales nacionales y los derechos sindicales y conduce directamente a una carrera hacia el abismo.

Nos enfrentamos a un grave ataque a las normas de protección

Por otra parte, la Comisión ha propuesto eliminar las obligaciones medioambientales de la Política Agrícola Común, incluidas las medidas de protección de los humedales y las turberas. Además, hay indicios preocupantes de que se debilitará la propuesta de prohibición total de los “químicos eternos” (PFAS).

Por último, se alivia la presión sobre los contaminadores: los retrasos en los planes de transformación obligatorios para que las instalaciones industriales contaminantes sean más limpias, más circulares y respetuosas con el clima están socavando la transparencia pública y la responsabilidad corporativa en la transformación industrial.

Lo que hemos visto desde que la nueva Comisión asumió el cargo en diciembre es una búsqueda decidida de cambios en la legislación de la UE que puedan facilitar las cosas a las empresas. Lamentablemente, en la práctica, se dejan de lado objetivos políticos cruciales. Desde hace meses, los comisarios europeos afirman que es posible reducir drásticamente las obligaciones de las empresas en virtud de la legislación de la UE sin afectar a las políticas de protección del medio ambiente, el clima y las personas. Sin embargo, si observamos lo que han hecho paralelamente, sus afirmaciones se desmienten: nos enfrentamos a un grave ataque a las normas de protección.