Unión Europea
Europa admite el daño de las terapias de conversión a pocos meses de evaluar la iniciativa para prohibirlas

El pasado 30 de enero, la Asamblea del Consejo de Europa (APCE) adoptó una resolución que exige la prohibición de las prácticas de conversión en sus Estados miembros de la Unión Europea en todas sus formas así cómo garantizar que los servicios de apoyo a las supervivientes cuenten con la formación y los recursos adecuados, establecer mecanismos de seguimiento y recopilación de datos sobre la prevalencia, y participar en la concienciación pública sobre las personas LGBTI y el daño que estas prácticas causan. La resolución no es vinculante y deja recaer la responsabilidad de traducir las recomendaciones de la Asamblea en leyes y políticas recae ahora en los gobiernos.

Pocos días después, el 10 de febrero, la Comisión LIBE, la que revisa cuestiones relacionadas con Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, organizó una Audiencia Pública sobre la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) en la que se pide la prohibición de las prácticas de conversión en la Unión Europea. La iniciativa insta a la Comisión Europea a proponer una legislación vinculante que prohíba las prácticas de conversión dirigidas a las personas LGBTQ+ en toda la Unión Europea. 

Detrás de esta iniciativa está ACT (Against Conversion Therapy), una organización francesa que logró que más de 1.245.000 personas apoyaran la petición. Así lo explica su copresidente, Mattéo Garguillo. “La Comisión tiene la competencia para prohibir estas prácticas según los tratados europeos y, además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encargó a la señora Lahbib, comisaria de Igualdad, que la prohibiera en su carta de misión presentada al Parlamento Europeo a principios de esta legislatura”, explica. “En definitiva, solo estamos presionando a la Comisión para que se comprometa con lo que ya ha anunciado: prohibir estas prácticas en Europa antes de que finalice esta legislatura”, explica a El Salto.

Mattéo Garguillo, copresidente de ACT (Against Conversion Therapy): “Mantenemos la firme convicción de que estas prácticas no tienen cabida en nuestra Europa de la Igualdad”

Garguillo explica que esperan que sea el 17 de mayo de 2026, Día Internacional contra la LGTBI+fobia, cuando Comisión Europea responda a la iniciativa, y que lo haga afirmativamente. “Dado que el mecanismo de la Iniciativa Ciudadana Europea es relativamente nuevo en la política europea, no estamos seguros de las posibles respuestas de la Comisión. Sin embargo, mantenemos la firme convicción de que estas prácticas no tienen cabida en nuestra Europa de la Igualdad y que una respuesta negativa de la Comisión supondría una traición a su única herramienta de democracia directa a manos de los ciudadanos europeos”.

“Nuestra postura, por supuesto, es lograr prohibiciones lo más completas e inclusivas posibles para proteger a todas las personas LGBTI+ de estas prácticas. Buenos ejemplos de legislación serían Francia, Bélgica, Portugal y Malta. Teniendo en cuenta que España modificará su legislación actual gracias a la labor del diputado Víctor Gutiérrez y ONG como FELGTBI+”.

La iniciativa de Act define estas falsas terapias como “intervenciones destinadas a cambiar, reprimir o suprimir la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género de una persona”. Unas prácticas “discriminatorias, degradantes, dañinas y fraudulentas” que las Naciones Unidas las han calificado como una forma de tortura. La iniciativa, que arrancó en enero de 2024 con su registro y fue confirmada como válida por la CE el noviembre de 2025. 

La petición también insta a modificar la Directiva sobre los derechos de las víctimas para establecer normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de prácticas de conversión. “Todos los Estados miembros deben prohibir las prácticas de conversión o revisar sus actuales prohibiciones”. Sin embargo, “hay que entender que una ley integral ilegaliza las prácticas, pero no las erradica. Para luchar contra las prácticas de conversión, también necesitamos concienciar a la sociedad sobre estas prácticas para que todos sepan que existen, que son dañinas y que la ONU (2020) las considera prácticas de tortura, y que no hay remedio para la comunidad LGBTI+”

A cuántas personas afectan las terapias de conversión

“Todos los países europeos se ven afectados por las prácticas de conversión”, dice Garguillo. La cifra que da es significativa: una de cada cuatro personas LGBTI+ en la Unión Europea afirma haber sido víctima de estas prácticas. “Lamentablemente, estas prácticas suelen llevarse a cabo en entornos cerrados, a puerta cerrada, y son difíciles de descubrir sin largas investigaciones o testimonios de supervivientes”.

La cifra que menciona Garguillo procede de un informe de ILGA Europe. Se trata del primer estudio de su nueva serie Informes Intersecciones y se basa en datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), incluidos en su Encuesta LGBTIQ III 2023.

Un informe de ILGA Europe recoge que los encuestados griegos afirman haber sido los más expuestos a estas prácticas, con un 38%, mientras que los franceses, italianos y holandeses dicen haber sido los menos expuestos, todos ellos con un 18%

Y asegura que casi el 25% de las persoans LGTBI+ de la UE han sido objeto de algún tipo de prácticas de conversión. El informe, publicado a finales de 2025, recoge que los encuestados griegos afirman haber sido los más expuestos a ellas en la UE, con un 38%, mientras que los franceses, italianos y holandeses dicen haber sido los menos expuestos, todos ellos con un 18%.

La encuesta pregunta por diferentes tipos de prácticas, como la intervención de familiares, rituales religiosos y asesoramiento, tratamiento psiquiátrico, medicación, violencia física y sexual, abuso verbal y humillación. Los resultados también indican que las personas trans, no binarias e intersexuales experimentaron una mayor exposición que los encuestados cisgénero. 

Estas prácticas, recoge la encuesta, tiene consecuencias a largo plazo: casi todas las personas encuestadas que habían experimentado prácticas de conversión en forma de abusos físicos, sexuales o verbales decían evitar determinados lugares por miedo a ser agredidos, amenazados o acosados por ser LGBTQ+. Otros factores, como la edad y la situación económica, pueden influir en la probabilidad de que alguien acepte la denominada terapia de conversión y en qué condiciones.

Sancionadas pero no prohibidas en España

Actualmente en España, las denominadas “terapias de conversión” se mencionan en la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI como aquellas prácticas destinadas a modificar la orientación sexual o identidad de género y están consideradas en esta ley como una infracción administrativa grave. Pero dos iniciativas diferentes están actualmente a la espera en el Congreso para abordarlas con una prohibición en el Código Penal.

Una es una propuesta de ley del PSOE, que propone introducir una modificación del 173.bis, para castigar “con la pena de prisión de seis meses a dos años, el que aplique o practique sobre una persona actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión, ya sean psicológicos, físicos, farmacológicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a modificar, reprimir, eliminar o negar su orientación sexual, su identidad sexual o su expresión de género, con afectación de su integridad corporal o su salud física o mental o con menoscabo grave de su integridad moral”.

Una propuesta del PSOE propone modificar el Código Penal para prohibirlas, mientras que otra propuesta promovida por No es terapia suma a la prohibición medidas de carácter integral

La otra fue registrada en febrero de 2025 por Compromís, Más Madrid, Comuns, Izquierda Unida, Sumar, Podemos , BNG y ERC, con un texto impulsado por la asociación No es terapia. El núcleo de esta propuesta es también la adición de un artículo en el Código Penal. La propuesta es que se añada un artículo, que sería el 175 bis, donde se contemplarían penas de hasta cuatro años de prisión para “la persona que practique Esfuerzos de Cambio de Orientación Sexual e Identidad o Expresión de Género (ECOSIEG) sobre otra persona”. Este texto establece además compensaciones económicas para quienes hayan pasado por este tipo de prácticas y contempla que se creen medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

El texto enmienda además la ley trans para abordar y estudiar estas prácticas, por lo que plantea realizar una encuesta con la que conocer la situación de las personas LGTBI que permita profundizar en la naturaleza y el alcance de las principales situaciones de discriminación que les afectan y registrar su evolución a lo largo del tiempo. En el ámbito sanitario, propone crear protocolos que faciliten la identificación temprana y garanticen la protección de las personas que puedan estar siendo sometidas a ECOSIEG, así como manuales de buenas prácticas. Prohibir la promoción de estas falsas terapias o educar al alumnado a sus familias y al personal de centros educativos con el objetivo de divulgar las distintas realidades afectivo-sexuales y familiares y combatir la discriminación de las personas LGTBI y sus familias por las causas previstas en esta Ley, con especial atención a la realidad de las personas trans e intersexuales.