Tribuna
El Pacto Gris Europeo o cómo las políticas “verdes” de la UE apuestan por la construcción de gasoductos como el EastMed

Tras un año marcado por la pandemia de la covid-19, han surgido distintas iniciativas gubernamentales que presumen de que su objetivo oficial es el de la recuperación económica de la crisis y que, en consonancia con políticas y estrategias europeas como el Pacto Verde, abogan por poner en el centro de la recuperación no solo la economía sino también los problemas medioambientales y sociales como la emergencia climática.

Sin embargo, a pesar de la enorme campaña mediática europea sobre lo “verde” de sus políticas, seguimos conviviendo con una realidad tremendamente alejada de las necesidades actuales, marcadas por el momento histórico de crisis civilizatoria que vivimos. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que define la distribución de los fondos europeos de recuperación —sin apenas contar con una capacidad de planificación real en el proceso a nivel estatal— sigue apoyando a la mega industria de los combustibles fósiles, como en el caso concreto del gas, en vez de apostar por la transición ecosocial indispensable para la vida en la Tierra. De seguir este camino, estaremos perdiendo una oportunidad única para transformar nuestro modelo económico, y, lamentablemente, al igual que no contamos con recursos infinitos, lo mismo pasa con las oportunidades, que cada vez son más escasas.

Esta misma filosofía de divergencia entre “planes y planos”, entre lo que hace y dice la Unión Europea, podemos constatarla con la aprobación de la construcción del gasoducto del Mediterráneo Occidental (EastMed), una decisión que se tomó a posteriori de la declaración de Emergencia Climática por parte del Parlamento Europeo.

Una vez más apelan a las falsas soluciones al asumir el gas como el sustituto del carbón a medio plazo, así como para diversificar el origen del mismo, importado en la actualidad principalmente por Rusia

Este gasoducto, que conectará las reservas marítimas de gas de Israel y Chipre con los interconectores de Europa occidental, está planteado desde hace años. Sin embargo, ha sido en 2019 y 2020 cuando se ha considerado más estratégico, con la firma de los países implicados (entre los que destacan Estados Unidos e Israel) y la calificación de Proyecto de Interés Común (PCI) por parte de la Comisión Europea. Una vez más apelan a las falsas soluciones al asumir el gas como el sustituto del carbón a medio plazo, así como para diversificar el origen del mismo, importado en la actualidad principalmente por Rusia.

De hecho, actualmente está en revisión el reglamento TEN-E que regula el modo en que la Comisión Europea selecciona las listas de Proyectos de Interés Común prioritarios que reciben fondos de la UE por vía rápida y permisos medioambientales. A falta de la selección de la lista definitiva de estos proyectos a finales de este año, todo parece indicar, de acuerdo al pasado Consejo Europeo de Energía que concluyó el 11 de junio que, si bien existe un bloqueo a esta lista por ser demasiado “gaseosa”, el EastMed será una excepción basada en que Chipre todavía no está conectada a la red continental, y se le dará vía libre para su financiación.

Los impactos ambientales de este tipo de actividades tienen un enorme efecto sobre la salud de las comunidades que viven cerca

Voces expertas comentan que, probablemente esto será aceptado como compensación por concesiones en contra del interés de las empresas gasísticas. Esta decisión se encuentra ahora en el Parlamento Europeo que votará durante este verano. Por ello, desde ONG ecologistas nos encontramos en un momento decisivo de presión política para que los Estados Miembro dejen de apoyar el gas.

En un contexto de crisis de salud pública y de recesión económica, este proyecto conlleva un despilfarro imprudente de dinero público y recursos políticos de la UE ya que, solo en los estudios previos, la Comisión lleva gastados más de 34 millones de euros. Un despropósito en un momento en el que esos mismos recursos son imprescindibles para asegurar unas condiciones de vida dignas para la población. Pero, además, con esta decisión se está poniendo en peligro a las propias comunidades y territorios que viven en los diferentes emplazamientos del proyecto.

A nivel ambiental, no solo es preocupante el CO₂ emitido en el proceso de quema del gas, sino que previo a este proceso ya se emite metano, el compuesto principal del gas, cuyo potencial de calentamiento es 25 veces mayor que el dióxido de carbono. Si bien el metano tiene un tiempo de permanencia en la atmósfera generalmente menor, su efecto sobre el calentamiento a corto plazo es mucho mayor. A esto hay que sumar las emisiones generadas tanto en los procesos de extracción como en el transporte; donde distintos estudios muestran las emisiones y fugas de metano directamente a la atmósfera. Esto es una cuestión central a tener muy en cuenta: tenemos muy pocos años para alcanzar la descarbonización de la economía si queremos evitar los peores efectos de la crisis climática.

La actividad extractiva está estrechamente vinculada a la violación de derechos humanos, comenzando con las propias condiciones laborales de las personas trabajadoras

Pero esto no es solo cuestión de “partes por millón”, sino de justicia climática, de cómo se le da la espalda sistemáticamente a las comunidades afectadas, especialmente a las más vulnerables, a expensas de una transición ecológica prometida al Norte del Norte Global. Y es que los impactos ambientales de este tipo de actividades tienen un enorme efecto sobre la salud de las comunidades que viven cerca. Además de las fugas de metano y C0₂, existen cientos de sustancias tóxicas que contaminan agua, tierra y aire pudiendo producir multitud de enfermedades a la población e incluso la muerte —y que afectan de forma desproporcionada a mujeres, niñas y niños—.

Además, la actividad extractiva está estrechamente vinculada a la violación de derechos humanos, comenzando con las propias condiciones laborales de las personas trabajadoras, unida a la represión y violencia con la que suelen responder las empresas ante respuestas sociales de defensa de los territorios. Las empresas extractivas dependen del terreno del que extraen y transportan la materia prima, y en muchos casos lo utilizan para afianzar su poder geopolítico. tal y como afirma Ya’ara, activista climática de Israel: “El mayor miedo que nos despierta es la militarización que está generando, agravando aún más los conflictos entre países. En nuestro contexto, vemos cómo el gobierno de Israel ve este proyecto como una forma más de afianzar su poder político, y de cómo usa esto para profundizar en la ocupación palestina. Y muy similar lo que está ocurriendo entre Chipre y Turquía”.

La experiencia nos confirma que, a medida que la industria del gas ha ido ganando impulso en las últimas décadas, también lo han hecho los conflictos geopolíticos en torno a los proyectos de gas. Esto se produce tras una larga historia de guerras por el petróleo y prácticas neocoloniales extractivistas desencadenadas por la perspectiva de la exploración de petróleo y gas, en las que se desprotege especialmente a los grupos sociales vulnerables de las comunidades.

La población de las zonas afectadas por la construcción del EastMed es perfectamente consciente de las enormes consecuencias negativas del proyecto

La militarización de las zonas afectadas genera violencia hacia las personas que habitan esos territorios. La militarización y patriarcalización en estos contextos son mutuamente dependientes y las consecuencias para las mujeres son múltiples y complejas. El desplazamiento forzoso, la violencia física y psicológica y el abuso sexual son tan solo algunas de ellas. Esta violencia generalizada hacia las mujeres se identifica como una forma de control a toda la población puesto que son consideradas por las instituciones represivas como el eslabón más débil mediante el cual causan no solo tortura directa hacia las víctimas sino que buscan quebrar la resistencia del colectivo.

Con todo ello, las preocupaciones crecen, pero también la respuesta social. La población de las zonas afectadas por la construcción del EastMed es perfectamente consciente de las enormes consecuencias negativas del proyecto, y así se está demostrando a través de multitud de organizaciones y movimientos implicados en frenar el mismo. Como nos cuentan las activistas, se están generando campañas muy amplias contra estos proyectos, que van desde la presión política a las acciones de desobediencia, pasando por campañas digitales de presión.

Ante “políticas verdes y justas” que ni son verdes ni son justas, agarramos la mano de la ciencia y de la solidaridad internacional. Necesitamos un cambio de sistema que ponga en el centro el cuidado de los cuerpos y los territorios. Para ello es imprescindible ampliar las miles de iniciativas que los pueblos de todo el mundo están poniendo en práctica para avanzar hacia una sociedad basada en garantizar la justicia ecosocial. Necesitamos cuestionar la lógica capitalista a través de la construcción de un nuevo sistema energético sustentado en la soberanía energética: energía renovable, localmente apropiada y de bajo impacto; un modelo en manos de las comunidades locales, con participación democrática de todas las personas sin dejar a nadie atrá.